Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El año pasado, la mayoría de los indicadores económicos reflejaron mejores resultados que los que establecía el proyecto de Presupuesto 2022, no aprobado por la oposición parlamentaria liderada por Juntos por el Cambio. El crecimiento de la Argentina en el 2022, por ejemplo, estará cerca del 5,5%, muy por arriba del 4% previsto en dicho proyecto.
Según un informe de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, en 2022 crecieron todas las ramas de producción industrial con relación a 2021, algunas incluso alcanzando récords históricos. Entre ellas alimentos y bebidas, minerales no metálicos, maquinaria y químicos. Sucedió en un escenario internacional recesivo. Ese crecimiento ha venido acompañado de la creación de empleo, en plena recuperación luego de las dos pandemias, la neoliberal y la sanitaria.
Esta mejora de los indicadores económicos convive con la suba de la inflación, que en enero se ubicó en el 6%, tras haber alcanzado el 4,9% en noviembre y el 5,1% en diciembre.
La economía no puede funcionar bien con esta inflación mensual. Cuando en los países centrales hay esos niveles inflacionarios anuales se toman medidas recesivas. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó recientemente en un foro sobre la independencia de los bancos centrales que “la ausencia de un control político directo sobre nuestras decisiones nos permite tomar estas medidas necesarias sin considerar los factores políticos de corto plazo”. También aseguró que la Reserva Federal necesita de “independencia económica” para poder controlar el aumento inflacionario y que “restaurar la estabilidad de precios cuando la inflación es alta puede requerir medidas que no son populares a corto plazo, ya que elevamos las tasas de interés para desacelerar la economía”.
Es la idea de que los presidentes de los bancos centrales deben ser independientes de la política. Es decir: funcionarios que provengan del mercado, respondan a él y tomen medidas extremas para producir la caída del poder adquisitivo, la baja de la demanda y, a partir de allí, lograr que los precios desciendan.
El Frente de Todos apuesta por la creación de un modelo en el que la economía crezca y genere empleo sin recurrir a medidas de shock recesivas. Esta política consiste en una gran gradualidad: el Presupuesto 2023, por ejemplo, contiene una meta inflacionaria del 60% anual para este año, de 44% para 2024 y de 33% para 2025.
En el plano de la política, el jueves tuvo lugar en la sede del Partido Justicialista la primera reunión de la mesa del Frente de Todos. Allí se acordó un documento que sostiene que “tenemos como responsabilidad disponer las acciones necesarias para impedir la proscripción de la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuyo liderazgo y potencia electoral no nos puede ser arrebatado”. Además, se debatió intensamente sobre cuestiones electorales y programáticas.
El documento comienza destacando que “en 2023 se enfrentarán dos modelos de país. La Argentina de un progreso compartido, democrática e igualitaria; y el anacronismo de una derecha que concibe al país como una plataforma de negocios para unos pocos”.
El texto acordado ratifica el rumbo. Propone seguir en la dirección en la que vamos, aun cuando haya cosas que faltan o se hayan hecho de manera insuficiente. Hay una convicción común: darle continuidad al proyecto. Luego podemos y debemos discutir sus intensidades o sus formas.
El documento agrega: “Conocemos todas las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas. Por eso, es tarea primordial de quienes formamos parte de este proyecto político continuar los esfuerzos para reducir la inflación, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y trabajar en cada una de las políticas públicas necesarias para que nuestra gente viva mejor. Ese fue el contrato electoral que acordamos de cara a la sociedad en 2019 y por el cual debemos seguir trabajando”. Además, sostiene que “estos cuatro años de gobierno se vieron atravesados por circunstancias externas, como la pandemia y la guerra, que agravaron la situación de una economía devastada y sometida a un endeudamiento salvaje por el gobierno de Macri. A pesar de este contexto, se realizaron esfuerzos que es necesario reconocer y reivindicar como parte de las tareas que nos tocó llevar adelante. Es necesario avanzar hacia una etapa que le permita recuperar al pueblo argentino la esperanza”.
La reunión fue el punto de partida de un proceso de ampliación del debate interno en el Frente de Todos, de ordenamiento de su discurso y su estrategia política y electoral. Tal como señala el documento, “para evitar un retorno de la derecha, una parte fundamental de la estrategia del Frente es reforzar la unidad en la diversidad. Articular todas las diferentes miradas del Frente de Todxs y también a quienes se quieran sumar a este proyecto por una Argentina que crezca con paz, igualdad y libertad”. El documento expresa un consenso, un acuerdo político. Es un buen punto de partida.
En otro orden de cosas, el 14 de este mes se cumplieron 46 años de la sanción de la Ley Nº 21.526 de Entidades Financieras. Es una ley de la dictadura cívico-militar y, como tal, enuncia las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la Escuela de Chicago. La ley permitió la implantación del modelo de revalorización financiera, que no fomenta el financiamiento a la producción, principalmente hacia las MiPyMEs. La norma tuvo muchas reformas, aunque no ha perdido su esencia.
El movimiento cooperativo, nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, criticó desde su inicio la ley de 1977 y elaboró un proyecto alternativo denominado Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social por el que se pasa de una ley para bancos, a otra concebida a partir de las necesidades de los usuarios/as y su protección, y que define a la actividad financiera como servicio público. Esta iniciativa llegó a reunir más de un millón de firmas.
La necesidad del cambio de la Ley de Entidades Financieras por una ley de servicios financieros que proteja a los usuarios y genere crédito accesible para las empresas (especialmente las MiPyMEs) y para el consumo personal sigue teniendo absoluta vigencia y es parte de la agenda de temas pendientes.
