Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Una de las decisiones más mencionadas por los medios durante la semana que pasó es la convocatoria del gobierno a organizaciones sindicales y empresarias a un acuerdo de precios y salarios para 2021. Sería interesante que se convocara a un espectro amplio de organizaciones representativas, tanto de los trabajadores como de los empresarios. No hay que perder de vista que este debate se orienta en torno de las proyecciones efectuadas en el Presupuesto nacional que aprobó el Congreso el año pasado y que fija las pautas de las políticas públicas y, a su vez, da previsibilidad a la economía.
El Presupuesto proyecta un nivel de inflación de alrededor del 29%, pero además de este dato, que resulta la guía para las políticas públicas, tanto la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, como el ministro Martín Guzmán dejaron en claro que los salarios se tienen que recuperar y estar por delante de los precios. Todesca sostuvo: “Lo que se prevé en el Presupuesto para el año que viene es una recuperación del salario real en torno a los 3 a 4 puntos”. Y el ministro Guzmán aclaró que “desde el gobierno nunca se manifestó” la posibilidad de poner un techo a las paritarias. Pero sin duda la idea es ir convergiendo con los parámetros del Presupuesto.
De esta forma, se cumple con dos premisas. Por un lado, el estímulo a la demanda interna, que es el motor de la economía. “Más del 60% del PBI se explica por el consumo privado”, precisó Todesca. Se genera así un círculo virtuoso en el que la mayor demanda se traduce en mayor actividad productiva, más empleo, mejores ingresos, etc. Pero además, y no menos importante, se intenta ir restableciendo el poder de compra de los trabajadores, que vieron reducir su salario durante la gestión de gobierno anterior. Luego, en 2020, pandemia sanitaria de por medio, y a pesar de que el gobierno se centró en las políticas de ayuda a las familias y empresas más castigadas por este hecho inesperado, los salarios también sufrieron. En palabras de Todesca: “Tienen que recuperar más aquellos que perdieron más”.
El acuerdo de precios y salarios es, en ese sentido, un buen comienzo. No obstante, el camino no está exento de conflictos: la histórica puja distributiva entre ingresos de los trabajadores y ganancias empresarias es una variable que no hay que subestimar y allí es donde resulta fundamental el rol del Estado como regulador.
Por ejemplo, el presidente de una cámara de la industria alimenticia sostuvo que los empresarios “no somos la causa, somos la consecuencia” de los factores que producen el alza de precios. No tiene en cuenta el ejercicio de posición dominante, los oligopolios y otras estructuras concentradas que son decisivos en la formación de precios, tanto en nuestro país como en el resto de las naciones.
Resulta importante resaltar, tal cual lo hizo el ministro Guzmán, que esta convocatoria al acuerdo de precios y salarios no debe vincularse al Consejo Económico y Social. Este último apunta a ser un ámbito de debate estratégico, y por lo tanto no es atinente su intervención en las cuestiones puntuales. El acuerdo de precios está destinado a discutir una situación actual, y a partir de los acuerdos y compromisos que se alcancen, el Estado debería establecer regulaciones y pautas que hagan que dichos acuerdos dejen de ser una expresión de deseos, como sucedió en el gobierno macrista, y ayuden a reducir la dinámica inflacionaria.
Creo que, junto con el acuerdo de precios y salarios, hay que seguir trabajando en temas como los precios de referencia de las exportaciones y, por ejemplo, en la limitación del ingreso de las importaciones que compiten con la producción nacional. Si aumenta la demanda, pero esta se vuelca a los bienes importados, no va a tener la repercusión suficiente en la producción ni en la generación de empleo.
Otra de las cuestiones macroeconómicas que jugarán un rol importante en los años venideros tiene que ver con el tipo de cambio y la administración de las divisas que, vale la pena recordar, en nuestro país son un recurso escaso al mismo tiempo que necesario para que varios sectores productivos puedan funcionar.
La estrategia del gobierno, orientada a desalentar la expectativa devaluatoria durante el año pasado, resultó exitosa. La “inminente” devaluación dejó de ser la protagonista en las portadas de algunos medios de comunicación. La brecha cambiaria, es decir la diferencia de cotización entre el dólar oficial y el ilegal, se redujo al punto de que ya no deja lugar a la especulación. En este sentido, el ministro Guzmán señaló que “el tipo de cambio real debe ser el mismo a fin de año que cuando asumimos en diciembre de 2019”. Es decir, una cotización que continúe siendo competitiva en materia de comercio exterior.
En este marco, también es fundamental la administración de divisas para poder reducir el “cuello de botella” que suele generarse históricamente en nuestro país en períodos de crecimiento, cuando también aumentan las importaciones y urge su financiamiento. Resulta favorable en este punto la resolución del BCRA que restringió la utilización de las divisas al tipo de cambio oficial para la adquisición de bienes suntuarios, como autos y motos de alta gama, jets privados, etc. Vale la pena aclarar que con estas disposiciones no se restringió la compra de dichos bienes. Solo se estableció que quienes deseen adquirirlos, deberán obtener financiamiento externo o utilizar dólares propios, dado que no se trata de mercancías prioritarias para el desarrollo productivo del país. Junto con otras medidas de similar tenor, se está desarrollando una política estratégica de cuidado de reservas.
Sigue el auxilio estatal
Vale la pena mencionar algunas noticias que no tuvieron gran trascendencia en los medios. Una de ellas es la decisión de duplicar los montos de las becas Progresar para jóvenes estudiantes y aumentar la cantidad de beneficiarios. Este es un programa que había sufrido recortes durante la gestión de gobierno anterior, entre ellos, congelamiento del beneficio en momentos de alta inflación.
Por otro lado, se puso en marcha el Programa Casa Propia-Construir Futuro, una política de desarrollo habitacional de alcance federal cuyo objetivo es la construcción de 120 mil viviendas en tres años, con créditos para la construcción. La iniciativa apunta a aquellos hogares que se encuentren en situación de déficit habitacional “con recursos económicos insuficientes” y a “atender las necesidades de los sectores medios”, según se lee en la resolución oficial.
Adicionalmente, se extenderá la asistencia económica a las empresas de la Economía Social. Por octavo mes consecutivo, los empleados de firmas autogestionadas recibirán una asignación de $ 9000 mensuales para mitigar el impacto de la pandemia.
Por último, en el marco del alza de precios de los alimentos de los últimos meses, se aumentaron en un 50% los montos de la Tarjeta Alimentar: por ejemplo, el beneficio mensual pasa de $ 6000 a $ 9000 por familia con dos o más hijos. Este programa se comenzó a implementar hace un año, su objetivo es que las familias más vulnerables del país puedan acceder a una Canasta Básica Alimentaria y tiene actualmente una cobertura de más de 1 millón y medio de hogares.
Una vez más, contrariamente a lo que en algún momento se quiso instalar, el gobierno demuestra que está activo y es un importante promotor del proceso de recuperación del país.
