ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
No por conocida la frase “mis derechos terminan donde comienzan los de los demás” deja de ser potente. Posee la virtud de indicar que somos parte de un colectivo y que en ese marco la libertad no es absoluta. Sin embargo, desde ciertos sectores que tienen gran llegada mediática se insiste desde hace tiempo con una noción completamente recortada del concepto, con el fin de no tener que rendir cuentas por sus acciones ante el resto de la sociedad. Es algo de lo que he venido hablando y que se presenta en la mayoría de las discusiones cotidianas.
En materia sanitaria, por ejemplo, el sesgo se expresó en el rechazo abierto a las restricciones a la circulación y al contacto estrecho dispuestas por el gobierno nacional, lo que llevó al presidente Alberto Fernández a afirmar: “la libertad que invocan algunos nos lleva a los contagios y a las muertes”.
En lo económico, una muestra clara se dio alrededor de la suspensión temporal de la exportación de carnes, tendiente a garantizar el abastecimiento local y estabilizar los precios de esos productos. En este caso lo que colisiona es la idea de fijar libremente márgenes de ganancia empresarial, con el derecho que tiene el conjunto de la ciudadanía de acceder a la alimentación. Se intenta exprimir al máximo un contexto externo favorable de precios de las materias primas, más allá de los costos y la realidad interna. El país termina siendo víctima de sus propias ventajas, y de allí la importancia de los límites que imponen las regulaciones. En este sentido son importantes las medidas que apuntan a que haya un desacople entre los precios externos y los domésticos.
Como reacción inmediata a la suspensión de las exportaciones de carne, la Mesa de Enlace dijo que con el cierre (aunque temporal) se generaría un “daño irreparable”. También que se afectarían las decisiones de los productores y que ello, a futuro, derivaría en una menor oferta y en mayores precios domésticos. Es interesante cómo se intentó marcarle la cancha al gobierno por medio del cese de la comercialización, sin importar las repercusiones que ese accionar tuviera sobre el poder de compra de los argentinos y las argentinas.
Resulta habitual escuchar que el Estado tiene la culpa de que los precios suban, aunque con ello sólo se intenta correr el eje de las verdaderas responsabilidades. La inflación se explica por lo que está ocurriendo con la fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas y por los típicos comportamientos de puja distributiva que se encuentran presentes en nuestro país desde hace mucho tiempo, con mayor o menor contundencia según la coyuntura. Significa que en la génesis de los aumentos de precios no están las políticas del gobierno y que es necesario, vale repetir, establecer los mecanismos para que no se vea más castigado el nivel de vida de las personas.
La AFIP acaba de dar a conocer los detalles de una investigación que reveló los principales mecanismos utilizados para evadir el pago de impuestos y el ingreso de dólares de las exportaciones. La misma abarcó a los 150 frigoríficos más grandes del país, los que explican el 72% de la faena total. Se identificaron maniobras de subfacturación y/o no declaración de operaciones en el 90% de los frigoríficos fiscalizados. Más aún, en algunos casos, se llegó a observar una tergiversación en la descripción de los productos exportados. Procesos en los que las empresas declaran envíos de hueso y carnes no aptos para el consumo humano que sólo tributan un 5% de derechos de exportación cuando en realidad se trata de alimentos aptos para consumo humano que tributarían una alícuota del 9%.
Como ocurre en muchos otros casos, se trata, en su gran mayoría, de grandes empresas con capacidad para tributar, dados los altos márgenes de ganancias que ostentan. Por supuesto que desbaratar estos procesos de evasión impositiva es una tarea que no está exenta de tensiones, dado el importante poder económico que ejercen estos sectores concentrados de la economía, que cuentan con el vital apoyo del aparato mediático.
Más allá del caso puntual de la carne, las prácticas de evasión son recursos que deterioran la recaudación y que terminan impactando en los fondos con los que cuenta el Estado para financiar sus gastos y sus inversiones, además de que se profundiza la regresividad tributaria. La información de las irregularidades en los frigoríficos analizados también provee un indicio de por qué ciertos sectores se oponen a que el Estado incursione en el análisis de las cadenas de valor. En el fondo está la idea de que no se afecte la maximización de las ganancias ni las maniobras que se aplican para lograrla.
Medidas para auxiliar en la pandemia
Se amplió el alcance y la cobertura de la Tarjeta Alimentar a niñas y niños de hasta 14 años. Sumado al incremento del monto a $ 12.000 para madres de tres hijos o más, las percepciones aumentaron en el semestre un 48,7% para el caso de hogares con tres hijos/as. A partir de ahora, el Estado destinará mensualmente más de $ 20 mil millones para garantizar el acceso a la alimentación de 3,8 millones de niños, niñas y adolescentes y más de 2,4 millones de titulares beneficiarios del plan social para combatir la pobreza.
Según un reciente informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), si se suman la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) se cubre la canasta básica alimentaria de los menores. Esta cobertura es la mínima, pero teniendo en cuenta las dificultades que existen derivadas de la pandemia, no deja de ser un dato contundente, que indica que hay un Estado que está haciendo enormes esfuerzos para que no se vean vulnerados derechos que son esenciales. Más allá de que desde ciertos medios se intente instalar la idea de que el gobierno lo hace porque está “en modo campaña”.
Cabe recordar que la tarjeta sólo puede ser usada para la compra de alimentos y no suplanta a la Asignación Universal por Hija/o ni a ninguna política existente. Su objetivo, tal como menciona la ANSES, es “reducir el impacto económico y social producido por la pandemia de COVID-19. Este esfuerzo está financiado a través de los mayores ingresos que hemos tenido por el aporte extraordinario a las grandes fortunas y el aumento de la recaudación”. Al margen, la frase es un buen ejemplo de conexión virtuosa y progresiva entre las políticas de ingresos y gastos públicos.
Para que todas estas iniciativas tengan su mayor efecto, se requiere de herramientas complementarias para que no se diluyan los esfuerzos por la vía de mayores precios. Para ello son sumamente importantes los acuerdos, así como todo un conjunto de potestades legales de las que dispone el gobierno, precisamente, para implementar regulaciones.
El pasado martes, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó el programa “Súper Cerca”, un acuerdo con grandes empresas productoras, para incluir en los comercios de cercanía de todo el país una canasta de precios fijos durante seis meses. Los valores estarán impresos en los envases, lo que garantizará transparencia en las góndolas. Según se informó oficialmente, en esta primera etapa la canasta abarcará a 70 productos, que van desde almacén y panificados, a limpieza y perfumería. El programa viene a complementar al de Precios Cuidados, que tiene más de 660 productos, pero llega sólo a los grandes supermercados en todo el país.
En vistas de todo lo expuesto hasta aquí, también se hace evidente la necesidad de revertir la concepción “anti Estado”, que es la que obstaculiza avanzar en ciertas cuestiones, en Argentina y en el mundo. Un lema que he apoyado desde siempre, y que ahora vuelve a tomar protagonismo cuando, en otro sistema político, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostiene que el “Estado no es el problema, es la solución”. Una definición que nos dice que estaríamos frente a cambios importantes respecto del discurso desregulador que se instaló en los últimos cuarenta años.
No obstante, aún se hacen oír algunas voces que expresan desacuerdo ante la suba de algún impuesto porque, se dice erróneamente, no permite el desarrollo pleno de la actividad económica. Pero es necesario un nivel significativo de gastos para que el Estado pueda funcionar: en este tema, esas voces se oponen porque sostienen que se incrementa el déficit fiscal. En realidad, ni una ni otra situación puede tomarse por fuera de un contexto específico. Lo importante no es si se aumentan o disminuyen tributos o gastos, sino para qué se hace y a quiénes involucran.
No hay que perder de vista el sendero que se viene recorriendo, más allá de las limitaciones y los desafíos de las “dos pandemias”: se apunta a construir una Argentina donde se respeten verdaderamente los derechos de todas y todos.
Nota publicada en ContraEditorial el 11/06/2021
