Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Entre el último martes y el miércoles a la mañana se trató y se dio media sanción al Presupuesto 2023 en el recinto de la Cámara de Diputados.
Fue el resultado de un largo e intenso proceso que se extendió durante semanas: en una primera etapa, funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron y contestaron preguntas durante treinta y dos horas; en una segunda etapa, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y demás diputados y diputadas presentes discutimos a lo largo de varias reuniones el proyecto de Presupuesto 2023.
Lo que se aprobó y se giró al Senado es el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo mejorado: se incorporaron partidas por 327.000 millones de pesos orientadas a mejorar la vida de los argentinos y las argentinas, sobre todo de los sectores más vulnerables. Esos fondos adicionales han sido destinados a políticas alimentarias y a otras partidas al Ministerio de Desarrollo Social y a los ministerios de Educación, Desarrollo Territorial y Hábitat y también para asignaciones familiares y el plan de Manejo del Fuego, entre otros destinos.
El Presupuesto es una herramienta de gestión: es el plan que el gobierno propone para el próximo año. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Presupuesto 2023 “expresa en su mensaje las prioridades de política presupuestaria de gastos en cinco pilares: 1) Infraestructura, 2) Salud, 3) Educación, 4) Ciencia e Innovación e 5) Inclusión Social Activa con Perspectiva de Género”.
En el marco de los complejos escenarios que presenta la economía global, se aprobó un crecimiento de las prestaciones de la Seguridad Social en un 82,6 por ciento, de los gastos en Capital y de la inversión en infraestructura —que ocupará un rol determinante— en un 85,1. En el mismo sentido, los gastos en Salud subirán un 85,9 por ciento, en Educación y Cultura 86,1 y en Ciencia y Tecnología 128,6, entre otros ítems.
Sin embargo, parte de la oposición política y mediática intentó reducir el largo y complejo proceso de debate legislativo a un par de discusiones puntuales. Por ese camino, la sobredimensión de una parte de la discusión termina ocultando la integralidad del tema tratado. Un caso en donde se expresó ese reduccionismo fue en el Impuesto a las Ganancias a los integrantes del Poder Judicial. La iniciativa fue tomada de una separata enviada por el Poder Ejecutivo. En ella constaban los gastos tributarios, es decir, aquellas excepciones que constituyen recursos que no se perciben. Allí figuraban, entre otros, los gravámenes que se dejan de percibir por la excepción del pago de Ganancias a los integrantes del Poder Judicial. En el marco de las deliberaciones, se aprobó incorporar el tema en el dictamen. Por lo cual, ni siquiera fue una propuesta que estaba en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
No se trata de un monto menor. El Estado argentino dejará de recaudar el año próximo por la excepción del Impuesto a las Ganancias a los miembros del Poder Judicial 238 mil millones de pesos.
Una discusión sobredimensionada también ocurrió con la aplicación de la tasa a los tickets aéreos destinados al financiamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En este caso, se produjo una situación notable: los mismos que cuestionan la existencia de Aerolíneas Argentinas y que no valoran lo que la empresa aporta, interconectando a las distintas regiones del país y contribuyendo al desarrollo de la actividad económica y del turismo —entre otras funciones—, argumentaban que esa tasa iba a poner trabas a la expansión del turismo interno.
El sector mayoritario de la oposición política y mediática insistió en las últimas semanas con que el proyecto de Presupuesto 2023 contenía un ajuste en las partidas destinadas a Educación. La crítica sostenía que lo asignado al área crecería por debajo de la inflación prevista para 2023.
En primer lugar, no tuvieron en cuenta que las partidas asignadas a todos los ministerios no incorporan los aumentos salariales. Porque ello depende de lo que suceda en las paritarias que tendrán lugar durante el año. La previsión para estos aumentos se encuentra contabilizada en una partida llamada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, fondos que son utilizados a medida que se va afrontando el pago de los salarios.
En segundo lugar, es necesario analizar los gastos por finalidad, que tienen aportes de varios ministerios. En el caso de la educación, por ejemplo, hay un monto significativo en el Ministerio de Obras Públicas destinado a infraestructura universitaria, a financiamiento para obras en establecimientos educativos y a la construcción de escuelas técnicas.
En total, a la finalidad “Educación y Cultura” se le asignó originalmente un incremento positivo del 0,2 por ciento en términos reales, es decir, descontando la inflación prevista, respecto al gasto estimado para este año.
Además, y a pedido de varios diputados y diputadas de la bancada del Frente de Todos, se asignaron 95.200 millones de pesos adicionales para becas estudiantiles y para el Fondo de Incentivo Docente, entre otros destinos. Con este agregado, los gastos en educación y cultura crecen un 5,7 por ciento real respecto a este año.
Sin embargo, pese a todas las mejoras señaladas varios diputados y diputadas opositores continuaron insistiendo con el discurso del ajuste en las partidas educativas. En ese escenario, el Frente de Todos presentó una moción a través del diputado Hugo Yasky para incorporar un artículo en el Presupuesto. Por el mismo, se faculta al jefe de Gabinete de Ministros a realizar adecuaciones presupuestarias con el objetivo de alcanzar un monto de 1,33 por ciento del PBI en materia educativa, por encima de lo establecido en el proyecto de Presupuesto que se estaba discutiendo.
Los datos no dejan lugar a dudas. A fines de 2015, al finalizar el gobierno de la actual Vicepresidenta, las partidas para educación representaban el 1,66 por ciento del PBI; cuando se fue Mauricio Macri ese porcentaje había caído a un 1,1. En el Presupuesto 2023 sube nuevamente al 1,29 por ciento. Finalmente, el acuerdo al que se llegó con la moción del diputado Yasky eleva el piso a 1,33. No hay modo de argumentar que el Presupuesto 2023 contiene un ajuste a la educación.
El sector mayoritario de la oposición ha intentado reducir la discusión a un par de temas aislados. Pero el Presupuesto 2023 es mucho más: es la hoja de ruta que delinea un modelo de país con crecimiento, distribución e inclusión.
Nota publicada en Página/12 el 30/10/2022
