Por Eduardo Fernández
Durante la semana se confirmó el acuerdo con los bonistas de Wall Street y se abre un nuevo panorama para el país. El entendimiento que logró el Gobierno nacional con los tres principales grupos de acreedores permitirá darle sostenibilidad a la deuda y profundizar el plan económico.
Vale analizar los pasos del Ejecutivo, que, lejos de lo ocurrido en años anteriores cuando se tomó deuda sin que siquiera pase el debate por el Congreso, logró un consenso histórico. La propuesta argentina valió el reconocimiento de académicos internacionales, entre ellos de ganadores de premios Nobel, y también el de sindicatos, gobernadores, y hasta miembros de la oposición que en muchos casos celebraron el acuerdo.
La decisión fue lograr unidad nacional para hacer frente a actores poderosos. De esta manera, se discutió una Ley en el Legislativo nacional y se mantuvieron reuniones entre el ministro de Economía Martín Guzmán y los miembros del Frente de Todos de las Comisiones de Presupuesto y de Finanzas, de la que soy parte, para analizar los avances y despejar dudas.
Bajo esta misma lógica de promover el intercambio en el Congreso, el pasado martes se aprobó un proyecto que iguala a los acreedores de bonos en moneda extranjera bajo legislación argentina, a los que están bajo legislación extranjera, y donde el mismo Poder Ejecutivo se compromete a remitir al Congreso el resultado de la operación de canje de esos títulos.
El plan
Se hace cada vez más insostenible para algunos sectores de la oposición la acusación sobre una supuesta ausencia de plan económico. Es clara la orientación propuesta por el Gobierno, que consiste en proteger a los sectores más vulnerables, reconstruir la producción y el trabajo, y hacerlo de manera federal, entre los aspectos más sobresalientes.
De esta manera los programas para la construcción de viviendas que permitirán la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, los ATP, los bonos a beneficiarios de programas sociales, el IFE, los créditos y la Ley de Economía del Conocimiento, ya aprobada y que busca dotar de apoyo estatal a una actividad que generará valor agregado, son las puntas de lanza de ese proyecto.
Tampoco es menor la participación que han tenido las y los gobernantes de los distritos provinciales en el debate sobre las medidas sanitarias, políticas y económicas, y el aporte que hemos hecho diputados y senadores, que bajo el paraguas de un proyecto solidario levantamos las banderas de nuestras regiones para lograr un país más federal.
El caso Córdoba
No es una novedad que Córdoba tiene altísimos niveles de endeudamiento. Según lo difundido por miembros del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), los dos mil millones de dólares que adeuda representan el 40 por ciento del total de ingresos anuales que tiene la provincia. De ese monto, el 95 por ciento está en moneda extranjera, principalmente estadounidense.
El Gobierno nacional tomó no sólo la responsabilidad de recomponer la crisis social y económica heredada que fue agravada por la pandemia, sino también la de acompañar los procesos de los distritos provinciales como parte del plan.
En ese marco se entienden los aportes realizados a las provincias, donde Córdoba recibió 41.422 millones de pesos de asistencia durante la pandemia, que es el 8,2 por ciento del total nacional, convirtiéndose en el segundo distrito que más aportes recibió detrás de la provincia de Buenos Aires.
Es fundamental entender que el Gobierno de Alberto Fernández avanzó en un punto neurálgico en materia de acuerdo ante la deuda, pero es momento de que las provincias y los municipios hagan su parte. Los gobernadores están ante la oportunidad de reperfilar deudas provinciales en base a los criterios de sostenibilidad y sin aplicar ajustes a la ciudadanía.
