Por Eduardo Fernández
Con un discurso contundente, Alberto Fernández abrió las sesiones legislativas revalorizando la política y poniendo el eje en la producción y el trabajo como apuestas para salir de la crisis. De esta manera confrontó con un sector de la oposición que viene sosteniendo un discurso antipolítico que promueve el sálvese quien pueda, desde donde pretenden justificar las desigualdades actuales.
En este marco, algunos medios de la oposición hablaron de un fuerte discurso de Alberto, lo acusaron de poca autocrítica y se refirieron incluso a que el Presidente se dirigió “a los propios”. No hubo nada de eso. Hubo una definición política y una ratificación del camino, aceptando las críticas constructivas, marcando la importancia del diálogo y planteando que de ninguna manera el Estado resignará sus responsabilidades, éticas y políticas.
Es importante recalcar que en el discurso se reiteró en diversas oportunidades que el objetivo para este año es que los salarios les ganen a los precios, y nuevamente planteó, respaldado por el presupuesto votado a fin del año pasado, que es la apuesta al fortalecimiento del mercado interno y la generación de empleo. La definición es que no se admitirán la especulación y los negociados de quienes han ganado exponencialmente en los últimos años en detrimento de las grandes mayorías.
En esta línea debe leerse la convocatoria al diálogo a sectores empresarios y sindicales, para debatir las políticas para defender la economía de millones de argentinos y argentinas que han sufrido los cuatro años del macrismo y las consecuencias de la pandemia en 2020.
División de poderes
Durante el discurso, Alberto resaltó el papel protagónico que viene teniendo el Poder Legislativo para esta gestión, como por ejemplo en el control de la deuda, algo que quienes hablan constantemente del republicanismo no aplicaron en su gestión como política.
El Presidente redobló la apuesta y convocó al Congreso a controlar también a los otros dos poderes del Estado. El llamado se da al margen de la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados, lo que da la pauta de la real intención de debatir sin imposiciones. Con esta actitud, tanto en el tratamiento de la reforma judicial como en la modificación del Impuesto a las Ganancias a favor de las y los asalariados, el Presidente le plantea un desafío a la oposición, que es el de debatir dentro de los márgenes que nos otorga la democracia.
No es menor en este punto volver a mencionar la doble vara con la que se trata la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Mientras desde el Frente de Todos se promueve una reforma judicial nacional que contenga la visión de reconocidos juristas, de la oposición y de distintos sectores de la sociedad, en Córdoba el gobernador Juan Schiaretti propone a un fiscal general, no sólo identificado con su proyecto político, sino también con el proyecto de los sectores del poder concentrado económico y social cordobés.
La participación del gobernador en la charla de la Fundación Mediterránea, espacio que representa a ese poder económico concentrado, donde además hizo una rendición más exhaustiva en lo económico que la que hizo en su discurso de apertura de sesiones legislativas de este año, ratifica el rumbo elegido.
Allí se justifica la protección que el mandatario logró de ciertos actores, como es el caso de los medios hegemónicos, en el avance sobre el Poder Judicial. Como dijo Cristina Fernández de Kirchner en la audiencia por la causa de dólar futuro del jueves 4 de marzo, la Justicia no puede seguir comportándose como una corporación.
La decisión del Gobierno nacional es avanzar hacia una mayor democratización y eficiencia de los tres poderes, propugnar una independencia de sectores económicos, y lograr que el Estado esté al servicio de quienes más lo necesitan, para que no volvamos a caer en políticas que nos llevaron a crisis que pagan siempre quienes menos tienen.
