21/08/2009
I. Los grandes lineamientos económicos y sociales y la participación del Estado
Consideramos al trabajo como el eje de las políticas económicas y sociales de nuestro país, y por ello propiciamos el pleno cumplimiento de los preceptos del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, que tiende, por medio del fomento al trabajo, a lograr una sociedad inclusiva y más equitativa.Aparece aquí la importancia de la intervención del Estado en los distintos aspectos de la economía y la sociedad, conforme a garantizar el bienestar del pueblo, a través de regulaciones que limiten el poder de los mercados concentrados, que regulen las ganancias extraordinarias de los grandes grupos económicos, y que generen una verdadera distribución equitativa del ingreso. En este objetivo, el Estado no sólo debe restringirse a la regulación de las distintas actividades y al importante papel que posee el diseño de un sistema tributario progresivo y un gasto público eficiente; debe erigirse también como proveedor de servicios de interés público, un Estado empresario en aquellas actividades económicas esenciales para los intereses de la población, que las empresas privadas han abandonado o que realizan prestaciones altamente ineficientes. Es en definitiva el logro de la eficiencia social que debe ser garantizado a través de las distintas modalidades de intervención del Estado en la economía.
Además de esta orientación del Estado para lograr una mejor distribución del ingreso y por lo tanto un sistema económico más equitativo y menos concentrado, también le compete involucrarse activamente en la regulación de los recursos naturales de la Nación, en especial de los no renovables, cuyo manejo actual configurará en gran parte el futuro de nuestra población. El Estado debe centrarse en evitar el saqueo de los recursos naturales, impulsar una explotación ordenada de los mismos, y que su explotación reduzca al mínimo los daños al medio ambiente, otro bien natural que debe cuidarse. También es responsabilidad del Estado que la renta producida por la explotación de los recursos naturales quede, en su mayor parte, a disposición de los distintos estamentos del Estado, porque es una riqueza de todos los argentinos. Ello requiere establecer las acciones más eficientes para recuperar el control sobre la totalidad de los recursos naturales, y sobre su explotación, en muchos casos escandalosamente privatizada.
Es definitiva, hablamos de dejar de lado al Estado mínimo, al Estado subsidiario que fue el paradigma del Consenso de Washington, que empobreció a la Nación, y tomar las riendas de un Estado activo para diseñar las políticas estratégicas de la Argentina hacia el futuro, un tema que toma especial relevancia en este Bicentenario al cual se acerca nuestra Patria. Un camino que comenzó a recorrerse con la gestión de gobierno comenzada en 2003, que ha realizado interesantes logros como la reestatización de Aerolíneas Argentinas, la reforma previsional eliminando el sistema privado de capitalización, y el control de otras empresas de servicios públicos privatizadas en la década de los noventa. Pero aún falta mucho camino por recorrer para tener un Estado que sea el gestor principal de un nuevo modelo de país. Resulta también esencial, en el diseño de un Estado más presente, que el mismo esté abierto a la opinión popular, y por ello sostenemos la importancia del desarrollo de instrumentos de democracia directa y semidirecta, como la consulta popular, el presupuesto participativo y otras modalidades. En definitiva, todos los temas esenciales que hacen al interés de la población deben ser discutidos con las distintas organizaciones de la sociedad, y con los ciudadanos, los cuales también deben tener participación en la gestión de los temas públicos, como la salud, educación, medios de información, asignación presupuestaria, empresas de servicios públicos y otras tantas actividades.
Creemos que el Diálogo Político convocado por la Presidencia de la Nación, al igual que el Consejo Económico y Social que se está diseñando, son acciones relevantes para la consecución de estas premisas, y por ello saludamos la adopción de tales actitudes.
II.Trabajo digno, Universalización de la ayuda a la niñez y Distribución del ingreso
Entre las medidas de distribución más importantes está la generación de trabajo digno, que ningún subsidio puede reemplazar; éstos son para paliar situaciones puntuales. Para mantener el empleo digno, se requiere sostener el nivel de producción de las empresas a través de las políticas macroeconómicas sólidas. También son importantes las políticas focalizadas para mantener el empleo como las que está llevando a cabo actualmente el Ministerio de Trabajo, que incluyen subsidios explícitos, como también las posibilidades de regularización de los trabajadores informales. La mejora de los ingresos reales de los trabajadores es la medida que mayor potencialidad tiene para defender la fuente laboral, dado que genera demanda interna, y por esa vía, sostiene la producción y el empleo.Coincidimos con la idea de la universalización de las asignaciones a los menores, que significa hacer extensiva una cobertura a los que no reciben actualmente ningún subsidio. Es más adecuada que la asignación universal, que genera mayores costos y llega a quienes no la necesitan. Por ello se requiere llegar a los 2.6 millones de menores de 18 años que no reciben ninguna ayuda. Para esta ardua tarea, dado que, como mencionó la Presidenta Fernández de Kirchner, cerca de la mitad están indocumentados, resulta indispensable utilizar medios genéricos que empleen tecnologías para que el subsidio llegue en forma transparente a todos los beneficiarios y que permitan evitar el clientelismo.
Hay que pensar en medidas mucho más amplias, como lo es el Seguro de Empleo y Formación, que llegue a todos los desocupados y desocupadas jefes de hogar, y cuyo valor les permita salir de la pobreza. Es una medida eficiente, pero tiene un alto costo fiscal, lo que requiere que el Estado perciba los ingresos suficientes como para implementar estas políticas. El nivel de altas ganancias empresariales y personales que se generan anualmente en el país permitiría financiar este tipo de planes, y otros de inclusión, en la medida que esas ganancias sean adecuadamente gravadas.
Desde el Partido Solidario pensamos que hay que desarrollar una red de protección para todas las familias, que permita ir mas allá del concepto de inclusión. Hay que poner énfasis, más que en la inclusión social, en la eliminación de la pobreza, y para ello es esencial centrar estas discusiones en el tema de la distribución del ingreso. Lo hemos sostenido en la campaña electoral 2007 y lo sostuvimos en la reciente campaña: el problema no es sólo la intensidad de la pobreza, sino la perversa acumulación de la riqueza, ya que la masa de ingresos generada en nuestro país permite establecer las condiciones adecuadas para ir eliminando la pobreza. Sin una mejora en la percepción de ingresos de los sectores más pobres, y una mayor tributación de los sectores muy ricos, es imposible pensar en verdaderas y permanentes medidas de inclusión social digna sin pobreza.
Desde lo fiscal, se debe lograr un mayor equilibrio entre las ganancias empresariales y el empleo y los salarios; no puede ser que luego de varios años de obtener grandes ganancias, ante un parate transitorio, lo primero que hacen las grandes empresas es reducir la planta o los salarios. Estos comportamientos no deben ser permitidos.
Hay que prestar atención a la problemática de las pymes y de las empresas de la economía social, como cooperativas y mutuales, de forma tal que la normativa fiscal y de seguridad social les permita sostener su actividad y mantener su planta de trabajadores.
III. Reforma Tributaria Progresiva
En términos generales, se requiere ir diseñando una reforma tributaria que, cambie la inequitativa presión tributaria actual, y propenda a aumentar los ingresos fiscales y mejorar el impacto del sistema impositivo sobre el sector productor y consumidor.El centro de la reforma debe estar orientado a una reformulación del impuesto a las ganancias, que grave con mayor presión a las grandes fortunas personales, y una menor presión a las rentas del trabajo.
Tenemos en estudio un proyecto de ley para quitar la exención del impuesto a las ganancias a las rentas financieras y dividendos, al igual que sobre los resultados provenientes de operaciones de compraventa, cambio, permuta, o disposición de acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, obtenidos por personas físicas y sucesiones indivisas.
En el caso de la suspensión de la exención a los intereses por depósitos bancarios, sostenemos que la misma debe ser parcial, siguiendo exentos los intereses de los depósitos menores a $ 300.000 por titular, de forma de no gravar y desalentar el ahorro personal de los trabajadores y pequeños empresarios.
En nuestra opinión, entre las principales reformas se debería contemplar, además :
- Establecer una escala de Impuesto a las Ganancias personales con mayor progresividad, partiendo de tasas más bajas y fijar topes máximos del orden del 40%, como es habitual en muchos países desarrollados.
- Hacer recaer la mayor recaudación del impuesto a las ganancias sobre las personas, y menos sobre las sociedades, pues en este último caso se termina trasladando a los precios que pagan los consumidores y se pierde todo efecto progresivo.
- Reinstalar el impuesto a las herencias y a las donaciones entre personas vivas.
- Discutir un nuevo régimen de coparticipación federal, que tome nota de los cambios económicos, demográficos, sociales y productivos originados en las distintas provincias y que instale la equidad en el reparto de los recursos captados a nivel nacional.
- Legislar para que el pueblo participe en forma efectiva y democrática en la confección del Presupuesto de la administración pública de todas las jurisdicciones, ya que éste constituye una herramienta esencial de la política económica.
- Debatir y proponer en todos los niveles –nacional, provincial y municipal– la política impositiva, el destino de los gastos y el diseño de las políticas sociales, con la especial participación de sus receptores.
- Utilizar ampliamente las herramientas de democracia participativa, que garanticen que la voz del pueblo sea escuchada y se traduzca en medidas concretas.
IV. Proyecto de Ley de Crédito Productivo y Cobertura Universal de servicios financieros
Objetivos:La construcción de un amplio mercado de crédito bancario, centrado en el crédito productivo y el hipotecario para la vivienda, que constituye uno de los desafíos más importantes, pues se partirá de un nivel extremadamente bajo de financiación de la economía.
Democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Por ello la ley fomentará los préstamos a las pymes.
Establecer las normas para la constitución de un Banco Nacional Público de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, para que se impulse el préstamo productivo a largo plazo y esté orientado a fomentar el desarrollo de los sectores más dinámicos.
Lograr la cobertura universal para toda la población argentina, tanto para los hogares (puesto que menos de la mitad de la población está hoy bancarizada) y a nivel geográfico, para que llegue a las localidades más pequeñas.
Fundamentos:
Se trata de una nueva ley de Entidades financieras que sustituya la 21.526 de la dictadura. Una nueva ley que interprete al sistema financiero como un servicio público, pero confeccionada desde el interés de los usuarios y no de las entidades.
La actual Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras deja las operaciones del sistema bancario al arbitrio de los bancos y de la política comercial fijada por cada uno de ellos en función del parámetro de la máxima rentabilidad.
La actual norma es en gran parte la responsable del escaso nivel de crédito en nuestro país (12% del PIB) que es el nivel más bajo de toda América Latina. Y también de la aguda escasez de financiamiento productivo a largo plazo.
La ley se propone la implementación de aquellos cambios que permitan al sistema financiero contribuir eficazmente al desarrollo económico y social de nuestro país, para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades específicas y a las pymes, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios.
Al igual que existe una calificación según distintos parámetros de solvencia y eficiencia, los cuales disparan distintas regulaciones y relaciones técnicas, laley establecería la posibilidad de que el BCRA establezca parámetros de eficiencia social para una calificación de entidades que también influya en relaciones técnicas sobre capital, provisiones y rentabilidad. También dotaría al BCRA de la misión de establecer redescuentos para la orientación del crédito a determinados sectores y con tasas diferenciales.
V. Proyecto Ley para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
Fundamentos:Las mipymes son el principal sector productivo del país, dada la gran cantidad de empresarios y trabajadores que involucran, y tienen características distintivas de las grandes empresas, lo que indica que requieren políticas específicas adaptadas a sus necesidades e intereses.
En la actualidad la actividad de las pymes está reglada por una ley que establece el acceso a determinados instrumentos de fomento, no posee una definición comprensiva de las pymes, ya que está limitada a su nivel de facturación. La ley actual no es una verdadera ley de fomento integral a estas empresas.
Se necesita una LEY que defina con absoluta claridad las incumbencias y políticas que conduzcan al crecimiento y desarrollo de la actividad económica de las mipymes, y tenga en cuenta la sustitución de importaciones que puede generar su actividad, el gran potencial de desarrollo que poseen y el distintivo carácter nacional de sus objetivos y capitales.
Una ley que tiene que abordar no sólo los aspectos productivos, sino también los aspectos legales, previsionales y fiscales aplicables a las mipymes.
Objetivos:
Impulsar la expansión de la Mipyme, resolviendo en forma integral los problemas que traban su desenvolvimiento.
Para ello se requiere avanzar en los siguientes temas:
Secretaría Mipyme: El organismo que atienda la situación del sector debe tener rango de Secretaría Ministerial con decidida intervención en las decisiones sobre políticas públicas de desarrollo sectorial y regional.
Definición y clasificación de las pymes: A través de un proceso de consulta con los actores involucrados, se establecerán parámetros más adecuados para la definición de una micro, pequeña y mediana empresa, que incorporen, además del nivel de facturación, personal ocupado, rama de actividad, monto anual de ventas y utilidades.
Creación de un instituto de Capacitación y Fomento descentralizado del Estado Nacional, que introduzca el conocimiento como un factor de producción para construir cadenas de valor con relaciones equitativas en su interior, integrado por representantes de las mipymes, de los trabajadores y del Estado. Su objetivo será identificar y tender a resolver los desafíos que enfrentan las Mipymes.
Compre MIPYME: Las diferencias de escala entre las grandes empresas y las mipymes proporcionan diferentes posibilidades para acceder a los negocios y es responsabilidad del Estado establecer en sus contrataciones normas de equidad para permitir el desarrollo de las más pequeñas.
Regionalización y Diferenciación: La problemática de una empresa en la Ciudad o Provincia de Buenos Aires es diferente a la de una del NOA o del sur del país y la legislación debe contemplar las desigualdades. Las políticas diseñadas para el sector deben también contemplar un conjunto de parámetros como el nivel de empleo generado, la distinta actividad sectorial, ya sea industria, comercio, servicios o agropecuaria, el impacto en la localidad, la capacidad para sustituir importaciones y las potencialidades de innovación tecnológica que posean. La creación de Agencias Regionales de Desarrollo, tal como lo prescribe la Ley 25.300 es una herramienta adecuada para interpretar las necesidades y posibilidades del sector en cada territorio, siempre que tengan un estrecho contacto con los actores e interpreten fielmente su problemática y respondan a ella.
Regulación Tributaria: Proponer una regulación tributaria específica e integral para el sector, incluido el establecimiento de un mínimo no imponible de acuerdo a las diversas características de las empresas que integran el sector.
Defensoría MIPYME: Las empresas comprendidas en la clasificación necesitan un organismo ejecutivo que resuelva en forma sumarísima las desarticulaciones entre la legislación, las reglamentaciones, los instrumentos, las estructuras y las prácticas administrativas que las aplican.
Ventanilla única: La maraña de trámites en diferentes organismos de la administración pública como así también las dificultades para la resolución de problemas para iniciar la actividad, ampliarse o ajustarse a las disposiciones vigentes debe estar resuelta en un sitio físico y virtual, que se encargue de auxiliar y facilitar la gestión.
Seguridad Social - A.R.T. : Las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo deben atender integralmente todo accidente laboral y su consiguiente rehabilitación hasta la reincorporación del accidentado, su pensión por invalidez o su jubilación anticipada, con indemnizaciones justas estipuladas por ley, que desalienten a empleadores y empleados de recurrir a litigios posteriores. Los trabajadores no pueden estar a merced de la capacidad económica circunstancial de sus empleadores, y los empleadores no pueden estar a merced de montos indemnizatorios confiscatorios
Registro Nacional MIPYME (mapa PYME): Las mipymes que existen en el país, deben ser registradas para poder orientarlas y darle información de los programas de promoción y estímulo al sector. Fomentar las iniciativas que ya se han tomado en este aspecto.
VI. Proyecto Ley Empleo Joven
Fundamentos:La tarea principal para garantizar la imbricación entre sociedad de trabajo y empleo juvenil pasa por profundizar el programa de empleo juvenil del MTESS. Pero para ello se necesita incorporar a este esfuerzo estatal nacional a las organizaciones centrales del mundo del trabajo, esto es, las empresas y los sindicatos. Es imposible resolver los problemas vinculados con el desempleo juvenil, mientras no modifiquemos el hecho de que la mayoría de los jóvenes que accede a un empleo lo ejerce en condiciones precarias: trabajo no registrado, malas condiciones salariales y alta rotación.
La clave es motivar a las empresas a cumplir su rol social incorporando al trabajo a jóvenes, garantizando que durante el proceso de trabajo estos jóvenes logren calificarse y conseguir empleos.
Este objetivo debe ser asegurado con la formación técnica formal y dentro del sistema de educación público y privado. El Estado y los empresarios deben asegurar condiciones de trabajo aceptables. Los sindicatos, además de asegurar que el proceso de trabajo que involucra a los jóvenes se ajuste a la legislación laboral, deben ser actores centrales en este esfuerzo colectivo, estableciendo también programas de salud, recreación y capacitación sindical focalizados en los jóvenes.
Estamos hablando de crear un sistema tripartito (Estado, empresa y sindicatos) que permita establecer un nivel de educación intermedio que dote a los jóvenes de certificaciones habilitantes para encontrar trabajos de calidad dentro de la misma empresa o de otras. Estas certificaciones deberían ser valoradas políticamente por la sociedad del mismo modo que se valoran los títulos universitarios clásicos, como ocurre en muchos países desarrollados europeos.
Poner en marcha un programa de este tipo —que podríamos denominar Programa Sociolaboral Tripartito para Jóvenes— es producir una revolución socio-productiva y política. Es esto lo que exige el país en general y la sociedad porteña en particular a la política. Se trata de reorganizar en forma revolucionaria el mercado de trabajo. Se trata de fundar una verdadera economía de mercado integrada, regulada por el Estado, sustentada en un acuerdo estratégico entre sindicatos, empresas y Estado. Es un camino ya abierto dentro de las políticas planteadas desde 2008 por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de impulsar acuerdos tripartitos sectoriales. Aquí tenemos un acuerdo tripartito sectorial, focalizado en el empleo para jóvenes.
Objetivos :
El nuevo programa tendría como sujetos a jóvenes de entre 18 y 24 años. Se desarrollará simultáneamente dentro y fuera de empresas privadas y públicas, revaloradas en el nuevo contexto como comunidades de trabajo. Estas asumen un rol social al cooperar con el gobierno y con los sindicatos representativos en los sectores y ramas específicas. Este programa recoge como antecedente la experiencia del FRENAPO convocada por CTA para fomentar la economía social y cooperativa.
Un programa de este tipo requiere de medidas específicas, varias de las cuales están planteadas en el Programa en curso en el MTESS:
Se constituirá un Consejo para administrar el Programa, en el que participarán por el Estado los Ministros de Trabajo, Educación, Salud y Desarrollo Social, y organismos públicos de capacitación profesional, junto con organizaciones empresarias, empresas involucradas, y las centrales sindicales nacionales.
El programa de capacitación tendrá como duración 2 años. Los participantes serán contratados por las empresas por este tiempo, y las remuneraciones serán las correspondientes al salario mínimo. El Estado aportará la diferencia hasta alcanzar el monto del salario básico de cada convenio colectivo de trabajo. Se apoyará a los participantes para que concluyan sus estudios primarios o secundarios con becas o premios por los logros obtenidos al completar sus estudios. Se deberá compatibilizar este programa con los cambios positivos producidos en la legislación del trabajo sobre pasantías, trabajo para jóvenes y género.
Los empresarios estarán exentos durante dos años de pagar las cargas sociales, que serán asumidas por el Estado. Los empresarios realizarán los esfuerzos necesarios para incorporar a las plantillas de las empresas a más jóvenes. Éstos serán premiados con certificación de competencias. El Consejo emitirá las certificaciones. El Consejo orientará a los jóvenes capacitados para buscar empleos al final de la contratación.
Las empresas que se incorporen a este programa serán sujetos de preferencia de las políticas y programas de Estado en materias de apoyo técnico y financiero, si ellas se ajustan a planes de negocios sustentables según los programas de incentivos económicos en vigencia. Está claro que esta gran batalla por el empleo juvenil se desarrollará en el escenario de empresas pequeñas y medianas.
El Estado nacional ya ha asumido, a través del MTESS y otros ministerios, su papel de disparador de políticas de empleo para jóvenes. Pero sus capacidades financieras y técnicas son limitadas. Las empresas que se benefician con las políticas públicas de desarrollo del gobierno deben asumir, por lo tanto, su responsabilidad, lo que a la larga las beneficiará, porque serán respetadas al aportar al nuevo curso nacionalista-industrialista.
Los sindicatos se fortalecerán al facilitarse la comunicación y relación entre los jóvenes trabajadores y las organizaciones de los trabajadores. Toda la sociedad argentina, y particularmente la sociedad porteña, se beneficiarán al ver a miles de jóvenes incorporarse a los procesos de trabajo y formación en y desde la producción.
