Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Hablar de un próximo año de reformas aparece a primera vista como si nos enfrentáramos a un período de avances, mejoras, progreso. Y así lo comunica el gobierno. Pero nada más errado que tal proposición. Las reformas que impulsa el Ejecutivo van hacia atrás en el tiempo: intentan eliminar derechos ya conquistados y tienen un efecto negativo en la distribución del ingreso, retrocediendo a las teorías de los noventa.
En el caso de la reforma laboral propuesta, se intenta volver a definiciones muy anteriores al regreso de los gobiernos electos (1983). Con su estrategia "si pasa, pasa", el macrismo desistió de igualar el trabajo con el capital ante la negativa del sindicalismo, pero dejó marcado el sendero de hacia dónde pretende ir. En la propuesta original se sostenía: "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". Una igualación a contramano de la jurisprudencia (y de la experiencia) que asigna debilidad intrínseca al trabajador respecto del empresario. En este sentido, el Papa Francisco fue claro en una reciente carta, recogiendo frases de una encíclica de Juan Pablo II y del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: "El trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo, tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital". El pontífice agregó que se necesita garantizar la dignidad del trabajo.
El proyecto del gobierno avanza en la flexibilización laboral con la creación de una categoría nueva excluida del Contrato de Trabajo, denominada "profesionales autónomos económicamente vinculados", es decir un emprendedor cuya actividad tiene todas las características de un trabajador en relación de dependencia. También se reducen los montos de las indemnizaciones por despido.
Esta reforma laboral se presenta junto con un eventual beneficio para las empresas, especialmente para las pymes: la rebaja de los aportes patronales. Sin embargo, las reducciones comenzarían siendo muy exiguas, con una exención de sólo $2.400 en 2018, para recién llegar a $12.000 (indexados) en 2022. Esto es para todas las empresas, pero si algunas pymes estaban esperando un alivio con la reducción de los aportes patronales, tendrán que sobrevivir hasta el 2022, una tarea no muy sencilla en este modelo. Máxime cuando para algunas empresas, entre las que se encuentran las pymes, los aportes patronales se elevarían del 17% al 19,5% en cinco años, mientras que para otras, principalmente las grandes y muy grandes, se irán reduciendo del 21% al 19,5%, en idéntico plazo.
Por su parte, la reforma previsional no sólo reduciría los haberes de los jubilados, sino que también avanza en la desfinanciación del sistema previsional. El cambio en la fórmula de ajuste de los haberes jubilatorios, si bien aún no está definido, implicará un ahorro para el Tesoro de entre $100.000 millones a $140.000 millones: la contrapartida será el monto que recibirán de menos los jubilados y otros perceptores de asignaciones sociales. Con la eliminación del "Fondo del Conurbano" en el Impuesto a las ganancias, la ANSES pierde recursos que se proponen compensar con el Impuesto a los débitos y créditos: un tributo que está en vías de desaparición como lo sugiere enérgicamente el FMI. Y ésta es seguramente la primera etapa de los cambios previsionales: ¿tendremos que afrontar, en un futuro cercano, la vuelta de las AFJP?
La reforma tributaria reduce el Impuesto a las Ganancias a pagar por las empresas sobre sus utilidades reinvertidas, un claro beneficio corporativo. En este tema, se dispone eliminar la exención de dicho impuesto a las cooperativas y mutuales que presten servicios financieros y de seguros. Una decisión incomprensible, dado que las cooperativas y mutuales son entidades sin fines de lucro y no producen ganancias. En verdad, lo que debería reconocerse es la no sujeción de las cooperativas al Impuesto a las ganancias dado que no existe el hecho imponible, como lo viene reclamando el movimiento cooperativo.
También se intenta avanzar en el aumento en la tributación sobre varios bienes de consumo masivo, y se han reducido alícuotas a bienes suntuarios, aumentando la inequidad del sistema recaudatorio.
Los cambios son muchos y esta es una apretada síntesis. Pero en su esencia, el objetivo de las reformas propuestas es profundizar el ajuste que persigue el gobierno, y que coincide con los planteamientos de entidades como el FMI y el Banco Mundial. Ante este panorama de un casi seguro crecimiento de la exclusión y la desigualdad, cabe resaltar las distintas movilizaciones de varios sectores gremiales y sociales contra este ajuste, y la posibilidad de que cada vez más sectores se unan a este rechazo.
