Tiempo Argentino
El Ejecutivo impulsa nuevas leyes que expresan la voluntad política de ampliar y garantizar derechos sociales.
Por Juan Carlos Junio
En estos días, por razones diferentes, la educación –particularmente la pública– ha recibido más atención por parte de los medios de comunicación y de diversas instituciones relevantes de la vida social.
La primera noticia que es de entera justicia destacar es la partida, este 13 de octubre, de la gran luchadora Stella Maldonado, secretaria general de CTERA. La alusión resulta imprescindible, entre otras cosas, para comprender los avances ocurridos en la política educativa en estos años.
La CTERA tiene una marca en el orillo: es desde sus orígenes –en septiembre de 1973- un proyecto colectivo que vehiculiza con firmeza las demandas laborales reivindicativas de los docentes, pero además siempre es protagonista de los debates y las luchas sobre la política educativa, el modelo pedagógico a implementar, las condiciones de trabajo docente, todo con un norte: asegurar el derecho a la educación. Desde esa visión, ha sido la CTERA un factor decisivo en la creación del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, lanzado en Bogotá en diciembre de 2011, como expresión del proceso histórico y colectivo de una época de transformaciones sociales en un sentido igualitario y democrático.
El debate educativo presenta múltiples y simultáneas aristas: tanto la salarial como la vinculada a infraestructura u otros elementos que hacen al mejoramiento de las condiciones para enseñar y aprender están siempre en la agenda político-pedagógica. Al mismo tiempo, se despliega una intensa labor de reflexión, investigación y formación sobre la cuestión pedagógica, advirtiendo que un buen salario, una cantidad adecuada de alumnos por docente, instalaciones edilicias seguras y dignas, y equipamiento informático son necesidades fundamentales para efectivizar el derecho a la educación. Sin embargo, se presentan otros temas al debate: una cuestión central es la "calidad educativa" en clave neoliberal. La idea de que buena educación es equivalente a los (buenos) resultados en operativos de evaluación estandarizada es impugnada por ser un dispositivo autoritario, pues la educación no se circunscribe a asegurar la reproducción de saberes determinados por expertos. Es también enajenante, porque ordena la actividad pedagógica en función de la apropiación de determinados contenidos que serán ponderados por una evaluación punitiva, y es privatista, ya que con las evaluaciones estandarizadas se instala una noción de "competencia" que adquirió en Chile sus rasgos más brutales y caricaturescos de "mercado educativo". Se debe señalar también su sentido domesticador teniendo en cuenta que promueve un modelo de trabajo docente disciplinado y de alumno repetidor de contenidos.
Decíamos, al inicio, que estos días hubo noticias educativas que dan pistas sobre la marcha de esta esforzada creación de una educación pública, popular, democrática y liberadora.
Por un lado, el Ejecutivo impulsa nuevas leyes que expresan la voluntad política de ampliar y garantizar derechos sociales, consistentemente con la filosofía que da sustento a las políticas públicas nacionales, desde 2003 a la fecha.
En la sesión celebrada el miércoles último, Diputados dio media sanción y giró al Senado el proyecto de ley que modifica la Ley de Educación Nacional por lo cual se declara obligatoria la educación inicial de cuatro años, dando un paso más en la ampliación de derechos. Una iniciativa notable, ya que hay un acuerdo extendido acerca de que el inicio de la escolarización tiene influencia en el éxito de toda la trayectoria escolar. Según datos oficiales, entre 2001 y 2010 se sumaron 306 mil niños a los jardines de infantes de la Argentina si consideramos las salas de tres y cuatro años.
Un seguimiento de la sala de cuatro nos permite ver que la evolución de la matrícula tuvo un aumento sustancial entre 2001 a 2010, pasando del 48% al inicio, hasta el 70% en el último año relevado. Así, en 2010 asistían 460.653 niñas y niños de un total de 659.869; mientras que en 2001 asistían 328.283, sobre un total de 680.732 niñas y niños.
En suma, el proyecto votado en Diputados en un gran progreso social, ya que el acceso temprano al nivel inicial es decisivo para evitar la reproducción del patrón de exclusión presente en otros ámbitos sociales.
A los fines de asegurar el nuevo derecho, la presidenta Cristina Fernández comunicó que desde enero de 2015 se construirán 500 salitas de cuatro años en todo el país. Este trabajo le fue encomendado a cooperativas, lo cual promueve la virtuosa alianza del derecho a la educación y el derecho al trabajo.
Asimismo, y en la otra punta del sistema educativo, la creación de nuevas universidades públicas resulta también una valiosa iniciativa para avanzar en la ampliación de la matrícula de este nivel educativo. El concepto que orienta esta política educacional es la de territorialidad, habilitando el funcionamiento de esas casas de estudio en lugares como Almirante Brown, San Isidro, Ezeiza, Rafaela y Alto Uruguay (Misiones), entre otras iniciativas en marcha. Nacen también tres instituciones universitarias de significación: se crea la Universidad Pedagógica Nacional y se transforman el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) en Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo en Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo.
Otro cantar resulta del análisis de la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde el contraste resulta evidente. El diario Clarín titulaba, el 5 de febrero de 2014: "Inscripción online: quedan por resolver 5000 vacantes". Y en la bajada: "Otros 7000 nenes de jardín se quedarán sin escuela este año". Así, mientras un proyecto avanza sin cesar en la ampliación de derechos sociales, el otro, en nombre de la modernización tecnológica, efectiviza el retiro del Estado en materia de garantizar Derechos Humanos y sociales.
Concluimos en que hay en disputa dos proyectos civilizatorios y educativos antagónicos. Por eso en 2015 se bifurcan los caminos posibles para nuestro pueblo: profundizar la senda de justicia y de ampliación de nuevos derechos sociales y culturales o revertir las conquistas alcanzadas durante los últimos once años.
