Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Previo a analizar el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, se requiere pasar revista a la evolución de la situación fiscal de este año.
En línea con el objetivo de equilibrio fiscal del gobierno libertario, el superávit primario acumulado durante los primeros ocho meses del año alcanzó el 1,5% del PBI, mientras que el financiero (luego del pago de intereses de la deuda) resultó ser casi equilibrado: +0,4% del PBI. Este resultado se dio como consecuencia de una caída real de los ingresos fiscales (-6,1%) que fue más que compensada por un significativo recorte del gasto (-30%). Siguiendo con el acumulado de los ocho primeros meses de este año, las jubilaciones y pensiones fueron la partida que más contribuyó al ajuste (26,5% del total), seguida por el gasto de capital (inversión pública, con el 23%) y los subsidios económicos (principalmente a las tarifas, por el 14,4%).
Una vez más, estamos ante un fiel reflejo de quiénes están pagando el ajuste, un deterioro que se profundizará con las actuales políticas expresadas en el Presupuesto 2025.
Desde lo conceptual, el discurso brindado por el presidente Javier Milei durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 reflejó la ideología que sustentan las políticas del gobierno.
Uno de los ejes de su alocución pasó por dejar en claro que el accionar del Estado nacional debe limitarse a “asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley”. En cuanto a este último punto, se contempla “castigar a quienes infringen la ley”, un concepto que puede asociarse a la represión de la protesta social.
El presidente insistió en desligar al Estado nacional de funciones fundamentales como la provisión de educación y salud, y la realización de obra pública, entre otras. Cuestiones que –consideró– pueden “resolverse a través del mercado o son competencia de los gobiernos subnacionales”.
Entonces, ¿la idea de achicar el Estado rige sólo a nivel nacional, al tiempo que se insta a las provincias a hacer lo contrario? Una lógica que suena, en principio, contradictoria.
Pero, además, ¿cómo van a afrontar semejante tarea? El propio presidente les pidió a las provincias que “hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares” (luego rebajado a 20 mil millones según sus funcionarios), que se suma al ya realizado a partir de la reducción de las transferencias discrecionales y de la pérdida en el valor real de los recursos coparticipables acumulada durante los meses de gestión de Milei.
El Presupuesto, que constituye el plan de gobierno para el año próximo y los venideros, implicaría, tal como está concebido, avanzar sin límites con el ajuste.
“Este proyecto de Presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado”, señala otro de los pasajes del discurso presidencial. No obstante, deja en claro que “el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar”. Entonces, el pago de los intereses de la deuda tiene mayor prioridad que cualquier otra erogación; si hay que ajustar, será en otras partidas, que afectarán seguramente las condiciones de vida de la población.
Lo que omite decir Milei es que esta modalidad procíclica de manejar las cuentas fiscales nunca funcionó en la práctica, ya que es justamente durante los periodos recesivos cuando más se necesita la presencia del Estado para reactivar la economía (sobrados ejemplos podemos encontrar en los países centrales que aplican constantemente políticas contracíclicas para estabilizar sus economías). Por otro lado, el que también se ajustará es el sector privado, ya que al deterioro de la demanda propio de los periodos de crisis, se deberán sumar menos transferencias, menos obras, menor prestación de servicios, para mencionar sólo algunos recortes.
Los gastos corrientes del Sector Público Nacional pasan del 21,6% del PBI en 2023 (según la Oficina de Presupuesto del Congreso) al 16% en 2024 y se reducen al 15,7% en 2025, de acuerdo con las estimaciones del Presupuesto. En cuanto a las transferencias corrientes en particular, el principal ítem que se recortaría en 2025 es el de las transferencias a empresas privadas (vinculadas a los subsidios a las tarifas de servicios públicos), que caen un 43% en términos nominales. Una senda que pone en duda la proyección del 18,3% de inflación para el año 2025 y que implica un promedio mensual del 1,4 por ciento. ¿Cómo se pueden lograr esos niveles de aumentos de precios si se va a continuar con la reducción de subsidios a las empresas de servicios públicos, que va a redundar en más aumentos de tarifas?
Se destacan también, por su menor crecimiento, las transferencias a Universidades Nacionales, que presentan una importante caída en términos reales. El inminente veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso de la Nación estaría incorporado en el Presupuesto.
Los gastos de capital pasarían del 2,2% del PBI en 2023, al 0,6% en 2024 y 0,7 en 2025, un indicador de la paralización de gran parte de la obra pública.
Un dato más para mencionar tiene que ver con la relevancia que la gestión libertaria le da al mercado interno. Mientras que en 2023 el Consumo Privado creció un 1%, a pesar de una caída del 1,6% del PBI, para 2024 planean que, ante una caída del PBI del 3,8%, el consumo privado caiga casi el doble: 6,3%. Para los años subsiguientes seguiría esta tendencia, específicamente con un PBI creciendo al 5% en 2025, mientras que el gasto privado lo haría en menor proporción: 4,5 por ciento.
El mercado interno no es ni va a ser prioritario. Es un indicio de lo que yo llamo “el ajuste interminable”, dado que esta dinámica lleva a una menor recaudación por caída de la demanda y a la necesidad de un mayor ajuste del gasto. Un ejemplo de ello es que los planes sociales no estuvieron exentos de la “poda”, al considerar los primeros 8 meses de este año: cuando más los necesitan, quienes reciben planes sociales como el Potenciar Trabajo, políticas alimentarias, el Progresar, entre otros, vieron sus partidas reducidas en un 24% real interanual. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó recientemente un informe en el que cuestiona la “reducción de partidas presupuestarias para la infancia” y la “desinversión en salud y educación durante los últimos meses”. El organismo internacional expresó su “seria preocupación” por los “cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección de los derechos de los niños, incluyendo la reducción, fusión y supresión de ministerios”.
Como legisladores/as, es nuestra tarea debatir los distintos proyectos de ley que se presentan en el Parlamento y más aún el de Presupuesto. El rol del Congreso no debe ser subestimado, no es una mera formalidad. Las legisladoras y legisladores fuimos elegidos por la ciudadanía para representar sus diversos intereses a la hora de construir los proyectos de ley.
La búsqueda de un resultado fiscal “equilibrado” no puede ser un objetivo en sí mismo si el camino para conseguirlo implica la pérdida de derechos para gran parte de los argentinos y las argentinas.
