Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Poco se informó en los medios sobre la metodología de tratamiento de los recientes proyectos de ley aprobados en Diputados: el Presupuesto Nacional 2017 y el sistema de Participación Público-Privada (PPP) para proporcionar bienes o servicios públicos.
Las modificaciones a los proyectos originales se acordaron fuera de su ámbito natural de debate (las Comisiones de la Cámara de Diputados) entre los legisladores de Cambiemos y los bloques Frente Renovador y Justicialista, principalmente. Luego se ratificaron formalmente en las comisiones. El resultado: la aprobación de las leyes con gran cantidad de modificaciones de último momento, aunque ninguna de ellas cambió la orientación sustancial de lo propuesto por el Poder Ejecutivo.
Durante el tratamiento del proyecto de PPP circularon varias listas con los cambios propuestos. Todas ellas tenían una indicación invariable: “arbitraje con prórroga de jurisdicción no se modifica”. Es el punto que muchos hemos criticado con más intensidad, como lo expresé en la columna del domingo pasado, dado que compromete significativamente la soberanía nacional. El juicio de los fondos buitre y sus derivaciones y resultado han sido aleccionadores respecto a la aplicación de la jurisdicción de tribunales extranjeros.
Cabe mencionar algunas modificaciones importantes incorporadas, como la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, y la obligación impuesta al Poder Ejecutivo Nacional de informar al Congreso sobre el impacto fiscal de los compromisos asumidos e incorporarlos en las respectivas leyes de Presupuesto. No obstante, ratifico que no cambian el espíritu de este proyecto.
Entre los aportes que el Sector Público Nacional se compromete a efectuar se consideran la cesión de la titularidad de bienes y la concesión de derechos de uso y/o explotación de bienes del dominio público y/o privado. Este es un paso significativo para posibilitar la privatización de los bienes del Estado y de la provisión de servicios públicos.
El proyecto aprobado establece que “la participación estatal deberá alentar y ser compatible con la participación del sector privado”. ¿Qué significa esto? ¿Que tenga que generar beneficios, o que no pueda ejercer su rol de contralor de la prestación de servicios públicos? No queda claro.
Una mención especial merecen los varios “y/o” que hay en la redacción de los artículos, que diluyen la efectividad de lo propuesto. Por ejemplo, se expresa que la contratante deberá “ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos”. Así redactado daría lugar a considerar sólo la rentabilidad económica en las asociaciones, lo que sería especialmente perjudicial en la provisión de servicios públicos.
El “y/o”, y el “salvo informe fundado que justifique su exclusión” se utilizan también para reglamentar los beneficios a pymes, desactivando de esta forma toda obligación de fomento al sector.
En resumen, creo que este es un proyecto privatizador, solicitado por las grandes multinacionales, y que debería llamarse “proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional”.
Hay Presupuesto
Finalmente Diputados aprobó el Presupuesto Nacional 2017 con una serie de cambios respecto al proyecto original del Ejecutivo, aunque con insuficientes aumentos de partidas para determinados gastos y un elevado nivel de discrecionalidad en su asignación.
Aún con los cambios, es un presupuesto para implementar el ajuste neoliberal que fomenta el gobierno de Mauricio Macri.
El Presupuesto reduce los gastos en áreas vinculadas a los Derechos Humanos y la Memoria, la Verdad y la Justicia, y recorta los presupuestos de Ciencia y Técnica, a pesar de los aumentos incorporados en el dictamen final, los cuales resultan insuficientes. También realiza una baja asignación a los gastos de capital, aún con los $ 5000 millones del Fondo Federal Solidario otorgados a las provincias. El presupuesto para las universidades no sólo es exiguo, sino que la ampliación que se realizó se destina a 22 de las 56 universidades existentes, una parcialidad perturbadora al pensar en la necesaria libertad de enseñanza que debiera primar.
En mi dictamen sostuve que las asignaciones presupuestarias destinadas a las políticas de Derechos Humanos y la Memoria, la Verdad y la Justicia deben, al menos, mantener su valor en términos reales, e incluso sería conveniente incrementarlas paulatinamente, de forma tal de ir fortaleciendo el desarrollo de las políticas. En el caso del presupuesto universitario, propuse, siguiendo la iniciativa del Consejo Interuniversitario Nacional, que fuera ese organismo el que asignara los presupuestos a las distintas universidades.
En la revisión del Presupuesto, se rechazó de plano la solicitud de varios legisladores (incluida también en mi dictamen) de asignar las partidas para el presupuesto del Parlamento del Mercosur y las dietas de los legisladores que representan a nuestro país. No sólo corresponde respetar los acuerdos firmados, sino que además dicha erogación ha sido considerada como “un deber ineludible del PEN” por el fallo de la Cámara Nacional Electoral. Esta denegación por parte del oficialismo revela el nuevo sentido de la integración que pretende, denostando las instituciones de la integración entre los países de América Latina.
El endeudamiento en divisas por U$S 45 mil millones colisiona con las declaraciones del ministro Prat-Gay en Nueva York (20/09/16) acerca de que no se tomarían más de U$S 15 mil millones de deuda externa el año que viene. De toda esta cantidad, sólo el 0,6% se va a destinar a gastos de capital. El endeudamiento en moneda dura se destinará a cancelar deuda, a pagar intereses (por un monto muy superior al de este año) y una gran parte a financiar el abultado déficit fiscal.
Esta definición no está fuera de la lógica del gobierno. De allí el interés en la aprobación del proyecto de Participación Público-Privada (PPP), para que las empresas transnacionales inviertan en las áreas que desean, con un gran paraguas de rentabilidad.
Critiqué la no existencia del cálculo del impacto de la prometida modificación del Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría-rentas del trabajo personal). Pero al día siguiente de la aprobación del Presupuesto se conoció la intención del gobierno de subir sólo el 15% el mínimo no imponible del impuesto en 2017, mientras que la modificación de las escalas llevaría unos dos años (El Cronista, 04/11/16). Pareciera que el tema de la modificación de Ganancias fue sólo otra puesta en escena, de las muchas a las que nos tiene acostumbrados el macrismo.
Las transferencias de las clases de menores y medios ingresos hacia los poderosos que tiene por objeto la administración macrista, y que se expresan implícitamente en el Presupuesto, se consolidan con la frase del presidente en Córdoba este último viernes. Dijo Macri: “cuando estén los resultados de esta siembra récord que tenemos en Argentina, va a haber más producción y más crecimiento. Y eso nos va a permitir salir de la pobreza, generando trabajo de calidad”. Luego de haber indicado que el proceso de reducción de pobreza era una meta a lograr en el largo plazo, ahora asigna a la cosecha agrícola en curso, no sólo el poder de reducir la pobreza, sino de generar trabajo de calidad.
Preocupa cuál es la definición de “trabajo de calidad” para Macri, al asignarlo a una actividad que se ha caracterizado históricamente (no sólo en Argentina) por la creación de trabajos precarios o de bajo ingreso.
En definitiva, una fase más del proceso que nos intenta llevar a una sociedad de un tercio (con dos tercios de excluidos), que gestiona el actual gobierno con una lógica que también prevaleció en los años noventa.
