Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno presentó el acuerdo del crédito stand by con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares como una buena noticia.
Es la táctica discursiva básica de Cambiemos: en lugar de contar lo que efectivamente pasa construye un relato que afirma exactamente lo contrario.
Porque el acuerdo con el FMI, que se traducirá en más ajuste, caída de la actividad económica y aceleración de la recesión, es una mala noticia para la mayoría de los argentinos y argentinas.
Además, el préstamo tiene 36 meses de duración y debería ser reintegrado en los dos años posteriores. Por lo cual, los condicionamientos que impone exceden al 2019. Es decir: el gobierno que suceda al actual se encontrará con esas limitaciones.
De allí, la idea del “Gran Acuerdo Nacional” que debería convalidar en el Parlamento, y en particular, en la discusión del Presupuesto, los fuertes ajustes necesarios para cumplir con lo acordado con el FMI. De este modo, gane quien gane en 2019, “los mercados” se garantizarían la continuidad de la aplicación de las políticas de ajuste.
El ministro Luis Caputo lo expresó claramente en la reunión de la Cámara de Comercio de los EE.UU. en la Argentina: “Nosotros tenemos que dar certezas de que independientemente del gobierno que esté, los argentinos no vamos a cambiar el camino, nuestras políticas”.
En una semana, el Fondo girará 15.000 millones de dólares a la Argentina y, a partir de allí, enviará el resto de lo acordado en tramos periódicos, sujetos al cumplimiento de metas de ajuste fiscal.
Por supuesto, la cuestión no es sólo cuánto se ajusta, sino en dónde se ajusta. Entre 2018 y 2020 se prevé una caída del 13 por ciento de los salarios en términos reales, un achique de los gastos de capital (inversión pública) de un 81 por ciento (hasta casi extinguirse); las transferencias corrientes a provincias disminuirán un 74 por ciento y los gastos totales (sin jubilaciones) caerán un 30 por ciento, casi un tercio.
El ministro Nicolás Dujovne pronosticó esta última semana que el crecimiento económico de 2018 se ubicará entre el 0,4 y el 1,4. Ya lo hemos dicho: para que no haya caída de la actividad económica desde ahora a fin de año, el crecimiento anualizado debería ser de un 2,3 por ciento. Un crecimiento por debajo de ese número significa que la economía entrará en una pendiente recesiva en lo que resta del año.
Por más que el gobierno sofistique su trabajo sobre las palabras y el discurso, el FMI es un organismo internacional que no puede ser humanizado. Representa intereses globales que chocan contra las necesidades y expectativas de las mayorías ciudadanas en los países en los que interviene. Sobran los ejemplos.
En 1996, estallaron las revueltas del pan en el sur de Jordania. El rey Hussein desplegó el Ejército en las calles de la ciudad de Karak, y en otras localidades vecinas, intentando controlar la rebelión popular. El origen de la crisis fue el alza del precio del pan que se duplicó en pocos días.
En enero de 2018, veintidós años después, el gobierno jordano eliminó los subsidios a ese alimento básico y su precio aumentó entre un 67 y un 100 por ciento. Según afirmaba un cable de la agencia EFE en esa fecha, la medida fue una consecuencia de “las reformas fiscales para reducir el déficit y sanear las cuentas públicas”. “La retirada de los subsidios busca ante todo reducir el gasto del Gobierno, que se calcula que cada año invertía 200 millones de dólares en financiar el pan, que constituye la base de la dieta para muchos en Oriente Medio”, concluye un informe en el diario La Vanguardia de España.
En el año 2016, el Fondo Monetario Internacional le concedió a Jordania una línea crediticia por 723 millones de dólares a tres años a cambio de aplicar una serie de medidas de austeridad: un programa de reducción de la deuda pública, una reforma tributaria incorporando a mayor cantidad de ciudadanos jordanos al pago del impuesto a las ganancias, y un aumento a los combustibles y la electricidad. Por supuesto, la quita de los subsidios al pan se enmarca dentro de este acuerdo global con el Fondo.
Otro ejemplo es Grecia. Hace ocho años que este país está bajo los planes del Fondo y sus socios europeos. Ya sufrió varios recortes jubilatorios. Y el PBI cayó un 22 por ciento. Luego de ocho años de ajuste la receta es continuar ajustando.
La idea de que estamos ante otro FMI, bueno, humanitario, con memoria de las crisis, y con vocación de atender los efectos políticos y sociales de sus medidas, es insostenible.
El FMI es el FMI. No hay manera de humanizarlo.
En nuestro país, al igual que en el resto del mundo, vuelve para aplicar medidas de ajuste fiscal que garanticen la devolución de los préstamos. El “nuevo” FMI sólo agrega algunas políticas de contención social, autorizando recursos por hasta 0,2 del PBI para poblaciones vulnerables, con el objetivo de controlar el conflicto social.
En ese contexto de recesión aguda en nuestro país, una opinión hoy generalizada proyecta una inflación para este año de entre 27 y 30 por ciento. Si el salario se fija en un 15 por ciento más dos cuotas del 2,5 en julio y agosto, la retracción del poder adquisitivo de los trabajadores será aún mayor de lo originalmente proyectado. Y ello también contribuirá a una mayor recesión económica.
En ese escenario de profundización de los recortes, caída de la actividad económica y reducción de los salarios, habrá un aumento de la conflictividad social. Esa tensión entre los sectores perjudicados por el ajuste y el gobierno profundizando los recortes, estará en el centro de gravedad de la política argentina en los próximos tiempos. Por lo cual, está en juego lo que siempre decimos: la capacidad de resistencia de los ajustados y el desarrollo organizativo que la sociedad alcance para hacer retroceder estas medidas.
La profundización de la conflictividad social crea mayores condiciones para el diseño de una oposición real. Y para un debate a fondo entre dos modelos de país. El de Cambiemos, sus socios y los organismos internacionales de crédito, por un lado, y el de una amplia confluencia de sectores políticos, sociales, sindicales y culturales, por el otro.
Por eso, hoy más que nunca, no hay unidad del campo nacional, popular y democrático sin un programa que exprese un modelo de país alternativo. El acuerdo con el FMI termina de darle nitidez al proyecto neoliberal. En paralelo, es necesario darle nitidez al modelo opositor.
Mientras les decimos a las mayorías afectadas por los planes de ajuste de este gobierno que su suerte empeorará en los próximos dos años, debemos asegurarles que hay una salida, que nosotros proponemos otro modelo de país y que estamos construyendo las mayorías necesarias para llegar al gobierno en 2019.
Como dice el spot de lanzamiento de Lula a la presidencia del Brasil “los poderosos pueden matar una, dos, tres rosas, pero jamás podrán detener la llegada de la primavera”.
Junto a la descripción de la pesadilla, tenemos que volver a proponer un sueño.
