Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto presentado por las senadoras y los senadores del Frente de Todos, que impulsa la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI a partir de las inversiones de residentes en el exterior no declaradas, recibió el apoyo de organizaciones internacionales. Tal es el caso de la “Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe”, integrada por reconocidas organizaciones de la región y cuyo lema es “Un sistema fiscal justo es una herramienta esencial para combatir la desigualdad, posibilitar el desarrollo y promover el crecimiento equitativo y sustentable”. La red emitió una declaración sobre la iniciativa argentina en la cual señalan que “la disputa por los recursos es parte de la puja por el poder real”. En particular, el documento destaca que “en el complejo futuro que Argentina deberá enfrentar en los próximos años, (es) una iniciativa que pone el acento en el combate al fraude tributario para pagar la deuda contraída por Macri y sin poner en riesgo la inversión social”.
Este tipo de propuesta no está aislada de lo que ocurre en los países centrales. Estados Unidos, por ejemplo, hace ya casi dos décadas inició una investigación penal a uno de los bancos más grandes de Suiza, el UBS. Llegó a un acuerdo con esa entidad que incluía la provisión de nombres e información bancaria de los clientes estadounidenses, es decir, el levantamiento del secreto bancario. Sentó un precedente para arreglos futuros con otros bancos, dando como resultado, según datos oficiales, la recuperación de u$s100.000 millones en recaudación para EE.UU.
Del otro lado del Atlántico y de modo más reciente, en febrero pasado, una importante mayoría de los miembros del Parlamento de la Unión Europea apoyaron una iniciativa para poner a Suiza en la “lista negra” por ser uno de los países con mayor riesgo de prácticas de lavado de dinero.
Esta decisión debe inscribirse en el marco del proyecto de investigación denominado “Suisse Secrets” en el que dejan en claro que “lo que es bueno para los adinerados clientes de los bancos, puede ser perjudicial para todo el resto. Cuando los políticos corruptos o el crimen organizado ponen su dinero a resguardo en Suiza, las víctimas de sus crímenes probablemente nunca lo verán de nuevo”.
Como mencioné varias veces, la evasión y la elusión fiscal son uno de los flagelos que existen en el mundo, ya que exacerban las inequidades preexistentes al generar una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Un fenómeno que además se encuentra arraigado en el propio territorio de varias de las principales potencias del mundo. En mi intervención final (año 2015) en la “Comisión Bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”, citaba el caso de Delaware, uno de los estados norteamericanos más pequeños. En el sitio oficial de su Secretaría de Estado se detallaba que el fisco “tiene un modo de actuar (...) que se asemeja más al de una de las corporaciones que administra que a un aparato burocrático de gobierno”. No es casual que en su pequeño territorio estén radicadas unas 850 mil empresas habiendo sólo 800 mil habitantes.
Finalmente, otra de las novedades en materia de redistribución global del ingreso es la creación de un Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad por parte del FMI. Un programa cuyo objetivo es la redistribución de parte de los DEG recibidos por la mayoría de los países ricos y que no fueron utilizados. Recordemos que el FMI distribuyó u$s650.000 millones en DEG a sus miembros en agosto pasado, para financiar las políticas contra la pandemia y mejorar la liquidez internacional. El Fondo de Resiliencia contaría con, al menos, unos u$s45.000 millones, una cifra discreta si se considera que EE.UU., Japón, Alemania, Francia y Reino Unido recibieron originalmente algo más de u$s230.000 en conjunto. Los fondos recibidos podrían ser devueltos en un plazo de unos 20 años (con diez de gracia). A la Argentina, de resultar elegible (situación muy probable) le corresponderían unos u$s1.300 millones. Esta es una idea que, cabe destacar, fue propuesta por funcionarios argentinos en varios encuentros internacionales.
