10/12/2011 Revista Debate
Será necesario un proceso que incluya la modificación de leyes implementadas por la dictadura y el menemismo.
POR CARLOS HELLER
Usualmente se utiliza la frase “profundizar el modelo”, y resulta interesante reflexionar sobre cuál es el camino para lograr tal objetivo. También es necesario definir qué es el modelo, lo cual podría saldarse asociándolo con las políticas económicas y sociales aplicadas en la Argentina a partir de 2003, que se basaron en dos cuestiones fundamentales, como lo son la mejora en la distribución del ingreso y la recuperación de la presencia del Estado en áreas económicas clave, en un contexto de fuerte crecimiento productivo. La primera consigna fue salir de la profunda depresión de 2002 y, luego, sostener el ritmo de crecimiento fomentando el consumo y la inversión.
Más recientemente, con los Planes Estratégicos Industrial, Agropecuario y Agroalimentario 2020, se va delineando la forma de mantener ese crecimiento y especializarse en sectores que mayor impacto tendrán en cuanto a generación de valor agregado, empleo y sustitución de importaciones. A partir de este punto, la profundización del modelo es esencial para que el mismo mantenga las características que lo definen. Esta necesaria profundización es amplia, abarca la reciente reestructuración de subsidios, la recuperación de la soberanía y la transparencia sobre el mercado de cambios y, de aquí en adelante, una gran cantidad de transformaciones posibles.
Por esa amplitud, prefiero encarar la profundización del modelo como aquel proceso orientado a desarmar la legislación heredada de la dictadura y de la década de los noventa, porque son los instrumentos del más acendrado ideario neoliberal, ya sea porque otorgan al mercado gran discrecionalidad, o porque son estructuras impositivas derivadas de un ansia fiscalista que impuso la aplicación de los planes del FMI.
En este sentido, se incluyen la reforma a las leyes de Entidades Financieras, de Inversiones Extranjeras y a la Carta Orgánica del BCRA, así como una profunda reforma total del sistema impositivo, que es fuertemente regresivo. La salida de divisas por utilidades y dividendos al exterior de empresas de inversión extranjera directa, aumenta año tras año. No se puede seguir dependiendo de las decisiones comerciales de algunas compañías que reinvierten sus utilidades.
Hay que avanzar en mayores regulaciones para las inversiones extranjeras, lo cual exige un ingente esfuerzo para cambiar el plexo normativo y legal que existe hoy en el país y que protege en forma extrema a los capitales extranjeros. Hay que pensar en tener una nueva legislación de inversiones extranjeras que regule estas cuestiones, ya que la ley actual 21.382 es el ejemplo de la total desregulación.
La normativa es de agosto de 1976, antes aun de la Ley de Entidades Financieras, y su texto fue ordenado y profundizado en 1993, por decreto 1853 firmado por Menem y Cavallo.
La ley tiene una página y media, diez artículos de los cuales seis son formales y se enfocan, entre otras cuestiones a definir qué es una inversión extranjera y cuáles están alcanzadas; el resto de los artículos detalla todas las actividades que los inversores extranjeros podrán realizar. No existe un solo artículo que establezca la más mínima obligación para las empresas de capitales extranjeros.
Creo que esta sucinta descripción da una idea acabada del espíritu de la ley.
Ésta es otra de las herencias de la dictadura que hay que desactivar. No es tarea fácil, porque la Argentina firmó 53 tratados bilaterales de inversión con otros tantos países, la mayoría de ellos en los noventa, que impiden hacer diferencias entre los desembolsos nacionales y los extranjeros, un tema propio del Consenso de Washington. En este entorno, debería encararse la rediscusión del uso de los recursos estratégicos, como el petróleo y la minería.
Tanto la Ley de Entidades Financieras como la Carta Orgánica del BCRA han sido los ejes que posibilitaron el proceso de valorización financiera, desregulando fuertemente las operaciones del sistema financiero, así como otorgando una total independencia al Banco Central del Poder Ejecutivo. Con este régimen legal, se trata de impedir a las autoridades electas por voto popular que definan la política crediticia y monetaria, instrumentos esenciales para el manejo de la política económica de un país. Por eso, hay que cambiarlos: son funcionales al ideario neoliberal, cuya aplicación generó el endeudamiento y el empobrecimiento de nuestro país.
Respecto de la reforma de la Ley de Entidades Financieras, la hemos comentado en varias oportunidades al explicar nuestro proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, que busca, entre otros objetivos, eliminar la total libertad de los bancos comerciales para realizar operaciones, y direccionar el crédito hacia las pymes y los hipotecarios para vivienda; también se propone colocar límites a las tasas de interés para los usuarios más pequeños, ampliar los servicios financieros a la mayor cantidad de personas y localidades, y establecer un amplio sistema de defensa del usuario de servicios financieros, centrando la responsabilidad principal de esta tarea en el Banco Central.
En el caso de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, también hemos presentado un proyecto de ley, que establece un vínculo esencial de la Autoridad Monetaria con las políticas económicas generales y con el Poder Ejecutivo. Es así que se le asignan funciones más amplias, entendiendo que constituyen misiones primarias del BCRA: a) preservar el valor de la moneda, en consonancia con un elevado nivel de empleo y un desarrollo económico sostenible, con sentido social y equidad distributiva, y b) garantizar la estabilidad del sistema financiero.
De la misma forma, se crea un Consejo de Políticas Monetarias, Financieras y Cambiarias con el objeto de coordinar la formulación y ejecución de la política monetaria, financiera y cambiaria con la política fiscal y de ingresos, de acuerdo con la legislación vigente, para crear condiciones que permitan el cumplimiento de las misiones del BCRA, y coadyuvar con los objetivos de la política económica implementada por el Poder Ejecutivo Nacional. El Consejo estará integrado por cinco miembros, tres ministros, los de Economía, de Trabajo, más otro representante de los ministerios productivos, y el presidente y vice del BCRA.
Respecto de la cuestión fiscal, hasta el momento los ingresos fiscales han crecido más que el PBI, y han posibilitado que se eleve significativamente la inversión y el gasto públicos, pero a costa de grandes dificultades de las pymes para poder regularizar su situación fiscal, así como con una gran inequidad en el pago personal de los impuestos, donde los más ricos pagan menos proporcionalmente.
De allí que se requiere una profunda reforma impositiva, hay que diseñar un nuevo sistema fiscal coherente, que fomente la producción y mejore la distribución del ingreso.
Resulta indispensable ir hacia un sistema que se sustente más en los impuestos progresivos, como ganancias y bienes personales, y menos en los impuestos sobre los productos, como el IVA, que impactan con mayor intensidad a las clases de menores ingresos.
En este sentido, hay que gravar las ganancias provenientes de la renta financiera, cuidando de no alcanzar a los pequeños y medianos ahorristas en el sistema financiero; las rentas empresariales deben centrarse en cabeza de las personas que las reciben más que en las compañías, como sucede hoy día, y que permite a muchos accionistas eludir impuestos. Hay que volver a un IVA con una menor tasa y que tenga el efecto redistribuidor con el que fue diseñado originalmente, exceptuando del gravamen a los alimentos, los medicamentos y los insumos escolares, entre otros.
Este rediseño impositivo, aquí esbozado con brocha gorda, requiere de la participación activa del Poder Ejecutivo, puesto que deben realizarse cálculos muy precisos sobre el impacto de los cambios en los ingresos totales, ya que hay que tener un extremo cuidado para no desfinanciar el Estado.
Los cambios impositivos tienen que debatirse profundamente en el Parlamento, con la participación de los distintos sectores de la sociedad, un gran proceso de discusión que permita arribar a un sistema impositivo adecuado para un modelo de crecimiento con distribución del ingreso.
Éstos son los ejes sobre los que se basará la actividad legislativa en materia económica y social de los diputados del Partido Solidario que integramos el Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, impulsando los proyectos que profundicen el modelo, y tratando de lograr, además, el involucramiento de la sociedad para que acompañe y opine sobre los proyectos, como lo hemos hecho con el apoyo a la Ley de Servicios Financieros, a través de la recolección del millón de firmas que nos hemos propuesto y estamos a punto de lograr.
