Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En la pasada semana el Senado emitió dictamen sobre la media sanción de Diputados al Presupuesto Nacional 2023. Analizando el tratamiento parlamentario hasta el momento, resulta destacable el debate que se produjo, en ambas cámaras, con ministros y otros funcionarios/as, las conversaciones dentro del propio oficialismo y también con legisladores de la oposición, alcanzándose algunos acuerdos que se expresaron en la media sanción. Es interesante aclarar que los debates en comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados también contaron con la presencia de integrantes de la comisión homónima del Senado, facilitando así la incorporación de determinados artículos u obras de infraestructura, que ha sido reflejada en la media sanción.
El Presupuesto contempla toda una serie de proyecciones macroeconómicas que sirven para el cálculo de las distintas partidas, y que también reflejan las políticas económicas y sociales del gobierno. Allí aparece el nivel de actividad económica que se está proyectando (+2%), la inflación anual que se estima en el 60%, con una tendencia descendente del 44% en 2024 y del 33% en 2025, junto con una trayectoria estable y competitiva del tipo de cambio real. Proyecciones que indican una fuerte idea del Gobierno: no habrá un descenso brusco de la inflación, ni una devaluación de magnitud. Si bien se elabora en un contexto mundial cargado de incertidumbre y de amenazas recesivas, el proyecto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno. Cabe resaltar el significativo aumento de partidas en temas sociales que se ha determinado durante el debate legislativo, unos $ 327.000 millones, en especial en políticas alimentarias y en asignaciones familiares. También en el Fondo de Integración Socio Urbana, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, en becas a estudiantes, y en el incremento de los recursos destinados al manejo del fuego en los bosques, entre otros.
Una solicitud de la oposición, que se incluyó en la media sanción, es una cláusula que establece que si al 31 de agosto del próximo año la tasa de inflación supera en 10 puntos a la proyectada, o si los ingresos del sector público superan en dicho porcentaje los previstos para el período acumulado, el Poder Ejecutivo deberá enviar una ley complementaria en septiembre con el nuevo cálculo de recursos y el plan de gastos para el último trimestre 2023.
Ya estamos muy cerca de que este gobierno pueda contar con un Presupuesto aprobado para el año siguiente, un hecho que es habitual, pero que el año pasado no se pudo concretar.
Doble discurso
Se está haciendo cada vez más fuerte un doble discurso en el FMI y denota que el organismo ha vuelto a su histórico posicionamiento a favor de la reducción del déficit fiscal. Por un lado, reconoce en su último informe de “Perspectivas para las Américas: Navegando condiciones financieras más restrictivas” que “las tensiones sociales han aumentado notablemente en ALC (América Latina y el Caribe) en años recientes, primero por la desaceleración del crecimiento que tuvo lugar al llegar a su fin el anterior auge de las materias primas, luego por la pandemia, y más recientemente por la escalada de los precios de los alimentos y la energía. Estos shocks han socavado la cohesión social en la región al haber agravado la inseguridad alimentaria en un contexto de elevada pobreza y desigualdad”. Pero al momento de las recomendaciones sostiene que “la consolidación fiscal solo puede ser eficaz y sostenible si es inclusiva y si propicia una mayor cohesión social”. Y al mismo tiempo indica que “por el lado del gasto (público), la racionalización debe centrarse en los salarios y en los bienes y servicios, además de las prestaciones sociales y reformas de los sistemas de pensiones”. ¿Cómo es posible un “ajuste inclusivo” si se propone reducir prestaciones sociales (principal herramienta de inclusión), salarios públicos, y hacer reformas a las pensiones, que sabemos van siempre en contra de los intereses de los beneficiados? Un doble discurso que no resulta sostenible y es altamente preocupante, especialmente para países como el nuestro, que tienen un acuerdo de facilidades extendidas con el organismo. Cristina Fernández de Kirchner lo dijo claramente el viernes pasado, al referirse a la inflación y el deterioro de los salarios: “empezó con un Gobierno que decidió endeudar una vez más a la Argentina, y ahora tenemos que destinar dólares al pago de la deuda externa, y aceptar los condicionamientos del FMI”.
