ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
El congelamiento de precios es uno de los temas esenciales del momento, a la vez que motoriza la discusión sobre las causas de la inflación y pone en evidencia la empecinada actitud de los formadores de precios de negar su responsabilidad y rechazar cualquier tipo de control.
Según se expresa en la resolución 1050/21 de la Secretaría de Comercio Interior que estableció el congelamiento de una canasta de más de 1.400 productos de consumo masivo por noventa días, “se han advertido y verificado aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también de productos de higiene y cuidado personal; los que resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción. Este aumento general de precios afecta especialmente el bienestar general de la población”.
Es decir, estamos ante una situación en la que el gobierno nacional, en su rol de representante de la ciudadanía, utiliza las herramientas que posee y que son necesarias para enfrentar una situación en la que las grandes mayorías resultan perjudicadas. La necesidad de regular queda en evidencia.
El poder adquisitivo de la población es un tema prioritario para este gobierno. El Presupuesto Nacional 2022 tiene como uno de sus objetivos principales lograr que la variación de los ingresos de los trabajadores esté por encima de los niveles de inflación. Al ser el congelamiento de precios una medida transitoria, los próximos tres meses serán de suma importancia para poder analizar y dar los pasos requeridos para resolver de fondo esta situación.
Esta es, como lo comentó el ministro de Economía Martín Guzmán, una tarea colectiva “en donde el sector privado también debe participar en el proceso de coordinación de la reducción de la inflación”.
Es evidente que la puja distributiva continúa más vigente que nunca. Es lo que lleva a que algunos sectores empresariales, utilizando su poder de mercado, aumenten los precios de sus productos para maximizar sus beneficios a costa de los consumidores.
En el reciente comunicado que publicó la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina) sobre este tema, destacan su aparente voluntad de compartir el objetivo del gobierno de “garantizar los derechos esenciales de la población y su goce efectivo” pero, a su vez, sostienen que “la resolución 1050/21 (…) opera exactamente en el sentido opuesto, y no logra resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación”. Queda claro que le arrojan la culpa de la inflación exclusivamente a las políticas del gobierno. Además, recomiendan como solución a la inflación “un plan de estabilización que dé señales claras sobre la política monetaria y fiscal”, al tiempo que se oponen al control de precios.
En otras palabras, AmCham insiste en un ajuste fiscal. Ahí es donde el gobierno está decidido a no ceder. Simplemente porque no sólo no es la solución para moderar la inflación, sino que además no hace falta ir muy atrás en el tiempo para recordar que el ajuste solamente genera pobreza, exclusión social y reducción de la actividad económica.
Resulta esencial analizar todas las variables de la economía argentina que están en juego, ya que muchas de ellas se relacionan entre sí. De hecho, hasta el propio FMI señaló que la inflación es multicausal. El proceso de desendeudamiento que llevó a cabo el gobierno argentino el año pasado con los acreedores privados implicó un ahorro de unos 35.000 millones de dólares en una década y la inexistencia de pagos de capital hasta 2024. Esta solución generó un alivio en el frente externo que permite disponer de más divisas para dinamizar la producción. El próximo paso es el acuerdo con el FMI. Un acuerdo que, como señaló Guzmán, permita que la deuda “deje de ser una carga desestabilizante en la balanza de pagos”. “Hay que lograr que esa carga insostenible se transforme en una que no dañe las perspectivas de desarrollo de una sociedad”, sostuvo.
El resto de los datos macroeconómicos que podrían influir eventualmente en crear expectativas inflacionarias se encuentran estables y en línea con lo presupuestado por el gobierno para este año.
El superávit de la balanza comercial acumulado durante los primeros nueve meses del año (12.300 millones de dólares) es el mayor desde hace 12 años. Las reservas internacionales en el Banco Central muestran un moderado sendero de crecimiento en los últimos meses y se encuentran en un nivel similar al de diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, pandemia sanitaria de por medio y con una fuerte reducción del comercio internacional.
Por otro lado, el Ministerio de Economía informó que las necesidades de financiamiento para hacer frente a las obligaciones de deuda del tercer trimestre 2021 fueron superadas en un 17%, gracias a la exitosa colocación de instrumentos de deuda pública.
Tampoco se observa una señal de devaluación en el propio mercado de dólar futuro, el cual estima una cotización para fin de año levemente más alta a la proyectada en el Presupuesto 2022.
No hay razones objetivas para anticipar una devaluación, excepto intereses creados que pugnen por desestabilizar el escenario económico, especialmente ante la cercanía de las elecciones.
Parlamento activo
En su primera sesión con presencialidad plena, la Cámara de Diputados debatió importantes proyectos, muchos de ellos orientados a aumentar derechos, otros para mejorar la situación económica de los sectores más necesitados de la sociedad. Por ejemplo, el de “Alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-19”, tratamiento que se completó el jueves 28 de octubre con la rápida aprobación del Senado, por unanimidad. La iniciativa apunta a condonar deudas de entidades religiosas, cooperativas de trabajo y escolares, clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos voluntarios y otras entidades sin fines de lucro. El beneficio alcanza también a micro y pequeñas empresas y a pequeños contribuyentes (incluidos monotributistas) cuya deuda sea menor a 100.000 pesos.
Además, se establece una extensión de la moratoria tributaria, aduanera y de la seguridad social a deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2021. La moratoria alcanza principalmente a varios grupos: los que tenían planes de moratoria y dejaron de pagarlos, por lo cual caducaron, pueden retomarlos en las mismas condiciones originales. Alcanza también a aquellos que se acogieron a los planes de facilidades de pago permanente (que están pagando elevadas tasas de interés) y a aquellos que tienen deuda líquida exigible y que están en condiciones de ser ejecutados por AFIP (ejecuciones que por el momento están suspendidas).
Los planes de pago tienen mejores condiciones (más cuotas, menos interés y más condonación de intereses punitorios) en la medida que las y los contribuyentes sean más pequeños.
Esta normativa significa un gran esfuerzo fiscal, y una elevada cantidad de empresas beneficiadas (la gran mayoría micro y una importante porción de empresas pequeñas) y más de 700 mil monotributistas que se encuentran beneficiados.
Por otro lado, el proyecto sobre Etiquetado Frontal de Alimentos se convirtió en ley, con algunos votos en contra de parte de Juntos por el Cambio. Una iniciativa fundamental para respetar el derecho a la información de los consumidores sobre aquellos productos alimenticios procesados que tengan exceso de nutrientes críticos. La información dispuesta tenderá a morigerar el aumento de la malnutrición o enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o cardiovasculares.
Estamos en un momento clave en materia electoral, es fundamental apoyar a este gobierno que, a pesar de los obstáculos que debió atravesar, tales como dos pandemias, desinformación mediática y un sector privado que muchas veces no acompaña, no cesa en su meta fundamental: mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas.
