Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Luego de haber alcanzado un exitoso acuerdo en la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados, el Gobierno ya está abocado al siguiente paso: la renegociación del endeudamiento contraído con el FMI por la gestión de Mauricio Macri hace apenas dos años.
En la carta enviada por el ministro de Economía Martín Guzmán a la directora gerente del FMI el pasado miércoles 26 de agosto, se solicita la “iniciación de las consultas para acordar un nuevo Programa que suceda al cancelado y descarrilado acuerdo Stand By de 2018”. Se hace alusión además a que si bien entre 2017 y 2019 “Argentina redujo el déficit fiscal primario del 3,8% al 0,9% del PIB” (con el consecuente padecimiento de varios sectores de la sociedad por el ajuste implicado) la fuga de activos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública. La carta también señala la contracción en la actividad económica ocurrida durante esos años y los muy altos niveles de inflación que, junto con lo anterior, contribuyeron a profundizar la insostenibilidad de la deuda.
La misiva finaliza aclarando que se espera que “las conversaciones y el nuevo Programa no repitan lo que la actual Administración considera que fueron los defectuosos presupuestos del Programa de 2018” al tiempo que se deja explícito el compromiso de “establecer políticas consistentes para lograr los objetivos del programa de estabilidad financiera y macroeconómica”.
Tras el envío de la carta, el ministro Guzmán enfatizó la misma idea que rigió el proceso con los acreedores privados: “No es posible la estabilización sin recuperación económica”. Una muestra más de cuál es el principio rector de las decisiones en materia de deuda que viene tomando este Gobierno y seguirá exigiendo de aquí en adelante.
TICs como servicios públicos esenciales
Otra de las novedades de esta semana fueron las repercusiones del DNU firmado por el Presidente y su gabinete de ministros el viernes de la semana anterior. En el mismo se establece que “los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones” (incluyendo el servicio de telefonía móvil) son “servicios públicos esenciales”. Establece además que “los licenciatarios de las TICs fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Finalmente se suspende cualquier incremento en las tarifas que estas empresas cobran a sus usuarios desde el 31 de julio hasta fin de año.
Según señalan los fundamentos del Decreto, citando un fallo de la Corte Suprema de Justicia: “el Estado debe velar por la continuidad, accesibilidad y universalidad de los servicios públicos (…) con especial atención a los sectores más vulnerables, evitando el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios (…) como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de confiscatoria”.
La respuesta por parte de los sectores concentrados que nuclean la provisión de estos servicios no se hizo esperar. La cámara de empresas de EEUU en el país le envió una carta al Gobierno en la cual, entre otras cuestiones, sostiene que “decretarlo como servicio público (a los servicios de las TICs) constituye una regulación limitante, que genera desequilibrios para la inversión en nuevas tecnologías y en la posibilidad de sumar nuevos accesos y conectividad a personas o zonas del país que hoy carecen de este servicio”. Una afirmación que en sí misma es contradictoria ya que, justamente, al constituirse en servicio público esencial es que podrán respetarse todos estos preceptos que se enumeran.
Pero más allá de los argumentos empresarios, vale la pena repasar brevemente la situación del sector. En primer lugar, nos encontramos ante un rubro altamente concentrado, y en el que, a pesar de la recesión económica acaecida durante los últimos años, las tarifas percibidas se incrementaron por encima de los niveles de inflación.
Sin embargo, los servicios prestados distaron mucho de satisfacer a la mayoría de los usuarios. Según las estadísticas de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, casi el 50% de los reclamos de los primeros siete meses de este año responden a paquetes de productos de este rubro.
Las inversiones efectuadas tampoco se condicen con el buen desempeño económico de estas empresas que, en plena pandemia, incrementaron su actividad en un 100% con respecto al año pasado.
En el caso del servicio de internet, por ejemplo, sólo el 30% de las localidades reportadas con acceso a internet en todo el territorio nacional registraron acceso con fibra óptica. Este modo de conexión es el que ofrece mayores beneficios en cuanto a velocidad y ancho de banda y el que permite aumentar la productividad y rentabilidad de las personas humanas y las empresas.
En definitiva, queda claro que la intervención del Estado es necesaria y beneficiosa para la calidad y la utilización de los servicios públicos que reciben los usuarios. Esta nueva disposición del gobierno no hace más que sostenerse en la idea que, en muchos casos, el mercado no resulta ser eficiente en la distribución de los recursos de la economía y más aún cuando la prestación de servicio está concentrada en unas pocas manos. El decreto del gobierno de ninguna manera obstaculiza la actividad privada sino que, como ya se mencionó, establece las condiciones para llegar a concretar el derecho a la información y comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas.
Aporte para morigerar los efectos de la pandemia
El Frente de Todos acaba de presentar un proyecto de ley (que tuve el honor de coordinar su elaboración) de un aporte solidario, extraordinario y por única vez para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, que recae sobre los bienes de las personas humanas muy ricas, aquellas que tienen un patrimonio de más de $ 200 millones. Permitiría recaudar algo más del 1% del PBI. Alcanza a unas 12.000 personas, de las cuales la mitad tienen entre $ 200 a $ 400 millones. La idea es que los que más tienen contribuyan a financiar distintos gastos del Estado en esta pandemia, para encarar las necesidades sanitarias, ayudar al sostenimiento del trabajo y la producción en estos momentos, y mejorar las posibilidades de reactivación en la pospandemia. Esta idea tiene un fuerte apoyo ciudadano, algo más del 70% está de acuerdo con la iniciativa. Y es lógico, ya que ninguno de los alcanzados por este aporte va a ser menos rico después de pagarlo: estamos hablando de un porcentaje mínimo de su riqueza y por única vez. Pero quienes terminarán recibiendo los beneficios de la aplicación de los fondos obtenidos, tendrán una importante mejora en sus condiciones de vida.
Pero lo más importante es que este proyecto es coherente y respeta tanto las promesas electorales realizadas por el presidente Alberto Fernández como sus definiciones al asumir, y las distintas acciones tomadas durante su gobierno. La prioridad siempre estuvo puesta en los sectores poblacionales más débiles. Y especialmente en esta pandemia, las distintas medidas de auxilio a los ciudadanos y a las empresas requieren muchísimos recursos, que además escasean por la baja actividad a consecuencia del combate a la pandemia. Este aporte extraordinario de las muy grandes fortunas será una ayuda más para poder transitar las dificultades actuales y reforzar la recuperación económica posterior.
