Por Eduardo Fernández
Con el avance de las restricciones para cuidar la salud de los y las argentinas, que buscan aliviar el atestado sistema de salud pública, que en lugares como la provincia de Córdoba está saturado, el Gobierno nacional anunció un refuerzo para el aumento de la Tarjeta Alimentar del 48 por ciento, que supone un esfuerzo fiscal de 20 mil millones de pesos por mes, y fortalece a la niñez principalmente. Más el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el objetivo es brindar asistencia a uno de los segmentos etarios más golpeados por las crisis: la niñez.
En esta línea, los efectos de la pandemia motivaron que el Gobierno nacional fuera tomando medidas, mitigando el golpe. Las consecuencias del coronavirus son mundiales, y para muestra sólo hay que ver la realidad en otras naciones que han intentado ajustar a los sectores medios y populares, provocando estallidos sociales, como es el caso de Colombia, por el hartazgo ante las políticas neoliberales. Por eso, sólo se comprenden desde un interés individual y electoralista las culpas que un sector de la oposición trata de endilgarle a esta gestión sobre la crisis actual.
En el caso argentino, a los anuncios de AUH y de la Tarjeta Alimentar se suma la política en materia de servicios públicos de esta gestión, como es el caso del gas natural que ha beneficiado a usuarios y PyMEs por igual. Según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), sin la emergencia tarifaria que dictó el Gobierno nacional, con la fórmula heredada por el macrismo millones de hogares hubieran recibido facturas con subas de un 135 por ciento, si se cuenta a partir de abril, mientras que para las PyMEs ese valor hubiera sido del 131 por ciento.
Incluso, más allá de estos datos, en la actualidad estamos tratando en el Congreso la extensión de lo que se categoriza como “zona fría” para la provisión del servicio mencionado, a partir de un proyecto del que soy cofirmante y que, en caso de aprobarse, alcanzaría a casi 650 mil usuarios de la provincia de Córdoba (casi 4 millones en el país) a los que el costo del servicio se les reduciría entre un 30 y un 50 por ciento.
Dignidad
“Si están en sus casas en remera y en patas, es porque están consumiendo energía de más”, había dicho en 2016 el por entonces presidente Mauricio Macri, como respuesta a los reclamos por las políticas de “sinceramiento” de las tarifas, que fueron la excusa para aumentar desmedidamente los servicios públicos. De más está decir que la decisión afectó a un gran sector de la población.
Hay una enorme diferencia entre ambos gobiernos. El nuestro cree firmemente en que no saldremos de la crisis ajustando a quienes ya pagaron los platos rotos de la fiesta macrista. Las decisiones de nuestra gestión buscan ser una reivindicación para esos sectores e intentan recuperar parte de la dignidad robada por Juntos por el Cambio.
En ese mismo sentido la presentación del programa “Súper cerca”, que anunciaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y la secretaria de Comercio Interior Paula Español, busca proteger el bolsillo de las familias frente al aumento indiscriminado de algunos precios, a través de la fijación del valor de 70 productos de consumo masivo durante seis meses, en un acuerdo entre el Estado nacional y 24 empresas. Asimismo, el fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes que alcanza a oficios, jóvenes profesionales, comerciantes, pequeños productores agropecuarios, entre otros, busca dotar de progresividad el sistema y beneficiar a monotributistas.
Con este breve panorama, queda claro que las políticas orientadas a la producción y a fortalecer el bolsillo de las y los argentinos son parte del proyecto para recuperar nuestro país. Mientras tanto, en Córdoba seguimos avanzando en el fortalecimiento del Frente de Todos. Entre otras acciones, reunimos a todos los presidentes de los partidos que integramos la coalición, con un sentido de amplitud para poder contener a nuevos actores que entienden que hay que fortalecer este proyecto, que demuestra día a día que un modelo solidario que camine hacia la equidad y la justicia social es posible y necesario para los sectores más postergados.