Minuto Uno | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Quizá el más urgente de los desafíos asumidos por el nuevo gobierno sea la recuperación de los ingresos de la población. Es un tema de difícil tratamiento porque hace a la discusión central de la relación capitalista, es decir, cuánto corresponde al salario y cuánto a la ganancia empresaria, con la complejidad adicional de la enorme diferencia en el proceso productivo entre oligopolios (locales o extranjeros), pequeñas empresas y la economía social.
En la Argentina de los últimos años se ha vuelto aún más complicado por estar asentado en un proceso inflacionario importante ¿Cómo hacen los trabajadores y empresarios para evaluar su situación en una economía donde cada año los precios suben más de un 50%, más allá del carácter asimétrico entre unos y otros? ¿Cómo hacen los sectores más desprotegidos que no tienen paritaria, en una economía donde la canasta básica alimentaria aumentó 4,3% en diciembre, es decir, sube más que la canasta del IPC (Índice de Precios al Consumidor)? Por eso resulta imperioso tomar medidas que aborden de forma integral la relación entre inflación y distribución del ingreso.
Como sabemos, la inflación es un fenómeno multicausal que expresa la puja distributiva. Ya se han desplegado medidas de orden macroeconómico -como las regulaciones cambiarias- y políticas sectoriales como el congelamiento de tarifas de servicios públicos y combustibles. Pero otro nivel de acción tiene que ver con los precios de los bienes finales. La ley de góndolas y el relanzamiento de Precios Cuidados son políticas centrales en esa dirección. Pero además, hay una nueva visión acerca del rol del Estado en esta temática.
Alberto Fernández denunció que ante la quita temporal del IVA a algunos productos, los supermercados no acusaron la baja de precios correspondiente a los consumidores, o sea que se quedaron con la diferencia. Todo indica que esta conducta insolidaria no será tolerada, atendiendo a los dichos del Presidente de la Nación: “Si la demanda cae, los precios tienden a bajar, pero en la Argentina suben, hay algo que está mal. Nos empeñamos en hablar con los empresarios para decirles que esto no podía pasar”. Se trata entonces de evitar que si el fisco y la sociedad hacen un esfuerzo, llegue a los consumidores finales, y no termine enriqueciendo más a las grandes marcas y supermercados.
¿Se trata de un problema de la política? No, es un problema de la aplicación de una política correcta a favor de los consumidores que son las y los ciudadanos. Mientras el gobierno anterior solo estaba interesado en lanzar de manera precipitada la baja de IVA para que llegara a los titulares de los diarios en período de campaña electoral, el gobierno actual ha decidido reconfigurar la política para asegurar que el beneficio llegue a quien corresponda, acordando con las partes y a su vez ejerciendo el control correspondiente.
Por ello, el nuevo programa de Precios Cuidados se concentra en bienes de la canasta básica, incluyendo primeras marcas, y reporta una baja de precios promedio del 8%. Algunos bajan 30%. Una de sus grandes ventajas es que “precios cuidados” es una marca en si misma, reconocida por el público.
Los aumentos a las familias que reciben la AUH, jubilados y pensionados, junto al bono para trabajadores del sector privado incluidos en la ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública implican cerca de 100 mil millones de pesos. Tal transferencia tiene como objetivo no solo atender a la emergencia social, el hambre y la pobreza, sino también ayudar a la reactivación de la economía para que “derrame” de abajo para arriba. O sea distribuir para crecer.
Para que estas políticas de ingreso tengan éxito y no se pierdan en potenciación de la ganancia capitalista y la fuga de capitales, el gobierno lanzó el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad, convocando a una reunión con los trabajadores, empresarios y movimientos sociales en un Consejo Económico y Social.
Este pacto social convoca a los actores económicos a alcanzar objetivos pautados en prioridades y etapas. Se plantea la voluntad de pago de los compromisos externos, pero a la inversa del apotegma de Nicolás Avellaneda, quien prometió honrar la deuda con el hambre y sed de los argentinos. El documento concertado por el gobierno de Alberto Fernández aclara que la prioridad está en “la dignidad humana por encima de cualquier interés” porque “sin ello sería imposible cumplir con las obligaciones que asuma el país”.
