Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a referirse esta semana, en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, a uno de los temas relevantes de la Argentina actual: “necesitamos acciones de los Estados desde la política tributaria para que haya mayor progresividad, tanto para que los Estados cuenten con mayor capacidad para hacer las políticas económicas que necesitan para la recuperación económica, para la reducción de la desigualdad, como de forma directa lograr que no pase lo que viene pasando en el mundo, que los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres”. Es decir, volvió a insistir en la necesidad de implementar una política impositiva que actúe como una herramienta de redistribución. La gran paradoja del mundo de hoy es la combinación de la mayor acumulación de riqueza de toda la historia universal con la creación de la más grande fábrica de pobres.
En la misma línea, el ministro se refirió a la necesidad de llegar a un acuerdo por la deuda. Pero no de cualquier manera: dijo que había que resolver el tema de modo que la Argentina pueda seguir creciendo de la mano de la mejora de los ingresos reales de la población y que, de ese modo, se vaya produciendo un aumento del poder de compra de los consumidores y las consumidoras.
En ese contexto, el aumento del precio de la carne aparece como un tema central en la agenda pública. El valor internacional de este producto subió alrededor de un 30% y, entonces, los que lo producen, procesan o comercializan, buscan exportar lo máximo posible o que les paguen localmente el mismo precio que obtienen en el exterior. Pero el problema es que el consumidor argentino no gana lo mismo que el que reside en los países a los que exportamos la carne.
Por eso, si no median políticas públicas que intervengan sobre este desequilibrio, el resultado es que la mayoría de los argentinos y de las argentinas pueden consumir cada vez menos este alimento y la mayoría de su producción termina destinada a los mercados externos. La Argentina parece ser víctima de sus propias ventajas. Por ello, es necesario desarrollar políticas que permitan compatibilizar nuestra condición de país productor de alimentos demandados por el mundo, con el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas argentinos de consumir lo que aquí se produce.
Hay varias iniciativas posibles para este problema. Una de ellas, sobre la que nosotros hemos insistido muchas veces, consiste en desacoplar los precios internos de los internacionales. Es una medida no sólo aplicable a la carne. También lo es para el maíz, el trigo, la soja y el resto de los alimentos que intervienen en la cadena de producción de otros alimentos: por ejemplo, el trigo es un insumo de la producción del pan y el maíz es un componente de la alimentación de las vacas, los cerdos y los pollos.
Nuestro país está hoy en uno de sus niveles históricos más bajos de consumo anual de carne vacuna por habitante. Ello no es un resultado de la caída de la producción sino, entre otras razones, de los altos precios que el consumidor argentino está obligado a pagar. En simultáneo, el récord de ingresos por exportaciones no es sólo consecuencia de la suba de los precios externos sino también del aumento de sus volúmenes exportables. Dado que se está produciendo más y se está exportando más en un contexto de suba de los precios globales, se supone que la rentabilidad de los sectores que producen estos alimentos es cada vez más alta. En esa ecuación es que resulta imprescindible proteger a los consumidores.
Durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llevó adelante una política de desvinculación de los precios internacionales de los internos. Por ejemplo, con el trigo. Los productores tenían que entregar al mercado argentino una cantidad de toneladas a un precio local y el resto podían exportarlo recibiendo el beneficio del valor internacional.
Es imprescindible resolver este problema. Si no se lo logra, podremos ser en el futuro un país con un crecimiento exponencial de las exportaciones o con una mejora notable de la balanza comercial, pero también donde habrá cada vez más argentinos y argentinas que no conseguirán comer adecuadamente al no poder pagar el precio de los alimentos. No hay una Argentina inclusiva posible con una combinación de precios externos y salarios locales. La única solución es regular.
Como siempre decimos, hay dos modelos de país y uno de los aspectos importantes que los diferencian es el rol del Estado. En un caso, hay un Estado ausente que deja todo en manos del mercado; en otro, un Estado con una responsabilidad indelegable que es la de defender a los más débiles en cada situación específica.
La propuesta del Frente de Todos no consiste en diseñar un país que produzca mayoritariamente para exportar y en el que pocos maximicen sus ganancias y muchos no puedan acceder a niveles de consumo mínimos. Se trata de continuar implementando un proyecto inclusivo que incorpore cada vez más ciudadanos y ciudadanas a una calidad de vida digna. Para esto último, hace falta un Estado que intervenga con todas sus herramientas regulando en favor de las mayorías.
En ese camino, pueden aparecer matices entre los mismos integrantes del gobierno. No hay que dramatizar esta situación. Porque esos matices muestran un gobierno vivo, con iniciativa, que está debatiendo sobre la conveniencia del uso de distintos instrumentos en la búsqueda de defender los intereses de los más necesitados. La gestión actual siempre prioriza el acuerdo y la construcción de consensos pero eso no significa delegar la responsabilidad última que debería estar siempre en manos del Estado.
Mientras, la economía argentina sigue creciendo. La capacidad instalada utilizada alcanzó casi el 67% en septiembre de este año; con relación a 2019, hay 42 mil puestos de trabajo nuevos en la industria; hacia el final de 2021 la economía habrá crecido cerca del 10% del PBI, recuperando casi todo lo perdido en el 2020, entre otros avances.
En ese escenario, el Estado interviene y seguirá interviniendo para que los beneficios de ese crecimiento se distribuyan entre todos los argentinos y las argentinas.
Nota publicada en Página/12 el 28/11/2021
