Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El miércoles de la semana que pasó, en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, obtuvo dictamen de mayoría el proyecto de Ley de Creación del Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI.
La iniciativa sitúa en el centro del debate público el tema histórico de la evasión impositiva y de la fuga de divisas. El objetivo del proyecto es obtener los fondos para hacer frente a la deuda con el FMI, sin que ello afecte los recursos que el país ha decidido destinar a mejorar la calidad de vida de la población.
Con la negociación de la deuda externa heredada, el gobierno ha obtenido un amplio plazo por el cual no tiene que hacer desembolsos hasta el segundo semestre de 2026. Durante ese tiempo, de aprobarse la ley y por los mismos mecanismos que ella contempla, la Argentina puede ir generando la acumulación de reservas necesarias para afrontar los vencimientos, sin afectar las políticas de crecimiento, distribución e inclusión que la actual gestión lleva adelante.
La medida, en concreto, busca individualizar a aquellas personas humanas o jurídicas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país y que, por lo tanto, evadieron el pago de los gravámenes que debían abonar sobre las ganancias obtenidas en nuestro territorio y que fueron enviadas al exterior. Por lo cual, este proyecto no debería entrar en contradicción con los postulados de la principal oposición parlamentaria, que cuestiona la creación de nuevos impuestos o el aumento de alícuotas. Simplemente porque nuestra propuesta no promueve crear un nuevo gravamen ni aumentar alguno de los existentes. Sólo busca que aquellos que evadieron impuestos los paguen.
En la apertura de las Sesiones Ordinarias del 1 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández afirmó con relación al gobierno que lo precedió: “Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Nunca más a un endeudamiento insostenible”.
Desde nuestra perspectiva, la fuga de capitales es una cuestión política, ya que las principales guaridas fiscales se encuentran en los países más desarrollados. En este marco, la iniciativa que estamos promoviendo contribuye al combate global contra el ocultamiento de activos. El pago por esos recursos fugados permite una regularización de la situación fiscal de los evasores. Pero no se los exime de las investigaciones por los delitos de contrabando, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, trata de personas u otros similares.
La evasión y la elusión fiscal son dos de los grandes problemas que existen a escala global, ya que profundizan las inequidades preexistentes al generar una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su participación en el plenario de delegados de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) el 20 de junio pasado, señaló que “en el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto. El primero es Guyana, escúchenlo, Guyana y Chad. El segundo podio está ocupado por Malta (…) y el tercero, Argentina”. Luego agregó que “junto a este podio de tercer país evasor tenemos otro podio, en los países con formación de activos en el exterior también somos terceros. Miren qué casualidad, somos terceros en evasión y terceros en formar activos en el exterior”.
El problema de la evasión y posterior fuga de capitales es de larga data en nuestro país. En el año 2015, por ejemplo, participé en calidad de diputado nacional en la “Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”. En ese entonces algunas de mis propuestas fueron la “eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales”, la “protección para los denunciantes, en especial sobre las prácticas bancarias vinculadas con lavado de activos”, y la “limitación de la «Private Banking» o «Banca en Secreto»”, presente especialmente en las entidades financieras internacionales. Por medio de esta última se elaboran estrategias contables y legales muy sofisticadas para “desviar” los fondos de sus clientes más adinerados hacia guaridas fiscales, evitando la carga impositiva.
Estos fenómenos, como venimos diciendo, se encuentran muy desarrollados en el territorio de varias de las principales potencias del mundo. En mi intervención final en la Comisión Bicameral aludida, citaba el caso de Delaware, uno de los estados norteamericanos más pequeños. En el sitio oficial de su Secretaría de Estado se detallaba en aquel momento que el fisco “tiene un modo de actuar (...) que se asemeja más al de una de las corporaciones que administra que a un aparato burocrático de gobierno”. En su pequeño territorio están radicadas unas 850 mil empresas habiendo sólo 800 mil habitantes.
En el Parlamento de la Unión Europea, en febrero pasado, una mayoría de sus miembros apoyó una iniciativa para poner a Suiza en la “lista negra” por considerar que se trataba de uno de los países con mayor riesgo de prácticas de lavado de dinero a través de la denominada “banca en las sombras” o “banca privada”.
En síntesis, se trata de hacer cumplir las normas tributarias en cada país a quienes obtienen ganancias en ellos. La iniciativa es una gran oportunidad para comenzar a recuperar parte de los fondos fugados de la Argentina por incumplimiento de las leyes del país, en algunos casos con maniobras de cambio de residencia.
Estas acciones permitirían ir acumulando recursos para afrontar el pago de la deuda a partir del segundo semestre de 2026 y liberar otros fondos para destinarlos a políticas de crecimiento, mejoras de infraestructura, empleo y distribución del ingreso, entre tantos otros temas fundamentales.
La aprobación de este proyecto, que ya tiene media sanción del Senado, sería un nuevo paso en el imprescindible despliegue del modelo de crecimiento con la gente adentro con el que está comprometido el gobierno del Frente de Todos.
