Presión para acelerar el ajuste

10/12/2017

Tiempo Argentino | Opinión

Por Carlos Heller

Un día como hoy, hace 34 años, Argentina retomaba la vida democrática tras años de brutal ajuste y represión estatal. Con este dato como telón de fondo, es menester no ignorar las enseñanzas de la historia, habida cuenta de todo un conjunto de provocadoras decisiones que se están tomando en nuestro país.

En lo económico, el gobierno sigue intentando acelerar el ajuste y las reformas, mientras en paralelo trata de acallar las voces que se multiplican en contra de estas políticas, apoyado en una fuerte ofensiva mediática y judicial.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de anticipar que la política monetaria seguirá siendo dura por la suba de los precios regulados. Traducido: habrá más inflación, mayores tasas de interés y más ajuste fiscal, lo que llevará seguramente a las subas de la pobreza y el desempleo. Las presiones del establishment para ajustar aún más no cesan. Se pueden encontrar en la nota de Orlando Ferreres “Cambiamos para no cambiar” (La Nación, 6/12/17). El economista afirma que “es tremendo el número de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales y el Gobierno hace muy poco para corregirlo. Lo mismo con la cantidad de jubilados y pensionados, tanto nacionales, provinciales y municipales, que no se ha podido llevar al nivel que les correspondería, con las salvedades del caso”. Queda la duda sobre cuál será su idea para reducir el número de jubilados y pensionados. También dijo: “¿En dónde podríamos hacer estos cambios? Creo que los mismos son fundamentales en la política sindical, allí es donde hay que poner la mirada”. Dos comentarios que van de la mano de lo que el oficialismo viene impulsando en materia laboral y previsional. Una línea de razonamiento similar desarrolló el argentino Claudio Loser, ex FMI, quien fue, recordemos, asesor de los fondos buitre en el caso Puerto Rico. Algunas de las recomendaciones de sus informes: cobrar más impuestos, vender edificios públicos y recortar drásticamente el gasto en educación pública.En cuanto a Argentina, señaló: “El riesgo es que vayan demasiado despacio en la reducción del déficit fiscal. Sobre el impacto social hay que diferenciarlo del tema de los salarios del sector público. Argentina puede perfectamente acomodar, como lo hizo en el pasado y como lo han hecho otros países (Chile, México, Brasil) proteger en forma inteligente a los sectores pobres de la sociedad, esto es esencial, se puede acomodar dentro del Presupuesto, pero hay que tocar vacas sagradas (fuerzas sindicales, eficientizar gastos nacionales y provinciales).” ¿A qué pasado se refiere? ¿Qué propone hacer con las “vacas sagradas”? ¿Será parte de este reacomodamiento el anuncio de que en el Estado hay identificados al menos unos 17 mil puestos de trabajo “superfluos”? Un ácido regalo navideño para los empleados estatales. Por el lado de las jubilaciones, el diputado oficialista Luciano Laspina dijo: “los jubilados van a mantener y aumentar su poder adquisitivo”. Una frase propia del realismo mágico. Cabe recordar que con la nueva fórmula las ponderaciones para actualizar la fórmula serán de un 70% vía precios minoristas y un 30% por salarios registrados. ¿Cómo podría darse entonces tal aumento si las proyecciones sobre los salarios, flexibilización laboral mediante, indican que no subirán por encima de la inflación? Se los indexaría también por la canasta total de precios, un mecanismo insuficiente. Por ejemplo, los medicamentos, que tienen un fuerte peso en la canasta de consumo de los jubilados, subieron desde que se computa el nuevo índice de precios (abril 2016) un 46%, mientras que el índice general se incrementó en 36%: indexar por IPC no garantiza mantener el poder adquisitivo de los jubilados. Queda entonces cada vez más claro que gran parte del ajuste será pagado por los jubilados, y esto no sólo tiene que ver con los componentes de la fórmula de ajuste, sino además con la periodicidad de la aplicación inicial. Resulta que, con la nueva metodología, en marzo se ajustarían los haberes por el semestre transcurrido ¡con un índice que recoge la inflación de sólo un trimestre! Un procedimiento que se ha calificado de inconstitucional y poco ético, pero que le permitiría al gobierno llegar a cumplir con su meta fiscal en 2018. El gobierno se preocupa por justificar el abrupto recorte. Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, llegó a decir: “nuestras jubilaciones son más altas que las del resto del mundo y de la región” (realismo mágico II). Más tarde el funcionario terminó de confesarse al decir: “No recuerdo el caso de Finlandia, pero en general las jubilaciones públicas en la Argentina están entre las más altas. Lo que sucede es que en los otros países hay sistemas privados que complementan esas jubilaciones”. En otros términos: el gobierno aún no consiguió que el Parlamento apruebe las modificaciones a la fórmula y ya estaría pensando en una segunda etapa de reforma previsional que incluiría algo similar al sistema de AFJP que ya fracasó en Argentina y que debió ser estatizado. Puertas afuera, Chile es un caso de régimen privado que desde hace años se encuentra fuertemente cuestionado. En ese contexto, toman más cuerpo las palabras del Papa Francisco, que estos días sostuvo: “un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría”. Acelerando en el frente externoEl gobierno mantiene su coherencia neoliberal y así, mientras acelera el ajuste interno, no deja de lado el capítulo de la apertura comercial. Hoy arranca la 11ª Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se esperan avances concretos en las negociaciones multilaterales, algo habitual en los últimos tiempos, y que se profundizaría con la postura proteccionista de Estados Unidos. Para peor, en su equipaje de mano el gobierno de EE UU trajo una nota donde ratifica que mantendrá por cinco años los aranceles de importación para el biodiésel argentino.En este marco, y tal como ocurrió en la asunción de la presidencia pro tempore del G20, el presidente Macri intenta ser un buen alumno ante los inversores y se apurará para mostrar los avances que se hayan alcanzado en las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Si de por sí este tipo de acuerdos es nocivo para los intereses nacionales, mucho peor es hacerlo con una estrategia de tener “algo” para mostrar. Mientras el mundo apunta en una dirección menos aperturista, el gobierno argentino hace todo lo contrario, y decide pagar el ajuste de los países centrales con una apertura indiscriminada y acuerdos que benefician a esas naciones. El impacto del acuerdo Mercosur-UE sobre las empresas industriales y sus trabajadores, en especial sobre las pymes, no se hará esperar. También se verán afectados otros ámbitos, como la seguridad alimentaria o la salud pública. Por caso, Médicos sin Fronteras señaló días atrás que las cuestiones de propiedad intelectual que se negocian en el tratado “restringirán” el acceso a medicamentos esenciales para millones de ciudadanos, al limitarse la provisión de medicamentos genéricos y hacer subir los precios en los países de la región. Éste es sólo un pequeño pero impactante ejemplo de las consecuencias de la “vuelta al mundo” del gobierno de Cambiemos. Resulta entonces indispensable poner en discusión las implicancias negativas que tendrá la política aperturista sobre la sociedad argentina. México, con salarios exiguos y un elevado nivel de pobreza, es un claro ejemplo de los resultados de la aplicación de este tipo de tratados. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de anticipar que la política monetaria seguirá siendo dura por la suba de los precios regulados. Traducido: habrá más inflación, mayores tasas de interés y más ajuste fiscal, lo que llevará seguramente a las subas de la pobreza y el desempleo.

Las presiones del establishment para ajustar aún más no cesan. Se pueden encontrar en la nota de Orlando Ferreres “Cambiamos para no cambiar” (La Nación, 6/12/17). El economista afirma que “es tremendo el número de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales y el Gobierno hace muy poco para corregirlo. Lo mismo con la cantidad de jubilados y pensionados, tanto nacionales, provinciales y municipales, que no se ha podido llevar al nivel que les correspondería, con las salvedades del caso”. Queda la duda sobre cuál será su idea para reducir el número de jubilados y pensionados. También dijo: “¿En dónde podríamos hacer estos cambios? Creo que los mismos son fundamentales en la política sindical, allí es donde hay que poner la mirada”. Dos comentarios que van de la mano de lo que el oficialismo viene impulsando en materia laboral y previsional.

Una línea de razonamiento similar desarrolló el argentino Claudio Loser, ex FMI, quien fue, recordemos, asesor de los fondos buitre en el caso Puerto Rico. Algunas de las recomendaciones de sus informes: cobrar más impuestos, vender edificios públicos y recortar drásticamente el gasto en educación pública.

En cuanto a Argentina, señaló: “El riesgo es que vayan demasiado despacio en la reducción del déficit fiscal. Sobre el impacto social hay que diferenciarlo del tema de los salarios del sector público. Argentina puede perfectamente acomodar, como lo hizo en el pasado y como lo han hecho otros países (Chile, México, Brasil) proteger en forma inteligente a los sectores pobres de la sociedad, esto es esencial, se puede acomodar dentro del Presupuesto, pero hay que tocar vacas sagradas (fuerzas sindicales, eficientizar gastos nacionales y provinciales).” ¿A qué pasado se refiere? ¿Qué propone hacer con las “vacas sagradas”? ¿Será parte de este reacomodamiento el anuncio de que en el Estado hay identificados al menos unos 17 mil puestos de trabajo “superfluos”? Un ácido regalo navideño para los empleados estatales.

Por el lado de las jubilaciones, el diputado oficialista Luciano Laspina dijo: “los jubilados van a mantener y aumentar su poder adquisitivo”. Una frase propia del realismo mágico.

Cabe recordar que con la nueva fórmula las ponderaciones para actualizar la fórmula serán de un 70% vía precios minoristas y un 30% por salarios registrados. ¿Cómo podría darse entonces tal aumento si las proyecciones sobre los salarios, flexibilización laboral mediante, indican que no subirán por encima de la inflación? Se los indexaría también por la canasta total de precios, un mecanismo insuficiente. Por ejemplo, los medicamentos, que tienen un fuerte peso en la canasta de consumo de los jubilados, subieron desde que se computa el nuevo índice de precios (abril 2016) un 46%, mientras que el índice general se incrementó en 36%: indexar por IPC no garantiza mantener el poder adquisitivo de los jubilados.

Queda entonces cada vez más claro que gran parte del ajuste será pagado por los jubilados, y esto no sólo tiene que ver con los componentes de la fórmula de ajuste, sino además con la periodicidad de la aplicación inicial. Resulta que, con la nueva metodología, en marzo se ajustarían los haberes por el semestre transcurrido ¡con un índice que recoge la inflación de sólo un trimestre! Un procedimiento que se ha calificado de inconstitucional y poco ético, pero que le permitiría al gobierno llegar a cumplir con su meta fiscal en 2018.

El gobierno se preocupa por justificar el abrupto recorte. Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, llegó a decir: “nuestras jubilaciones son más altas que las del resto del mundo y de la región” (realismo mágico II). Más tarde el funcionario terminó de confesarse al decir: “No recuerdo el caso de Finlandia, pero en general las jubilaciones públicas en la Argentina están entre las más altas. Lo que sucede es que en los otros países hay sistemas privados que complementan esas jubilaciones”. En otros términos: el gobierno aún no consiguió que el Parlamento apruebe las modificaciones a la fórmula y ya estaría pensando en una segunda etapa de reforma previsional que incluiría algo similar al sistema de AFJP que ya fracasó en Argentina y que debió ser estatizado. Puertas afuera, Chile es un caso de régimen privado que desde hace años se encuentra fuertemente cuestionado.

En ese contexto, toman más cuerpo las palabras del Papa Francisco, que estos días sostuvo: “un pueblo que no cuida a los abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría”.

Acelerando en el frente externo

El gobierno mantiene su coherencia neoliberal y así, mientras acelera el ajuste interno, no deja de lado el capítulo de la apertura comercial.

Hoy arranca la 11ª Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se esperan avances concretos en las negociaciones multilaterales, algo habitual en los últimos tiempos, y que se profundizaría con la postura proteccionista de Estados Unidos. Para peor, en su equipaje de mano el gobierno de EE UU trajo una nota donde ratifica que mantendrá por cinco años los aranceles de importación para el biodiésel argentino.

En este marco, y tal como ocurrió en la asunción de la presidencia pro tempore del G20, el presidente Macri intenta ser un buen alumno ante los inversores y se apurará para mostrar los avances que se hayan alcanzado en las negociaciones Mercosur-Unión Europea. Si de por sí este tipo de acuerdos es nocivo para los intereses nacionales, mucho peor es hacerlo con una estrategia de tener “algo” para mostrar.

Mientras el mundo apunta en una dirección menos aperturista, el gobierno argentino hace todo lo contrario, y decide pagar el ajuste de los países centrales con una apertura indiscriminada y acuerdos que benefician a esas naciones. El impacto del acuerdo Mercosur-UE sobre las empresas industriales y sus trabajadores, en especial sobre las pymes, no se hará esperar. También se verán afectados otros ámbitos, como la seguridad alimentaria o la salud pública. Por caso, Médicos sin Fronteras señaló días atrás que las cuestiones de propiedad intelectual que se negocian en el tratado “restringirán” el acceso a medicamentos esenciales para millones de ciudadanos, al limitarse la provisión de medicamentos genéricos y hacer subir los precios en los países de la región. Éste es sólo un pequeño pero impactante ejemplo de las consecuencias de la “vuelta al mundo” del gobierno de Cambiemos.

Resulta entonces indispensable poner en discusión las implicancias negativas que tendrá la política aperturista sobre la sociedad argentina. México, con salarios exiguos y un elevado nivel de pobreza, es un claro ejemplo de los resultados de la aplicación de este tipo de tratados.

Nota publicada en Tiempo Argentino el 10/12/2017