Nodal | Opinión
Por Carlos Heller
Sin lugar a dudas, las consecuencias de la pandemia han tenido una profunda incidencia en la vida de todos los habitantes del mundo. Tanto los países avanzados como los emergentes y los de bajos ingresos han sufrido la contracción de sus economías en los últimos meses. Solo para citar algunos datos, en Alemania la variación de la actividad fue del -10,1%, en Francia del -13,8%, en Portugal -14,1%, en España del -18,5% y en el Reino Unido llegó al -20,4%.
Pero como suele ocurrir en todas las crisis, incluso de la magnitud de la actual, no todos pierden. Es el caso de los 12 multimillonarios más relevantes de Wall Street, que incluyen a los fundadores de Amazon, Microsoft y Facebook (Jeff Bezos, Bill Gates y Mark Zuckerberg), quienes alcanzaron por primera vez en la historia una riqueza combinada de 13 cifras, es decir, más de 1 billón de dólares de patrimonio, un 40% más que cuando comenzó la pandemia.
Al mismo tiempo, según datos de la Cepal, la región de América Latina y el Caribe podría experimentar la mayor caída del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que llevaría a un aumento de la pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior.
El PIB de Argentina ha caído un 16,6% en el segundo trimestre de este año, comparado con el primer trimestre, en términos desestacionalizados. Si bien ya se está viendo recuperación de la actividad en varios sectores, la crisis económica generada por el Covid-19 es amplia.
En este marco, tuve el honor de coordinar la redacción del proyecto de ley del Bloque del Frente de Todos (oficialista), de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Un aporte por única vez y vinculado a los patrimonios de las personas humanas más ricas del país.
Una iniciativa que surge como respuesta a la necesidad de tomar medidas excepcionales y que alcanzará solo a quienes tienen un patrimonio declarado superior a los 200 millones de pesos (unos 2,7 millones de dólares), unas 12.000 personas, que representan el 0,02% de la población argentina. Se propone una alícuota que se iría escalonando desde el 2% en los patrimonios de 200 millones de pesos hasta llegar al 3,5% para aquellas personas que poseen más de 3.000 millones de pesos (unos 40 millones de dólares). Es un aporte que definitivamente no va a cambiar en nada la condición de vida y riqueza de los contribuyentes, pero sí la de quienes reciban el beneficio.
Además, lo recaudado a partir del mismo tiene asignaciones específicas. Se destinará, según se establece en el proyecto, a equipamiento médico, vacunas, elementos de protección y otros insumos sanitarios; al financiamiento de las becas Progresar (un programa de ayuda a estudiantes de sectores vulnerables); a las PyMEs para sostener el empleo de sus trabajadores; al proceso de inserción urbana de los barrios populares; y a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural por parte de empresas nacionales. Se deja en claro, además, que el Poder Ejecutivo deberá realizar una aplicación federal de los fondos recaudados.
Vale la pena aclarar que la Argentina no es una excepción en este tipo de iniciativas. En países del primer mundo como Alemania, España, Reino Unido, Suiza, Italia y Rusia se evalúan iniciativas similares.
Un proyecto cuya filosofía radica en la idea de que los pocos que tienen mucho, pueden hacer mucho por los que tienen poco.
Renegociación de la deuda pública
Luego de nueve meses de negociación, el gobierno argentino finalmente llegó a un exitoso acuerdo con los acreedores privados de bonos bajo ley extranjera. La Argentina obtuvo el consentimiento del 93,55% de los titulares de bonos elegibles, nivel que permitió la aplicación de las cláusulas de acción colectiva, y de esa forma llegar a un 99% de deuda a canjear, sobre un monto total de U$S 66.000 millones de capital pendiente de los 29 bonos elegibles.
Al mismo tiempo, el gobierno nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar los bonos de deuda en moneda extranjera bajo legislación local, valuados en U$S 41.700 millones. Una de las particularidades de la iniciativa es que establece similares condiciones a las que se les ofreció a los bonistas con títulos bajo ley extranjera, respetando el principio de equidad en el tratamiento de la deuda. El proyecto se convirtió en Ley con el voto casi unánime de los legisladores argentinos.
La reestructuración de esta pesada carga de deuda, sumando los bonos bajo legislación argentina y extranjera, implica un alivio de U$S 42.500 millones hasta el año 2024, con una baja de la tasa de interés promedio de toda la deuda, que pasó del 7 al 3,07%.
El siguiente paso, en pos de la reestructuración de la carga de deuda heredada por la actual gestión de gobierno, es la renegociación con el FMI. Un acuerdo que fue firmado por el gobierno de Mauricio Macri hace poco más de dos años y que, por las condiciones pactadas y los desequilibrios de la economía del anterior gobierno, se tornó insostenible desde un comienzo. Con el endeudamiento ya existente con el FMI (no se llegó a desembolsar la totalidad del acuerdo, aunque sí una parte importante por U$S 45.000 millones) implicaría pagos de U$S 43.300 millones (intereses incluidos) del 2021 al 2023. Un monto que, a todas luces, resulta imposible de afrontar para la Argentina.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, envió hace pocos días la carta de inicio formal de las negociaciones a la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva. En ella se solicita la “iniciación de las consultas para acordar un nuevo Programa que suceda al cancelado y descarrilado acuerdo Stand By de 2018”. Se hace alusión además a que entre 2017 y 2019 “Argentina redujo el déficit fiscal primario del 3,8% al 0,9% del PIB” (con el consecuente padecimiento de varios sectores de la sociedad por el ajuste implicado) y “la fuga de activos denominados en pesos continuó y el país no fue capaz de obtener tasas de refinanciación satisfactorias, ni de asegurar la sustentabilidad de la deuda pública”.
La carta también señala la contracción en la actividad económica ocurrida durante esos años y los muy altos niveles de devaluación que, junto con lo anterior, contribuyeron a profundizar la insostenibilidad de la deuda.
Se espera un largo y trabajoso proceso por delante. No obstante, el gobierno argentino ha dejado bien en claro los ejes rectores del mismo. El presidente Alberto Fernández informó que en la conversación que tuvo con Georgieva le comentó: “Vamos a cumplir con ustedes. Pero deje que lo hagamos a nuestro modo. Nosotros no le vamos a pedir a nuestra gente más sacrificio. No está en condiciones. Necesitamos crecer. Exportar. Acumular reservas. Y luego pagar”.
En otra intervención, y en concordancia con lo anterior, el Presidente afirmó: “Empecemos a construir una Argentina que sea sostenible. Ser sostenible no es solamente que podamos pagar las deudas que asumimos. Un país es sostenible cuando todos tienen posibilidad de crecer en el lugar en el que nacen”.
Contundentes definiciones que indican claramente cuál es la prioridad del actual gobierno argentino. Prioridades que se expresan en la renegociación de la deuda bajo las premisas establecidas por el gobierno, como en un paquete de 60 medidas económicas, sociales e institucionales que ya se está desarrollando, así como en el aporte solidario de las grandes fortunas, y en otras tantas más. Todas políticas que apuntan a salir adelante en un difícil contexto, pero siempre con el objetivo de mejorar la equidad en la distribución del ingreso para todos los argentinos y las argentinas.
