Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
La semana pasada fue nuevamente fatídica para el gobierno nacional. Sufrió su segunda derrota en el Parlamento, al que el Presidente decidió desconocer y repudiar explícitamente parándose afuera y dándole la espalda. Los legisladores resistieron las presiones y se rebelaron como en la novela satírica de George Orwell “Rebelión en la granja”. Su argumento de que el 56 por ciento de votos obtenidos en el balotaje lo legitiman para avasallar al sistema democrático, incluyendo a diputados y senadores, a quienes califica como “el nido de ratas”, resulta cada vez más ineficaz. Milei ya mostró su pertinacia despreciativa a la política, la militancia y la propia democracia participativa. Sus insultos, tuits y likes a publicaciones de odio son una práctica sistemática propia de su personalidad, su modo de hacer política y su comunicación.
La democracia argentina cumple y celebra sus 40 años con un Presidente que no cree en ella. No tiene estructura política, parlamentaria ni cuadros formados para desempeñarse eficientemente en la acción gubernamental. Milei es consciente de que es un fenómeno extraño a la política argentina, que oportunamente captó la atención de la opinión pública con el apoyo de los grandes medios, aprovechando el descontento generalizado con los gobiernos anteriores, prometiendo ajustar “a la política”. En este punto crucial, también medró con la prédica de los editorialistas de derecha contra los “políticos sucios y corruptos” articulando un discurso neo thatcheriano con el envoltorio del anarco capitalismo. Se presenta como un cruzado abriéndose paso con un discurso místico, un perro muerto que le habla, las fuerzas del cielo y una biblioteca de economía vieja y sectaria. Aferrado a su fe, no registra sus derrotas ni distingue la legitimidad electoral de la legitimidad del ejercicio concreto del poder. Su rechazo al parlamento es ideológico, lo expresa con un rasgo de odio, negando que los y las diputadas y senadores también sustentan su representación en el voto popular.
Los legisladores se deben a sus votantes y a sus identidades políticas, por lo tanto, tienen que respetar el contrato electoral con la ciudadanía. En el caso de la ley ómnibus y el mega DNU, los legisladores se opusieron a conculcar derechos adquiridos de todo tipo y a favorecer a las corporaciones, particularmente a las extranjeras, hundiendo en la pobreza a los sectores humildes y medios. El presidente debería buscar a los desestabilizadores en su propio gobierno, entre ellos, a la vicepresidenta Victoria Villaruel, reconocida defensora de la última dictadura cívico militar, que pretende disfrazarse de demócrata respetuosa de las instituciones.
En este escenario de creciente debilidad política, el gobierno intenta resucitar la ley ómnibus y reflotar su artificiosa invención, el Pacto de Mayo; del cual la opinión pública no tiene la menor idea, ya que sus preocupaciones pasan por el deterioro de su calidad de vida. El plan extorsivo de liberar fondos a cambio de la aprobación de la ley quedó tambaleando ante la posibilidad real de que también caiga el DNU. Ante este cuadro de deterioro político producto de las sucesivas derrotas parlamentarias cabe preguntarse: ¿qué pensará la fila de funcionarios del FMI que están preocupados por la sustentabilidad del plan de ajuste doloroso?; ante lo cual le recomiendan amorosamente que no haga caer “tan desproporcionadamente” el ajuste sobre los más vulnerables.
Mientras tanto, en su guerra santa contra el gobernador Kicillof, el presidente convoca a “la rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires, enervado por la suba de impuestos rurales como forma de compensar la retención de fondos que aplicó arbitrariamente el gobierno nacional. El gravamen afecta a 2138 campos sobre 300 mil y la valuación de cada uno de ellos es de más de US$3 millones. La narrativa libertaria llamando al incumplimiento de la ley se desarma por sus propios actos: llama a la rebelión argumentando que son “impuestos expropiatorios”, mientras se intenta reinstalar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que involucraría la rebaja del sueldo a más de un millón de personas. Se trata de una contradicción flagrante, imposible de ser votada en el parlamento.
El establishment afirma su apoyo al gobierno, lo elogia y estimula aunque se pregunta hasta dónde podrán sostenerse las políticas de Milei. Dos derrotas parlamentarias, un paro nacional, movilizaciones masivas y cacerolazos se sucedieron en solo tres meses de gestión. En medio de los elogios las corporaciones empresarias locales están más concentradas en aprovechar la oportunidad para saquear todo lo que pueda en el menor tiempo posible. El botín es grande y tentador: nueva era de remate de empresas públicas, de tierras fecundas y fenomenales márgenes de ganancias producto de la liberación de precios. Los excesos son de tal magnitud que los propios medios que los representan emiten señales de alarma. En estos días denuncian que Coca Cola aumentó sus precios un 603,5 por ciento en un año. Su competidor, Pepsico no se quedó atrás, también remarcó un 607,3 por ciento. Y en el rubro alimentos, la harina, arroz, leche y el aceite tuvieron alzas de más del 100 por ciento en tres meses. La conducta remarcadora de las grandes empresas no es una novedad de época. Nunca el mercado se autorregula solo, esa es una tarea exclusiva del Estado nacional en defensa de los consumidores, que son los ciudadanos. Todo indica que la inflación de marzo irá en alza nuevamente. Serán muchos más los millones de pobres y hambrientos en el país. El gobierno ya no tendrá ningún “numerazo que festejar”.
Ante este escenario de desastre social, de incertidumbre y de pérdida de soberanía como nación, resulta imperiosa la unión patriótica de las fuerzas democráticas en un acuerdo programático del cual surja un frente político y social amplio que tenga como meta principal evitar el hambre y el saqueo de nuestras empresas y recursos naturales. El próximo 24 de marzo, cuando la ciudadanía, los estudiantes, los sindicatos, las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, los movimientos sociales y las fuerzas políticas acudan al llamado de los organismos de derechos humanos para recordar y homenajear a los y las 30 mil y repudiar a la dictadura genocida videlista, será una oportunidad para amalgamar en las calles la unión de la gran mayoría de la sociedad democrática.
Nota publicada en Página/12 el 22/03/2024
