Nuestras Voces | Opinión
Por Carlos Heller
“No se trata de sacar o de ajustar, sino de poner. De ceder algo para que gane el conjunto”, expresó el Presidente Macri en su discurso de presentación del plan de reformas que el gobierno intenta implementar.
Con la clara intención de negar los conflictos de intereses existentes en la sociedad y poner a todos los ciudadanos en la misma categoría, el Presidente llamó a “comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política, de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos”. Una tesis falaz por donde se la mire ya que pretende hacernos creer que “todos” los argentinos tienen los mismos intereses y pueden “optar” por distintas alternativas a la hora de defenderlos. Se intenta instalar la idea de una sociedad de iguales, sin clases sociales, en la cual el mérito individual es el único que logra satisfacer las necesidades de cada uno. Independientemente de si se está en los zapatos de un trabajador precarizado o en los de un gran empresario.
De todas formas, los hechos no parecen avalar esta frase presidencial. Pocas horas después de este anuncio, nada menos que el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, es designado ministro de Agroindustria. Al día siguiente se elimina, por decreto, la obligación para los exportadores de liquidar divisas. ¿Es esto ceder? Todo lo contrario. Esta medida es un claro ejemplo de quienes más que ceder, ganan con este gobierno. A partir de ahora, por ejemplo, los agroexportadores no tendrán la obligación de reingresar al país las divisas obtenidas por sus ventas al exterior. En los hechos esto implica que quien “cede” es la Nación que deja en manos de estos grandes empresarios su principal fuente de ingreso en dólares. Ante este entorno, y teniendo en cuenta el cada vez más abultado déficit de la balanza comercial argentina, la única vía para financiar las importaciones será un aún mayor endeudamiento en divisas, con todos los condicionamientos que ello implica.
En general, la esencia de las reformas que intenta imponer el gobierno apunta a lo mismo. Por un lado, beneficiar significativamente a los grandes grupos económicos a través de la rebaja o incluso eliminación de impuestos, principalmente a partir de la flexibilización de las condiciones laborales y una aguda reducción de los montos de las indemnizaciones y reclamos judiciales de los trabajadores.
Todo esto se condice con las tímidas (o no tanto) medidas de gobierno tomadas desde la asunción de Cambiemos en diciembre de 2015. La lista incluye por ejemplo la “nueva ley de ART” que limita severamente el acceso de los trabajadores a las vías legales para defender sus derechos ante accidentes laborales. O la posibilidad de crear empresas con mínimos requisitos de un día para el otro bajo el nombre de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Este tipo societario ya fue implementado en otros países de Sudamérica y redundó en una mayor rentabilidad empresaria a costa de contratos de trabajo precarios.
La reforma previsional plantea, como ya se ha mencionado en muchos medios, la modificación de la fórmula de indexación de los haberes. La fórmula que se viene aplicando tiene sentido porque los montos se actualizan de acuerdo a los ingresos del sistema previsional y los aumentos salariales. Este cálculo logró que el valor de la jubilación haya crecido más que el salario mínimo y que la inflación.
El presidente fue claro en su discurso al señalar que, con el cambio, el sistema se va a ahorrar 100 mil millones de pesos al año. Lamentablemente, este “ahorro” del gobierno significa “reducir” el ingreso de los jubilados. La propuesta es que los haberes jubilatorios se ajusten por inflación, lo cual no garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los perceptores: el IPC Indec subió un 24,2% interanual, mientras que el desagregado correspondiente a salud lo hizo un 28,4%, un rubro vital para los jubilados y pensionados.
No resulta sorpresivo que el gobierno esté intentando esta modificación. Por un lado, el cambio en la fórmula fue “sugerido” a nuestro país por el FMI el año pasado, en el marco de un informe que apunta a “reducir el déficit fiscal”. Por otro lado, el actual presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, fue categórico alguna vez al decir que durante el gobierno anterior se le hizo creer a un empleado que “su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. Estas declaraciones cuadran perfectamente con la idea de que las jubilaciones no podrían mejorar la situación relativa del sector pasivo.
La reforma laboral implica una pérdida de derechos y también de ingresos, desandando conquistas históricas. Esta reforma apunta al derecho laboral que protege a los trabajadores como un elemento que reduce la competitividad y por lo tanto debe debilitarse.
No es casual que el flamante ministro de Agroindustria haya dado su beneplácito a este tipo de reformas cuando poco antes de asumir señaló que “las reformas laborales, impositivas, los acuerdos comerciales de estabilidad monetaria y los cambios en infraestructura son transversales. Brasil hizo una reforma laboral importante que le dio mucha competitividad y tenemos que estar atentos. Lo seguro es que no hay que no hacer nada frente a lo que hicieron los brasileños”.
En el borrador de la reforma se replantea además el concepto de trabajo. El mismo, en línea con lo mencionado en apartados anteriores, pretende poner en pie de “igualdad” a empleado y empleador al establecer que “la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos y una regla esencial de ejecución de contrato”. El problema es que entre los empresarios y trabajadores no radica una relación de “iguales”, sino de “desigualdad”. Una vez más, se sobredimensiona el concepto de meritocracia, del esfuerzo individual, en un utópico contexto de “iguales”: quien no tiene o tiene poco es porque no hizo el esfuerzo suficiente.
En definitiva, en un texto que contiene 145 artículos se pretende modificar la situación actual de modo que los trabajadores “hagan un esfuerzo” relegando derechos e ingresos para beneficio del conjunto de la sociedad. Mientras que a los empresarios se los beneficia con rebajas impositivas, entre ellas de aportes patronales, para “incentivarlos” a tomar más personal.
La práctica ya ha refutado demasiadas veces esta teoría y ha demostrado que para incentivar la demanda laboral lo importante es el crecimiento de la actividad económica con una equitativa distribución del ingreso que garantice el consumo de los bienes producidos. Tristemente estamos yendo por el camino opuesto.
