Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
Si hay algo que predominó en 2020 fue la incertidumbre derivada de la inesperada pandemia que azotó al mundo entero, un dilema aún no solucionado. En lo económico hay un trecho importante por recorrer, pero se está yendo en el camino adecuado para estabilizar las variables. Hay beneficios concretos de tener un horizonte despejado en materia de deuda pública (externa e interna) junto con un superávit comercial externo. Con la refinanciación con los acreedores privados en moneda extranjera se consiguió un importante alivio financiero, pues se han corrido los plazos y hay un período de gracia: el alivio financiero luego del canje para los próximos años es de 37.800 millones de dólares, fondos que se podrán utilizar para la reactivación económica. Como lo señaló el ministro de economía, Martín Guzmán, “el esquema es ir resolviendo los problemas macroeconómicos sobre la base de políticas de Estado (...) y al mismo tiempo, ir articulando reglas de juego junto al sector privado”.
Luego del acuerdo alcanzado con los acreedores privados, el segundo paso es la renegociación con el FMI. En esta cuestión, el Gobierno ya dejó en claro su premisa central: “no hay estabilización posible sin recuperación económica”. En otros términos, hay que poner el foco en la reactivación del mercado interno, en crecer para luego pagar, y no al revés.
No perdamos de vista el hecho de que el actual Gobierno está negociando con el FMI no porque así lo haya elegido, sino porque se generó una deuda con el organismo que involucra (al menos hasta firmar un nuevo acuerdo) un desembolso de 43.000 millones de dólares de aquí a 2023. Una situación imposible de afrontar en los términos actuales.
Será una pulseada intensa, teniendo en cuenta el historial del FMI, que en su libreto contiene pedidos de reformas estructurales y de ajuste fiscal y monetario. De este lado está la firme posición del Gobierno, que cualquier acuerdo con el organismo financiero internacional no puede llevar a generar ajuste alguno, ni a que el país pierda el control sobre su economía. La idea que subyace es que la búsqueda de un equilibrio fiscal debe llegar como consecuencia de que la actividad crezca con inclusión social y también se incrementen los ingresos fiscales. Lo contrario al ajuste del gasto, uno de los ejes principales de las políticas del anterior gobierno. Además, es fundamental resaltar que ya se adelantó que el proyecto de acuerdo será debatido en el Congreso de la Nación.
Según un reciente documento de la Cepal (16 de diciembre de 2020), América Latina y el Caribe caerá un 7,7% en 2020 y experimentará un rebote del 3,1% en 2021 que “no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus”.
En cuanto a nuestro país, en este contexto de restricción presupuestaria hay que ir por los dos caminos posibles. El gasto y los ingresos.
Es fundamental un buen nivel de gasto público y la orientación del mismo. En el Presupuesto 2021 se establece una redefinición del gasto hacia la inversión en obra pública y vivienda, educación pública e innovación y desarrollo, sin descuidar las políticas sociales. Pilares fundamentales para la reactivación económica.
La tendencia a la mejora de las cuentas públicas ya dijimos que no se alcanza ajustando el gasto. Es preciso incrementar los recursos por la vía del crecimiento y el control de la evasión y la elusión, pero además hay que ir hacia una mayor progresividad.
Un tema trascendente que sobresale del último informe de la Cepal es su demanda por un aumento de la presión tributaria (la relación entre recaudación y PIB) en la región, que es actualmente del 23,1%, por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con un 34,3%. Mientras que en la Argentina es del 28,8%, apenas por debajo de Uruguay y bastante más bajo que Brasil (33,1%), el más alto de la región, siempre con los datos de Cepal. Sirve para derribar varios mitos sobre que en nuestro país y en la región el peso de los impuestos es “asfixiante” y que “no te deja producir”.
Expresa la Cepal además que se debe combatir la evasión y elusión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados con la salud pública. La mitad de los ingresos tributarios en América Latina y el Caribe, aclara la Cepal, proviene de impuestos indirectos, en comparación con alrededor de un tercio en los países de la OCDE.
En nuestro país será necesario encarar una reforma tributaria de carácter progresivo, del tipo descrito por la Cepal, pero adecuada a la situación argentina. Sin duda habrá resistencias, que quedaron bien explícitas en todo el debate alrededor del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia.
Uno de los temas estructurales que estará presente el año próximo es la inflación. Es estructural porque está muy vinculado a la puja distributiva, y también al problema de la restricción externa. La inflación no puede pensarse separadamente de esto.
El Presupuesto para 2021 proyecta una inflación del 29%, que se desacelerará respecto de los valores previos, y se planea que siga cayendo hasta 24% en 2022 y 20% en 2023. No es posible bajarla más rápido sin ahogar la recuperación, y además cuando se lo quiso hacer más rápido ya se vio qué pasó. Acá también hay coherencia entre los qué y los cómo, porque el anterior gobierno no tuvo problemas en devaluar siguiendo la idea de que la cotización la debe establecer el mercado. Fijó metas de inflación imposibles de cumplir y además desreguló tarifas y dólar. Los principales precios que cayeron en términos reales durante el macrismo fueron el salario y las jubilaciones. Ahora se quiere ir en la dirección contraria, proyectando valores de inflación posibles de cumplir, protegiendo el salario y las jubilaciones, el empleo y la actividad económica.
También será necesario (y el gobierno ya informó que está analizando este aspecto) encarar un proceso de revisión de las tarifas, para salir del congelamiento producto de la emergencia, pero sin actualizaciones abruptas, ni atadas al valor del dólar, con segmentación para proteger a quienes no puedan afrontar los aumentos.
Sobre estas cuestiones, el ministro Guzmán se refirió claramente: “Prevemos una senda de reducción constante de la inflación, consistente con una tendencia hacia la consolidación fiscal que libere al Banco Central de la presión para financiar al Gobierno y refuerce la credibilidad de la política macroeconómica (…) A lo largo del camino, brindaremos pautas que apoyen la coordinación de comportamientos y expectativas. En este frente, las políticas de precios e ingresos también jugarán un papel de apoyo”.
Creo que hay que seguir insistiendo con Precios Cuidados y otras herramientas que puedan ponerse en práctica. Y estoy convencido de que hay que ir recuperando los preceptos de las leyes sancionadas en 2014 sobre regulaciones de la producción y el consumo. Normativas que permiten al Estado analizar las cadenas de valor, detectar irregularidades y evitar, de esa forma, ganancias excepcionales que las terminan pagando tanto los productores como los consumidores, una buena información de precios, etc. Es parte de todo un conjunto de herramientas de preservación del poder adquisitivo de la población.
Tenemos un importante camino por delante, y un gobierno comprometido con la mejora de la distribución del ingreso, del consumo, de la producción. En definitiva, lo necesario para ir recuperándonos de las dos pandemias: la neoliberal que nos dejó Macri y la sanitaria. En estos últimos meses hemos avanzado mucho en este tema. Estoy convencido de que nos espera un año 2021 mucho mejor a los que estamos dejando atrás.
