Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
En la última reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se avanzó en el tratamiento del proyecto de ley de moratoria. Además del presentado por el Poder Ejecutivo, hay alrededor de otras diez propuestas elaboradas por distintos grupos de diputados, incluso varios de ellos del oficialismo. Por supuesto, la idea es compatibilizar lo que se pueda incorporar al proyecto final.
Claramente hay una mayoría de diputados que coincide con la necesidad de la moratoria. Sin embargo, una parte de la oposición insiste con que el oficialismo estaría impulsando una “moratoria a la carta” para favorecer a Cristóbal López y a Oil Combustibles. La afirmación es insostenible. Hay más de 4 mil empresas en una situación similar, tal como informó el diputado Darío Martínez. Por su parte, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante la reunión informativa que se realizó la semana anterior en la Comisión de Presupuesto, respondió textualmente: “me preguntaban qué empresas podían acceder, pero no hay nombres, la verdad es que no sabemos porque no miramos la casuística; sinceramente es así. Esta es una ley —como todos los programas que ha implementado el gobierno nacional— absolutamente horizontal y para todos aquellos que legalmente estén en condiciones de participar. Con respeto de la pregunta del diputado Laspina, voy a dar el número, hay 39 empresas que tienen deudas con el impuesto a los combustibles. E insisto, es un gravamen indirecto —como el IVA— que ha estado presente en todas las moratorias”.
Según algunas aproximaciones, la cifra involucrada en esta moratoria sería de alrededor de 540 mil millones de pesos. Además de las PyMEs, que ya fueron alcanzadas por la moratoria anterior, cuando se sancionó la ley de emergencia económica, el nuevo proyecto extiende la propuesta a todas las personas físicas, humanas y jurídicas sin distinción de tamaño. Por eso, llama la atención el extremo reduccionismo de una parte de la oposición.
Últimamente se habla con insistencia del déficit fiscal, del crecimiento del gasto público y de la mayor emisión. El Estado nacional enfrenta en la actualidad una situación fiscal dramática porque se hace cargo de los problemas derivados de las dos pandemias —la producida por el gobierno de Mauricio Macri y la generada por el virus— y sostiene el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el refuerzo del equipamiento médico, la ampliación de camas en las instituciones de salud y la construcción de nuevos hospitales, entre muchas otras iniciativas. Todo ello contribuye a ampliar el déficit fiscal. Bien: la moratoria es una de las herramientas para tratar de morigerar ese déficit. Por eso, nuestra idea es que tiene que ser lo más amplia posible y debe permitir adherirse a todos los que estén dispuestos y en condiciones de hacerlo.
Mientras tanto, cuatro ex ministros de economía del país, Domingo Cavallo, Roque Fernández, José Luis Machinea y Ricardo López Murphy, participaron del seminario “La Macroeconomía Argentina”, organizado por la Fundación Libertad. En sus disertaciones pronosticaron tiempos “tormentosos” con aceleración inflacionaria y sin chances de estabilización sin corregir antes los “desequilibrios” fiscales y monetarios.
De uno u otro modo, en el desarrollo de sus exposiciones estos cuatro ex ministros le piden al gobierno un plan. Pero el plan que le piden es el que ellos proponen. El que, con matices, implementaron cuando fueron ministros: el que en todos los casos terminó mal. Por supuesto, nadie se opone a tener un plan. La cuestión es definir de qué se trata.
A ello se refirió el Presidente cuando, durante el anuncio de la nueva etapa del ATP, hizo alusión a quienes “andan renegando” y dicen que el Gobierno no tiene un plan económico. Allí también explicó que el programa ATP fue “planificado desde el primer día, para que la pandemia no arrastre a empresas y sus trabajadores”. Es decir: el gobierno primero se propone objetivos y, a partir de allí, deriva las medidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo para nosotros? Pleno empleo, buenos salarios, desarrollo industrial, protección social, buen servicio sanitario, buen sistema de educación, buenos servicios públicos. Las medidas que se desprenden de esos objetivos constituyen el plan.
En general, los economistas del establishment suelen comenzar al revés: establecen una medida como central, reducir el déficit fiscal y, desde allí, derivan como natural la necesidad de recortar el gasto. Por eso, reclaman reformas estructurales: el ajuste del “gasto” previsional, del “gasto” laboral y de lo que ellos consideran el gasto público innecesario. Para ellos, el déficit se resuelve con ajuste.
Por el contrario, en sus anuncios de este viernes el presidente Alberto Fernández adelantó que presentará durante la semana que viene un paquete de 60 medidas para “construir un futuro más definido” y afirmó que durante la gestión del gobierno anterior hubo una “pandemia sin virus que arrasó con más de 20 mil pymes en cuatro años”. Luego, dirigiéndose a empresarios y trabajadores, afirmó: “Ustedes son mis principales aliados. En ustedes anida la misma vocación que yo, que es la de construir una industria nacional. Una economía sólida los tiene a ustedes como protagonistas”. Finalmente se refirió a “la necesidad de que los trabajadores vuelvan a reencontrarse para la construcción de un nuevo país, y construir una multisectorial entre pymes y trabajadores para pensar el futuro y que el desarrollo sea igualitario, donde ganen todos y no donde algunos ganan y otros pierden, porque las buenas sociedades permiten que todos ganen y nadie pierda”.
Los que dicen que el gobierno no tiene un plan, lo que están diciendo es que no tiene el plan que sistemáticamente ha fracasado cuando fue implementado por las administraciones neoliberales. Por eso, proponen salir de la crisis con las mismas políticas que la produjeron. El gobierno tiene un objetivo central: el impulso a un modelo de crecimiento con inclusión social. De allí deriva sus medidas, algunas de las cuales serán presentadas durante la semana que viene. Ante tanto pasado repetido, el Presidente insiste en volver a poner a la Argentina de pie.
