Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En los tiempos que corren una de las tareas más necesarias pasa por diferenciar la realidad de la posverdad que los grandes sectores concentrados intentan instalar, por fuera de la veracidad de los argumentos.
Ejemplo de ello fue la campaña para tergiversar iniciativas de corte progresivo, como el proyecto para la creación de un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con lo recaudado de los pagos de quienes fugaron activos al exterior sin cumplir con las obligaciones tributarias de nuestro país. En el listado se incluye también la propuesta de cobrar un gravamen excepcional sobre la “renta inesperada” de las empresas que se están viendo ampliamente beneficiadas por el incremento de precios internacionales, a raíz del conflicto bélico. De acuerdo al conjunto de parámetros que enunció el gobierno, las firmas alcanzadas no llegarían al 1% del total, es decir, una minoría.
En este último caso, es una clara medida de redistribución que servirá para apuntalar la situación fiscal y no tener que afectar el gasto social que se precisa en el actual contexto, más aún cuando desde antes de la guerra había en Argentina un 37% de personas bajo la línea de pobreza. A pesar de eso, algunos sectores rechazan el rol del Estado y dicen que es dinero que se “despilfarra” y que le “sacan a los argentinos”, algo totalmente opuesto a la realidad.
Entre los argumentos utilizados, se escuchó decir que es un gravamen que se agregaría a una supuesta alta presión impositiva de nuestro país, que ya aplicaría 164 impuestos. Una flagrante falsedad, en primer lugar, porque la propuesta es para una herramienta que se pagaría por única vez (consecuencia de la guerra en Ucrania), pero además porque la lista de “supuestos tributos” es conceptualmente errónea, está deliberadamente ampliada. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que “al menos, el 65% de los conceptos incluidos no son impuestos” sino otras herramientas fiscales que suelen estar asociadas a una contraprestación por parte del Estado como “tasas, contribuciones, cánones”, entre otros. El listado incluye también el “Aporte Extraordinario sobre las Grandes Fortunas”, que se produjo por única vez y no forma parte del sistema tributario habitual. Así y todo, no hay que dejar de decir que la “presión impositiva” argentina es menor que la del promedio de la OCDE y de países como Brasil y Uruguay.
Desde el sector privado, en particular, alzó su voz en estos días el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Según su presidente, Roberto Murchison, “no hay margen para bajar impuestos, pero tampoco para subirlos”. Pero lo cierto es que, en tiempos como los que corren, no hacer nada es tener una política regresiva.
En línea con los argumentos más usuales del establishment, Murchison también señaló que iniciativas como la de la renta inesperada “no favorecen” la inversión de las empresas. “Con una tasa de inversión de menos de 21% al año nos estamos comiendo el capital”, agregó. Algo similar a lo que expresa el documento publicado por AEA hace unos días, elocuentemente titulado: “Más impuestos = Menos inversiones y empleo”. Un verdadero argumento de posverdad.
Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri se rebajaron las alícuotas del impuesto a los bienes personales, reduciendo la carga de los sectores de mayores ingresos, y profundizando la política que comenzó con la eliminación y la baja de retenciones a los sectores agropecuarios y mineros (salvo al final del mandato que subieron las retenciones a la harina y el aceite de soja), la reducción del impuesto a las ganancias a empresas, etc. Se avanzó con gran parte del listado de pedidos empresarios, pero así y todo la tasa de inversión con relación al PBI no aumentó, sino que disminuyó. En 2015 era del 19,6%, mientras que en 2019 descendió a 17,2% del PBI. No fue lluvia sino sequía de inversiones.
Al cabo de dos años, luego de haber asumido el gobierno del Frente de Todos, en 2021 la inversión fue del 20,1%, un incremento de casi tres puntos del PBI. A pesar de la pandemia neoliberal y sanitaria, no sólo se logró incrementar este guarismo sino que mejoró su composición. Según se lee en el último informe del Centro de Estudios para la Producción, “si bien todos los componentes de la inversión superaron los niveles de 2019, se observó en 2021 un cambio de perfil notorio: producto de una creciente sustitución de importaciones, los bienes de capital nacionales han ido ganando terreno sobre los importados”.
Las críticas tampoco tienen en cuenta que la mayor progresividad, a su vez, al volcar recursos hacia los sectores que más los necesitan, genera también una mayor actividad interna por la vía del consumo, un efecto del que no suelen hablar.
Se conoció esta semana un informe regional del FMI titulado “América Latina enfrenta riesgos inusitadamente altos”, elaborado, entre otros, por el director para el Hemisferio Occidental del organismo, Ilan Goldfajn. Cómo será de grave la situación que hasta el mismo Fondo señala que “para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos deberían proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso” y agrega que “donde no existen redes de protección desarrolladas, los gobiernos podrían poner en marcha mecanismos temporales para suavizar el traslado de la subida de los precios internacionales a los precios internos”. Saliendo del más corto plazo, el FMI también señala: “El gasto en programas sociales, salud, educación e inversión pública debe protegerse, al tiempo que se implementan reformas tributarias (como el aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas) que apuntalen el crecimiento inclusivo y ayuden a los países a mantener la sostenibilidad fiscal”.
En nuestro país, en la región, y en el resto del mundo, los gobiernos que quieren implementar políticas en favor de las mayorías deben lidiar con oposiciones fronteras adentro, muy radicalizadas, con muchos recursos y que reiteradas veces acuden a la exacerbación de los odios como un recurso más para intentar incidir en las sociedades. “Queremos nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver, por las buenas o por las malas”, expresa un comunicado distribuido por integrantes de la principal oposición. Cabe preguntar: ¿El país de quién y para quién? ¿Para unos pocos, para algunos, o para todos?
Como mencioné reiteradas veces, la clave pasa por cómo se acumula y cómo se distribuye lo que se genera. El sistema actual tiende naturalmente a la concentración de la riqueza. Por eso hace falta contar con un Estado muy activo garantizando los servicios públicos esenciales y utilizando las herramientas de las que dispone para bregar por una vida digna para toda la ciudadanía. Ese es el punto de partida desde donde deberían plantearse las políticas públicas en todos los ámbitos. Este camino no se encuentra exento de dificultades, y por ello se requiere determinación y apoyo de la sociedad, a pesar de la batalla desigual que hay que afrontar producto de una estrategia comunicacional de los grupos concentrados que retacea la realidad y no habla nunca de las políticas concretas (porque espantarían a parte de los potenciales votantes de la oposición), y trata de cristalizar una sociedad, como ocurre en gran parte del mundo, cada vez más injusta y desigual. En los tiempos que corren una de las tareas más necesarias pasa por diferenciar la realidad de la posverdad que los grandes sectores concentrados intentan instalar, por fuera de la veracidad de los argumentos.
Ejemplo de ello fue la campaña para tergiversar iniciativas de corte progresivo, como el proyecto para la creación de un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con lo recaudado de los pagos de quienes fugaron activos al exterior sin cumplir con las obligaciones tributarias de nuestro país. En el listado se incluye también la propuesta de cobrar un gravamen excepcional sobre la “renta inesperada” de las empresas que se están viendo ampliamente beneficiadas por el incremento de precios internacionales, a raíz del conflicto bélico. De acuerdo al conjunto de parámetros que enunció el gobierno, las firmas alcanzadas no llegarían al 1% del total, es decir, una minoría.
En este último caso, es una clara medida de redistribución que servirá para apuntalar la situación fiscal y no tener que afectar el gasto social que se precisa en el actual contexto, más aún cuando desde antes de la guerra había en Argentina un 37% de personas bajo la línea de pobreza. A pesar de eso, algunos sectores rechazan el rol del Estado y dicen que es dinero que se “despilfarra” y que le “sacan a los argentinos”, algo totalmente opuesto a la realidad.
Entre los argumentos utilizados, se escuchó decir que es un gravamen que se agregaría a una supuesta alta presión impositiva de nuestro país, que ya aplicaría 164 impuestos. Una flagrante falsedad, en primer lugar, porque la propuesta es para una herramienta que se pagaría por única vez (consecuencia de la guerra en Ucrania), pero además porque la lista de “supuestos tributos” es conceptualmente errónea, está deliberadamente ampliada. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que “al menos, el 65% de los conceptos incluidos no son impuestos” sino otras herramientas fiscales que suelen estar asociadas a una contraprestación por parte del Estado como “tasas, contribuciones, cánones”, entre otros. El listado incluye también el “Aporte Extraordinario sobre las Grandes Fortunas”, que se produjo por única vez y no forma parte del sistema tributario habitual. Así y todo, no hay que dejar de decir que la “presión impositiva” argentina es menor que la del promedio de la OCDE y de países como Brasil y Uruguay.
Desde el sector privado, en particular, alzó su voz en estos días el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Según su presidente, Roberto Murchison, “no hay margen para bajar impuestos, pero tampoco para subirlos”. Pero lo cierto es que, en tiempos como los que corren, no hacer nada es tener una política regresiva.
En línea con los argumentos más usuales del establishment, Murchison también señaló que iniciativas como la de la renta inesperada “no favorecen” la inversión de las empresas. “Con una tasa de inversión de menos de 21% al año nos estamos comiendo el capital”, agregó. Algo similar a lo que expresa el documento publicado por AEA hace unos días, elocuentemente titulado: “Más impuestos = Menos inversiones y empleo”. Un verdadero argumento de posverdad.
Sin embargo, durante la gestión de Mauricio Macri se rebajaron las alícuotas del impuesto a los bienes personales, reduciendo la carga de los sectores de mayores ingresos, y profundizando la política que comenzó con la eliminación y la baja de retenciones a los sectores agropecuarios y mineros (salvo al final del mandato que subieron las retenciones a la harina y el aceite de soja), la reducción del impuesto a las ganancias a empresas, etc. Se avanzó con gran parte del listado de pedidos empresarios, pero así y todo la tasa de inversión con relación al PBI no aumentó, sino que disminuyó. En 2015 era del 19,6%, mientras que en 2019 descendió a 17,2% del PBI. No fue lluvia sino sequía de inversiones.
Al cabo de dos años, luego de haber asumido el gobierno del Frente de Todos, en 2021 la inversión fue del 20,1%, un incremento de casi tres puntos del PBI. A pesar de la pandemia neoliberal y sanitaria, no sólo se logró incrementar este guarismo sino que mejoró su composición. Según se lee en el último informe del Centro de Estudios para la Producción, “si bien todos los componentes de la inversión superaron los niveles de 2019, se observó en 2021 un cambio de perfil notorio: producto de una creciente sustitución de importaciones, los bienes de capital nacionales han ido ganando terreno sobre los importados”.
Las críticas tampoco tienen en cuenta que la mayor progresividad, a su vez, al volcar recursos hacia los sectores que más los necesitan, genera también una mayor actividad interna por la vía del consumo, un efecto del que no suelen hablar.
Se conoció esta semana un informe regional del FMI titulado “América Latina enfrenta riesgos inusitadamente altos”, elaborado, entre otros, por el director para el Hemisferio Occidental del organismo, Ilan Goldfajn. Cómo será de grave la situación que hasta el mismo Fondo señala que “para garantizar la cohesión social y reducir el riesgo de tensión social, los gobiernos deberían proporcionar apoyo focalizado y temporal a los hogares vulnerables y de bajo ingreso” y agrega que “donde no existen redes de protección desarrolladas, los gobiernos podrían poner en marcha mecanismos temporales para suavizar el traslado de la subida de los precios internacionales a los precios internos”. Saliendo del más corto plazo, el FMI también señala: “El gasto en programas sociales, salud, educación e inversión pública debe protegerse, al tiempo que se implementan reformas tributarias (como el aumento de los impuestos sobre la renta de las personas físicas) que apuntalen el crecimiento inclusivo y ayuden a los países a mantener la sostenibilidad fiscal”.
En nuestro país, en la región, y en el resto del mundo, los gobiernos que quieren implementar políticas en favor de las mayorías deben lidiar con oposiciones fronteras adentro, muy radicalizadas, con muchos recursos y que reiteradas veces acuden a la exacerbación de los odios como un recurso más para intentar incidir en las sociedades. “Queremos nuestro país de vuelta. Nos lo van a devolver, por las buenas o por las malas”, expresa un comunicado distribuido por integrantes de la principal oposición. Cabe preguntar: ¿El país de quién y para quién? ¿Para unos pocos, para algunos, o para todos?
Como mencioné reiteradas veces, la clave pasa por cómo se acumula y cómo se distribuye lo que se genera. El sistema actual tiende naturalmente a la concentración de la riqueza. Por eso hace falta contar con un Estado muy activo garantizando los servicios públicos esenciales y utilizando las herramientas de las que dispone para bregar por una vida digna para toda la ciudadanía. Ese es el punto de partida desde donde deberían plantearse las políticas públicas en todos los ámbitos. Este camino no se encuentra exento de dificultades, y por ello se requiere determinación y apoyo de la sociedad, a pesar de la batalla desigual que hay que afrontar producto de una estrategia comunicacional de los grupos concentrados que retacea la realidad y no habla nunca de las políticas concretas (porque espantarían a parte de los potenciales votantes de la oposición), y trata de cristalizar una sociedad, como ocurre en gran parte del mundo, cada vez más injusta y desigual.
