Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La gran suba de los precios de las materias primas, producto de la guerra, está generando grandes presiones en el escenario inflacionario mundial y en nuestro país, que ya venía lidiando con el problema a raíz de una intensa puja distributiva, entre otras razones.
Según el Fondo Monetario Internacional, en las economías de mercados emergentes y en desarrollo el encarecimiento de los alimentos y de la energía “podría agudizar significativamente el riesgo de disturbios sociales”, una afirmación que no suele escucharse de boca del organismo: ello no quiere decir que se haya vuelto bueno, sino que hasta el Fondo se da cuenta de que hay una situación muy complicada.
En su reciente informe de Perspectivas de la Economía Global, el organismo menciona la posibilidad de “evaluar un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios. Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan” y aliviaría la carga sobre las finanzas públicas.
La noción del exceso de beneficios se asocia directamente a la idea del gobierno argentino de gravar las “rentas inesperadas”. En concreto, nadie podía esperar hace un año que se desatara una guerra y que hubiera un salto de los precios internacionales de los alimentos superior al 35%. Estos beneficios en exceso deben servir para morigerar los impactos que se observan en la canasta básica y que afectan a los sectores más vulnerables.
El gobierno dio los lineamientos generales del proyecto para gravar estas rentas inesperadas. Se mencionó la posibilidad de que estén alcanzadas las empresas que ganen más de mil millones de pesos (aunque el ministro de Economía advirtió que ello de por sí no es una condición única, sino una condición necesaria), que además muestren márgenes de ganancia “anormalmente altos” en 2022 producto del cambio del contexto internacional y cuyo “resultado ordinario en relación con las ventas, lo que conocemos —coloquialmente— como el margen de ganancias, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022”. Si la renta extraordinaria se canaliza hacia la inversión, la contribución sería menor. No se hizo alusión a las alícuotas y otros parámetros sobre los que se está trabajando y que estarán presentes en el proyecto de ley que deberá ser tratado en el Parlamento.
Hay apenas cinco empresas, todas ellas multinacionales, que en 2021 fueron las responsables de exportar más del 60% de los granos; en el rubro subproductos y aceites solo una compañía absorbió más del 20%. Estos datos, que se repiten en forma aproximada en varios sectores, dan una idea de dónde hay que poner la lupa, sabiendo que no son los pequeños productores los que más se benefician de los altos precios. Hacia este sentido apunta el proyecto de renta inesperada del gobierno.
Por otro lado, para marcar el contraste, el país tiene un 37,3% de la población que está bajo la línea de pobreza (segundo semestre de 2021). En este marco, en la semana el gobierno anunció un refuerzo de ingresos, por única vez, de $ 18 mil para las trabajadoras/es informales y de casas particulares, monotributistas (sociales y A y B) y de $ 12 mil para jubiladas/os y pensionadas/os con hasta dos haberes mínimos. Se trata de los sectores más vulnerables de la sociedad y que no cuentan con la posibilidad de negociaciones paritarias. Esta medida se suma al aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, al 12,28% de aumento en marzo por la fórmula de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones como la AUH; también al bono de $ 6 mil para jubiladas/os, y pensionadas/os en el mes de abril y al adelanto de paritarias y de la fijación de nuevos valores del salario mínimo, vital y móvil. La nueva medida implicaría una inyección de fondos de $ 200 mil millones y su costo alcanzaría a un 0,34% del PIB, según estimaciones privadas.
Ya pasó con la pandemia y ahora ocurre con la guerra: hay un gobierno que intenta morigerar los impactos sobre las mayorías y hay una oposición que parece estar abstraída de las tragedias que azotan al mundo. En rigor, detrás de la idea de que hay un Estado que ahoga con impuestos y que hay un sector de la sociedad que recibe el, llamado despectivamente, “plan platita”, se esconde la defensa de los intereses de los sectores más concentrados y que obtienen las máximas ganancias. Cabe aclarar que buena parte de esa “platita” fue absorbida por los mayores precios, en especial de los alimentos.
En última instancia, todos estos planteos de la oposición de JxC y los libertarios parecen estar cortados con la misma tijera y proponen una sociedad organizada en torno a un Estado ausente o subordinado a los intereses del mercado. Por eso estas voces pueden estar tanto en contra de una iniciativa que busca crear un instrumento pensado para ayudar a los sectores más castigados en medio de una situación excepcional, como rechazando que las personas que fugaron recursos no declarados al exterior paguen, al menos, una parte de lo que evadieron. En realidad, a nadie debería llamarle la atención que traten de proteger la excesiva rentabilidad de aquellas grandes empresas que tienen ganancias inesperadas. Lo que no debiera ocurrir es que la sociedad en su conjunto termine alineándose con discursos que terminan jugando en contra de sus propios intereses.
La actividad se sigue recuperando
Durante el primer bimestre del año, a pesar de los efectos de la ola de Covid presente en enero, la economía registró un crecimiento del 7% interanual, mientras que ciertos sectores que fueron particularmente castigados por la pandemia, como el turismo y los servicios, mostraron una interesante recuperación. De esta forma, el nivel de actividad continúa por encima de la situación prepandemia y ya se encuentra en niveles cercanos a los de principios de 2018.
A su vez, el volumen de intercambio comercial argentino alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre del año. En particular, las exportaciones crecieron un 26% en ese lapso como consecuencia de un aumento en los precios (22%) y una leve alza en las cantidades (3,2%). Se destacaron las ventas de productos primarios (57,7%), seguidos de las Manufacturas de Origen Industrial (32%).
En línea con la recuperación de las manufacturas, la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria registró un valor del 64,3% en febrero (seis puntos porcentuales más que un año atrás). El sector de Alimentos y Bebidas mostró un uso del 65,4%, lo que indica que aún hay un margen importante para incrementar la producción, y no llegar al desabastecimiento. De allí que el argumento “la demanda supera la oferta y por ello suben los precios” no se puede aplicar en este caso.
Es decir, por un lado, los datos de la producción siguen en línea con el buen cierre del año 2021. Por el otro, el problema de la inflación no se termina de resolver. El fenómeno no tiene que ver con la emisión monetaria, con los salarios, ni con las tarifas, ni con el tipo de cambio. Está fuertemente moldeado por la construcción mediática de expectativas negativas, por la puja distributiva y se agudiza por los efectos de la guerra. Sin crecimiento no se pueden resolver los grandes problemas, pero sólo con el crecimiento no alcanza. Por eso hace falta un Estado que regule y establezca mecanismos para que ese beneficio se distribuya, no termine aumentando la desigualdad y la injusticia social, y las transferencias ayuden a incrementar el consumo de la población, y así generar un incentivo más hacia un crecimiento inclusivo.
