Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Con el objetivo de reforzar las reservas internacionales, el lunes entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador, que establece un tipo de cambio especial de $ 200 por dólar a la exportación de soja y sus derivados, y estará vigente hasta el 30 de septiembre.
Las autoridades económicas proyectan para todo el mes una liquidación de por lo menos U$S 5000 millones, una meta que hoy luce bastante factible. De hecho, tras la implementación de este esquema temporal para la liquidación de los dólares de la soja, se alcanzaron rápidamente muy buenos resultados, a contramano de quienes auguraban el fracaso de la medida. Por caso, en los tres primeros días ya se habrían liquidado unos U$S 1075 millones, más que lo previsto por el ministro de Economía al momento de realizar el anuncio (adicionalmente, entre jueves y viernes se sumaron unos U$S 880 millones más). En total, en la semana el BCRA realizó compras netas de divisas por U$S 1030 millones.
En el marco del trabajo coordinado con Economía, el Directorio del Banco Central fijó una tasa mínima para el financiamiento de quienes mantengan un stock de soja un 5% por encima de su producción, que será un 20% por encima de la tasa de Política Monetaria. Al día viernes dicha tasa mínima se encontraba en el 83,4% (la de política monetaria es del 69,5%). De esta forma, se busca acelerar las ventas de soja retenida.
Por el lado de las importaciones, se prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo la distribución del cupo mensual vigente para importar y la obligatoriedad de financiar a 180 días ciertas compras externas. Según el BCRA, estas medidas buscan suavizar en el tiempo la salida de divisas por pagos de importaciones, e incentivan a las firmas a que continúen incrementando la obtención de crédito comercial.
A su vez, luego de las conversaciones entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se conoció que el Directorio de dicho organismo tratará en septiembre la aprobación de préstamos de “libre disponibilidad” por un total de U$S 1200 millones, fondos que llegarían al país en el último trimestre de este año.
No hay que perder de vista de dónde se venía, ya que a mediados de julio los grandes medios de comunicación y los “gurúes” intentaban generar una sensación de asfixia haciendo alusión a la escasez de reservas y a una devaluación inminente. Sin embargo, producto de diversas medidas que se fueron implementando y en el marco del recambio de autoridades, ya el mes de agosto cerró con cotizaciones de los dólares “alternativos” a la baja, e incluso el BCRA terminó reduciendo su posición vendedora en el mercado de futuros del dólar oficial. Además, se cerró el mes con compras de dólares por parte de la Autoridad Monetaria durante 15 jornadas consecutivas. Fue un adelanto de que la batalla contra los especuladores y los generadores de expectativas ya estaba bien encaminada.
Una vez que el Programa de Incremento Exportador empezó a mostrar niveles interesantes de aceptación y a traducirse en importantes liquidaciones, algunas voces empezaron a enfocarse en los efectos secundarios de este, en particular en la mayor emisión de pesos producto de las compras de los dólares por parte del Banco Central. Sin embargo, la inyección no ha sido significativa y, además, la cantidad de dinero de la economía en términos reales se encuentra en niveles históricamente bajos.
Vuelvo a repetir que la emisión en todo este tiempo no ha sido la locomotora de la suba de los precios. El origen de la inflación está asociado a la puja distributiva y a la generación de expectativas en torno al mercado cambiario. En este sentido, justamente lo que hacen las normas para favorecer la liquidación de soja es desarmar las especulaciones respecto de una devaluación.
Reforzar los ingresos fiscales
Es esperable que este estímulo a las exportaciones redunde en mayores ingresos fiscales. En este caso, una proporción de la recaudación obtenida a partir de los derechos de exportación de la soja liquidada bajo el nuevo esquema será destinada al Fondo Incremento Exportador. Según establece la normativa, se utilizará parte de los fondos para financiar un beneficio extraordinario a aquellas personas que se encuentren en extrema vulnerabilidad (que no estén alcanzadas por otras prestaciones sociales como la AUH o el Programa Alimentar) y a la creación de programas de estímulo a la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores y de economías regionales. Si bien aún no se conocen los detalles de este refuerzo de ingresos, el mismo se enmarca dentro de las políticas de gobierno destinadas a mejorar los ingresos de los sectores más desprotegidos.
Además, el gobierno está negociando un acuerdo con EEUU que permita el intercambio de información de cuentas financieras de manera “automática” o “masiva”, según la ley de cumplimiento fiscal para cuentas en el extranjero (conocida como FATCA), como sí lo tienen, por ejemplo, Brasil o Colombia. La idea es acceder a la información de las cuentas no declaradas de argentinos en Estados Unidos. De cerrar el acuerdo, según cálculos que se conocieron, se generaría una base imponible de por lo menos U$S 100.000 millones, lo cual permitiría contar con mayores recursos presupuestarios derivados del impuesto a los bienes personales y de las ganancias por los intereses generados.
En tanto, la AFIP sigue acelerando los controles. Tras una serie de fiscalizaciones y cruces de información, se generaron reajustes sobre contribuyentes que no ingresaron de forma correcta el Aporte Solidario y Extraordinario, y que presentaron inconsistencias en sus declaraciones juradas. Así se pudieron recuperar unos $ 15.500 millones. También se cursaron multas y denuncias penales por aprovechamiento indebido de subsidios, evasión simple y asociación ilícita fiscal. Por otro lado, la AFIP, por medio de la Dirección General de Aduanas (DGA), desarticuló la importación irregular de 50 toneladas de tela provenientes de China. Según indicó el organismo, “la firma pretendía ingresar la mercadería por medio de maniobras fraudulentas realizadas con medidas cautelares presentadas en diversos juzgados”. También la AFIP incautó en Córdoba 1600 t de maíz no declaradas, y 2400 t de granos en un feedlot que presentaba irregularidades. Además, se completó el tercer procedimiento en la historia de la AFIP dedicado a la detección de granjas clandestinas de minado de criptomonedas, hallando irregularidades en empresas de CABA, Córdoba y San Juan. Más aún, la Aduana y la DGI denunciaron exportaciones realizadas en 2020/2021 de más de 100 empresas que mostraban escasa capacidad económica y financiera al tiempo que incrementaban los volúmenes de venta de maíz partido, soja y aceites mezcla.
A través de las distintas políticas se trata de sostener un esquema de funcionamiento de la economía virtuoso y socialmente sostenible. Ello requiere poner a disposición la totalidad de los recursos, de forma tal que no se vean interrumpidas la recuperación de la producción y del empleo, y la mejora en la distribución del ingreso.
