Artículo publicado por: Carlos Heller
La semana pasada se reunieron 10 gobernadores de provincias petroleras para poner en consideración un documento que aclara que en 15 días se establecerán las metas que las firmas deberán cumplir, y en el que se destaca que se quitarán las concesiones cuando se comprueben procesos de desinversión o inversión escasa.
En el documento presentado se remarca que en los últimos diez años la producción nacional de petróleo cayó 18 por ciento y la de gas un 11 por ciento, en el contexto de un país que tuvo un fuerte crecimiento del consumo, producto del crecimiento industrial (y su consecuente demanda de energía para sostener esa industria), y de las mejoras en la calidad de vida (con la incorporación de artículos que a su vez consumen energía, como los equipos de aire acondicionado).
El hecho de que hayan sido las provincias quienes se reunieron, se debe a que en la Constitución del 94 se estableció que los recursos de subsuelo son propiedad provincial, siendo ellas las que entregan las concesiones, las que negocian el contenido de esas concesiones y las que también reciben los beneficios.
Esta reunión fue importante porque se da en un marco de fuerte reclamo por parte de la propia Presidenta, que tuvo palabras muy firmes acerca de la necesidad de reinversión y de la fuga de utilidades, incluso advirtiendo que las empresas son “concesionarias que trabajan sobre la base de licencias otorgadas por las provincias, pero que los recursos naturales son de los argentinos”.
Creo que los argentinos nos debemos una discusión de fondo sobre la utilización de nuestros recursos naturales, aquellos que producto de los procesos de privatización llevados adelante mayormente en la década del 90 están en manos de empresas transnacionales. Temas como la minería requieren una discusión profunda, para que la Nación como tal pueda tener una política en la materia. Es inaceptable la minería en las condiciones en que las plantean estas empresas, sin tener preocupación ni cuidado por el medio ambiente y de los recursos naturales no renovables que constituyen, en definitiva, una reserva patrimonial del país. Por otro lado también es inaceptable la distribución de los beneficios, producto de las leyes que se aprobaron en aquella etapa y que dan enormes privilegios a quienes explotan esos recursos y muy pocos beneficios a los verdaderos dueños de esos recursos, que somos los argentinos.
