Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El Programa de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda heredada con el FMI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Se llegó a un nuevo texto del proyecto de ley que refleja los objetivos del Gobierno y la discusión que se ha dado con total transparencia entre todas las bancadas parlamentarias, sobre todos los aspectos que integran el acuerdo para refinanciar una deuda que pesa sobre todos los argentinos/as. La Constitución Nacional y la Ley 27.612 (de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública) garantizan que el texto finalmente acordado es fruto institucional del debate y del conocimiento de las condiciones de manera integral.
Para tener una mejor dimensión del compromiso en el que quedó inmerso el país, cabe destacar que a fines de 2019 el préstamo argentino representaba casi el 50% del total de la cartera del FMI. Si se toman en conjunto Egipto, Ucrania, Pakistán y Grecia, los siguientes cuatro mayores deudores del organismo, entre todos no llegan a acumular el nivel de deuda que nuestro país tenía en esa fecha con el organismo.
Es una situación —lo he dicho varias veces— que este Gobierno debe enfrentar: una deuda y un cronograma de pagos concentrado en 2022 y 2023, que resulta una verdadera “bomba de tiempo” para el país.
El problema de fondo no se soluciona por la sola existencia del acuerdo con el FMI, pero se abre una ventana de tiempo sin necesidad de realizar pagos hasta el segundo semestre de 2026, que permitirá seguir creciendo con equidad.
Los objetivos que están detrás del programa económico que contiene el acuerdo con el FMI apuntan a mantener la recuperación económica y social en curso, reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia en varios frentes (multicausalidad), fortalecer nuestra balanza de pagos mediante políticas que respalden la acumulación de reservas, los superávits comerciales, incentiven las exportaciones netas, y las entradas de capitales de largo plazo, entre otros.
Se trata de un programa que no respeta la típica ortodoxia que prevaleció en el Stand By previo. Todo lo contrario. No habrá reforma previsional y se respetará la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios adoptada a finales de 2020, la cual, cabe aclarar, implicó un aumento en marzo de este año que supera en 2,4 puntos porcentuales al que se hubiese otorgado en el mismo período con la fórmula anterior. Se establecerán pisos mínimos de gasto para programas sociales como la AUH, Tarjeta Alimentar, Progresar y se seguirá incrementando la inversión en infraestructura al 2% del PIB en 2022 (de un promedio de 1% del PIB en 2018-20), manteniéndose a lo largo del programa.
Con respecto a las cuentas fiscales, se plantea una reducción gradual del déficit primario, basada en una mejora de los recursos, producto de una mayor actividad, una mejora en la gestión tributaria y del fortalecimiento de la progresividad impositiva.
Es evidente que no se trata de un FMI distinto o mejor. Es el resultado de la firmeza mantenida por el Gobierno argentino a lo largo de esta dura negociación.
Según el comunicado del Fondo: “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y empezar a mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina”. Resalto “pragmático y realista”.
Era esperable que gran parte de la principal oposición (tanto “halcones” como “palomas”), muchos de los cuales formaban parte del Gobierno de Mauricio Macri, no hayan querido acompañar el programa económico acordado con el Fondo. Un programa que está lejos de la lógica de ajuste que se aplicó durante la gestión de Cambiemos, y que proponen seguir aplicando.
Dadas las circunstancias, es valorable que se haya llegado al mejor acuerdo posible para refinanciar los impagables compromisos del programa gestado en 2018, de forma tal que la economía se pueda seguir recuperando en un sendero de crecimiento con inclusión.
