Por Eduardo Fernández
Gran consenso ha cosechado el proyecto del Frente de Todos para implementar la suba del piso a partir del cual trabajadores, jubilados y jubiladas, pagarán Impuesto a las Ganancias. En total, 1.267.000 serán los beneficiados por la modificación del mínimo no imponible de ingresos a partir del cual se tributa.
Esta decisión política se sustenta en la convicción de que la vía del crecimiento es la del mercado interno y la reactivación del consumo y la actividad productiva. No es nuevo el debate acerca de la progresividad del Impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados, así como tampoco el cuestionamiento sobre la capacidad contributiva de estos.
Hay que recordar que Mauricio Macri hizo campaña en 2015 a partir de la eliminación del impuesto para todos los trabajadores, pero la realidad mostró otra cosa, y el resultado de su gestión fue el aumento del universo de trabajadores alcanzados por el tributo, en la incorporación del aguinaldo a la tributación y en los límites fijados a las deducciones y exenciones, en detrimento del poder adquisitivo.
Decisión política
Pese a la crítica situación de las finanzas del Estado, al sobreendeudamiento y los efectos económicos y sociales de la pandemia, entre otras circunstancias, nuestro gobierno cambió el rumbo y defendió desde su llegada el sostenimiento del sistema productivo, del empleo y la protección de los trabajadores y trabajadoras —en relación de dependencia, informales y autónomos—.
Lo ha hecho a través del exponencial crecimiento de la inversión pública en el sector industrial y productivo, a través de la asistencia a las empresas en el contexto de la pandemia y también, a través de la discusión legislativa de regímenes de promoción, regularización fiscal y estímulo a la industria que fijan reglas de juego claras y estables a las empresas para su desarrollo.
En este sentido, la reasignación por parte del Estado de 41 mil millones de pesos volcado al consumo es una acción más de la puesta en marcha de un modelo económico fundado en el desarrollo productivo nacional.
El alivio de la carga tributaria de trabajadores y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios son metas estratégicas también para el sector empresario, porque permitirán el fortalecimiento de los mercados, el consecuente crecimiento de inversiones y así apuntalar la actividad económica en su conjunto. La tarea entonces es continuar trabajando por la agenda del sector productivo.
Próximos desafíos
La continuidad de la promoción de biocombustibles con prioridad en la preservación de las economías regionales vinculadas, la profundización de la asistencia financiera para la inversión productiva de nuestras pequeñas y medianas empresas, la regulación del comercio interno para garantizar la participación PyME en las cadenas productivas y favorecer su competitividad y formalización, son algunos de los desafíos que afrontamos en los próximos meses, para crear trabajo y desarrollar la producción.
Estas prioridades para un proyecto de país que incluya a todos los sectores y en el que empresarios y trabajadores sean sus protagonistas para poner en valor la producción y el trabajo, deben contar con la participación de los actores PyME, de la economía social y del sindical, para evitar que estos crecimientos sean apropiados por los sectores monopólicos y oligopólicos a través de la suba de precios y para que lleguen a los sectores que más los necesitan.
