Artículo publicado por: Carlos Heller
El cuidado de nuestro hábitat exige salirse de los cánones empresariales que convierten a un río en un objeto de lucro o a una montaña en un recurso extractivo de fatales consecuencias ambientales. Ya hay claridad de los límites a los que nos acercamos, pero nadie puede afirmar que no hubo advertencias hace ya muchos años.
En la región, los gobiernos que se plantean avanzar en las rupturas con el paradigma neoliberal reconocen las tensiones que se generan entre las necesidades y oportunidades de la explotación de los recursos naturales en beneficio de los pueblos, y el cuidado y la preservación de la naturaleza con responsabilidades de futuro.
Recientemente, en una entrevista realizada a Marco Aurelio García, en ocasión de su participación en los debates del Foro Social Temático “Crisis capitalista, justicia social y ambiental”, en Porto Alegre, y ante la pregunta ¿en qué consistiría hoy la unidad de Sudamérica?, respondió: “Hoy es básicamente un proyecto de integración que da fuerza a las grandes potencialidades. Estamos hablando de grandes ofertas al mundo en materia de energía, de alimentos, de minería, de un gran mercado de trabajo, de biodiversidad, de más de un tercio de las reservas de agua del mundo, de gran diversidad climática y geográfica y de valores a primera vista inmateriales: la democracia, con gobiernos elegidos por el pueblo, y la paz”. En estos conceptos aparecen claros los desafíos y oportunidades para nuestros pueblos y la necesidad de encontrar dentro de la democracia el equilibrio entre las exigencias de los recursos para el desarrollo con inclusión y satisfacción de necesidades secularmente postergadas con el impacto que ello provoca no sólo en la naturaleza sino en particularidades sociales y comunitarias tanto locales, como nacionales.
Para el caso de Bolivia, también en un reciente reportaje, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó como “tensiones creativas” a las diferencias de visiones e intereses comunitarios, locales y nacionales.
En Ecuador, la nueva Constitución dejó expresado que la naturaleza también es sujeto de derechos reconocidos por la Carta Magna. Y además, declaró de interés público todas las dimensiones de lo que se define como medio ambiente, tales como la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de la nación. También define el rol del Estado en la materia, promoviendo el uso de tecnologías no contaminantes y de energías alternativas. No cabe duda de que la nueva Constitución ecuatoriana marca un rumbo tal vez inédito. Prohíbe taxativamente “el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”. No obstante, se abrió un gran debate, pues el presidente Rafael Correa declaró que Ecuador no puede ser un país mendigo sentado sobre un arcón de oro, refiriéndose a la voluntad de acordar con empresas canadienses la explotación de la minería en el país.
En la Argentina, la Presidenta les recordó a las empresas que explotan y comercializan el petróleo que los dueños de los hidrocarburos son los argentinos y que ellos son portadores de concesiones otorgadas por el Estado. En la provincia de La Rioja, el gobernador Luis Beder Herrera anunció la suspensión de la negociación por los tratados de explotación de la minería hasta que se logren los consensos necesarios por parte del conjunto de la sociedad.
Desde nuestra perspectiva enfatizamos la necesidad de que el Estado asuma responsabilidades concretas en el cuidado del ambiente y que genere modelos de crecimiento sustentables, tanto desde lo social como desde lo productivo y lo ambiental.
En tal sentido, debemos converger con múltiples fuerzas políticas y sociales, acordando con instancias del Estado (en todos sus niveles) y entre los Estados, promoviendo relaciones fraternales que impulsen un modelo productivo más humano, que estimule un desarrollo social y económico sustentable, que asegure el derecho de todas y todos a una vida digna, poniendo coto a aquellos estilos y modos de producción económica que dañan de manera irreparable a la naturaleza y, por eso mismo, deterioran los niveles de vida para todos los sectores sociales.
Esta nota fue publicada en la Revista Debate el 03.02.2012
