Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
No pasó mucho tiempo desde que concluyera la renegociación de la deuda con los bonistas privados bajo ley extranjera, a la que luego se le sumó la de legislación local, y las cuestiones positivas siguen decantando. Por ejemplo, al comenzar a cotizar los nuevos bonos, el riesgo-país bajó a cerca de 1.100 puntos básicos, 1.000 menos que días atrás. En lo esencial, se refuerza la idea de que se obtuvo un gran logro financiero, pero también político: el Gobierno negoció sin resignar soberanía y sin apartarse de la tarea que le encomendó el Parlamento Nacional de hacer sostenible la deuda.
En cuanto al nivel de aceptación, si consideramos ambos canjes, terminó ingresando el 99% del capital negociado. La tasa promedio para los nuevos bonos se sitúa en el 3,07%, menos de la mitad que el 7% de la deuda anterior. Todo un mérito en pos de la sostenibilidad.
En contraposición a ello, vale recordar los comunicados del anterior Gobierno, que hablaban, por caso, de “asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo”. Es una de las frases que se podía leer en el marco de la emisión del bono a cien años, que convalidó una tasa de cupón irracional para tal plazo, del 7,125%. Según afirmaba el Mecon en ese entonces (19/6/17): “una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”, una definición que no parecía ratificada por la alta tasa del bono. Además, no faltaba mucho para el cierre del grifo de los mercados en el primer semestre de 2018.
En cuanto a algunas críticas recientes al canje, la semana pasada un medio comentó que “la curva de deuda soberana se quedó sin parte corta (el bono 2030 es el 28% de la deuda, los 2035, 2038, 2041 y 2046 el 72% restante). Esto implica que el mercado de bonos será más volátil y vulnerable a los flujos de capitales de corto plazo y a los movimientos de tasas de interés global”. Una afirmación pensada para los agentes de cartera, pero sin tener en cuenta los problemas que tiene el país. Es sabido que la economía se beneficia cuanto menor es la concentración de vencimientos en moneda extranjera en el corto plazo, y más aún si se logra bajar a menos de la mitad los pagos por intereses, como acaba de ocurrir.
Con la refinanciación hay un importante alivio financiero, pues se han corrido los plazos y hay un período de gracia: de aquí a 2024 la diferencia entre lo que habría que pagar y lo que hay que pagar luego del canje es de 42.500 millones de dólares menos.
También hay que considerar los más de 43.000 millones de dólares a desembolsar de acá a 2023 por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, si se suman ambos valores, con el anterior cronograma habría que haber desembolsado de aquí a 2024 más de 85.000 millones de dólares. Una cuenta que no cerraba por ningún lado. Ante ello, difícil creer que la estrategia del anterior Gobierno haya sido una cuestión de errores o de mala praxis. De hecho, en cuanto al acuerdo con el FMI, incluso algunas voces cercanas al Gobierno de Donald Trump reconocieron que se trató de un puente para intentar ayudar a Mauricio Macri a obtener la reelección. Las opciones eran dos: o se cruzaba ese puente electoral con éxito o se le dejaba una pesada mochila al Gobierno siguiente, lo que finalmente ocurrió.
El próximo paso es la negociación con el FMI. El Gobierno va a sentarse a la mesa para ver cómo devuelve un préstamo insostenible, no cómo le entregan uno. Una diferencia a considerar. No será un proceso rápido, ni mucho menos sencillo, pero hay lugar para alguna certidumbre. Entre otras cosas, porque la situación global es compleja por el covid-19: hoy los déficits fiscales y la expansión monetaria son la regla. También porque están en retroceso algunas concepciones económicas, pues ha quedado claro una vez más el fracaso de los programas ortodoxos. Pero, sobre todo, porque nuestro Gobierno tiene la profunda convicción, que ya ha mostrado en la negociación con los privados, de que no hay que ahogar la recuperación de la economía ni se pueden postergar las necesidades más elementales de nuestra población.
