Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno presentó el lunes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una nueva versión de la oferta de canje para los tenedores de bonos en dólares bajo legislación internacional y las respuestas han sido, hasta ahora, diversas.
Por un lado, un grupo de bonistas ya dio su respaldo a la nueva propuesta. Por otro, un segundo grupo la rechazó, aunque da muestras de querer seguir negociando. Dijeron: el camino por el que va la propuesta argentina es correcto. Pero no alcanza: tiene que dar más. Ante eso, el gobierno mantiene lo que viene diciendo: ésta ha sido la última oferta. Ir más allá de esta propuesta podría transformar la deuda en insostenible. La Argentina ya ha flexibilizado su presentación inicial en la búsqueda de un acuerdo. En esa perspectiva, el ministro Martín Guzmán ha dicho que no descarta que la Argentina cierre con algunos fondos de inversión con los que está llegando a acuerdos y no con otros con los que no ha tenido avances suficientes. Es un proceso, por ahora, abierto.
Esta semana, el gobierno envió al Parlamento el proyecto de ley para que los tenedores de bonos en dólares emitidos bajo ley argentina reciban el mismo tratamiento que los que poseen bonos en dólares bajo ley extranjera. ¿Qué es lo que está diciendo con esta medida? En primer lugar, que quienes confiaron en la Argentina y no recurrieron a la protección de tribunales extranjeros van a tener el mismo tratamiento que los que sí lo hicieron. Es decir: el país responde a la confianza demostrada por quienes aceptaron la legislación nacional colocándolos en las mismas condiciones que los otros bonistas. En segundo lugar, está ampliando el horizonte de cómo será la totalidad de la reestructuración de la deuda.
La oferta argentina, sumando la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera más la deuda en dólares emitida bajo legislación local, supone una reducción de pagos por 43 mil millones de dólares hasta 2024, tomando como referencia las erogaciones comprometidas originariamente con los bonistas. Entre 2020 y 2024 la Argentina tendría que pagar 48 mil millones de dólares; según esta última oferta el monto a erogar sería de 5 mil millones de dólares. Esto es consecuencia de la combinación de un periodo de gracia importante con una fuerte reducción de las tasas de interés.
En la propuesta presentada, la tasa es cercana al 3% promedio en todo el periodo de pago. Es decir: lo que el país pagaría por intereses es menos de la mitad de lo que hubiera pagado según la tasa aproximada del 7,5% promedio establecida en las distintas emisiones de deuda. Pero eso no es todo: hay un importante impacto de flujo, fundamentalmente porque la tasa de interés durante lo que resta de este año es del 0%, se eleva al 0,125% el segundo año, y al 1% el tercero. Ese escalonamiento y corrimiento de los plazos de amortización del capital da un flujo que explica que, entre el 2020 y el 2024, los compromisos de pagos se reducirían en 43 mil millones de dólares.
Además, Argentina reduciría sus pagos en 7 mil millones de dólares adicionales en el periodo 2024-2028. Por lo tanto, entre 2020 y 2028 el país desembolsaría 50 mil millones de dólares menos con relación a lo adeudado. Esos son años claves en los que la Argentina puede avanzar con su proyecto de desarrollo económico con inclusión en el escenario de la reconstrucción pos pandemia. Resulta claro, entonces: esta oferta conceptualmente no se aparta del objetivo original de la propuesta argentina.
El paso siguiente es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora no era prioritario porque se trata de una deuda que no tiene vencimientos hasta 2021. El FMI ha venido diciendo que resulta imprescindible para la Argentina obtener una reducción sustancial de la deuda a fin de mantener la sustentabilidad de la misma. Por lo cual, ello debería regir también para la deuda que el país tiene con este organismo.
De todos modos, el mayor problema con el Fondo seguramente será la discusión del programa con el que habitualmente acompaña sus acuerdos financieros. El mismo suele contener temas estructurales como la apertura económica, las leyes laborales, las leyes previsionales, entre otras medidas.
Pero la Argentina no ha elegido ese programa. Por el contrario, avanza con una serie de iniciativas que tienen como horizonte construir un escenario pospandemia con un Estado activo, al frente de un proyecto económico de crecimiento con mejora en la distribución del ingreso. ¿De dónde van a salir los recursos para encarar el proceso de recuperación pospandemia? Una parte, de esos 50 mil millones de dólares de disminución en el pago de la deuda hasta 2028. Otra, de los ingresos que la moratoria anunciada debería ir generando. A ello hay que agregarle los recursos provenientes de la recuperación de los ingresos originados en el crecimiento de la economía. Finalmente, no hay que descartar cambios en materia fiscal que podrían considerarse cuando tratemos el Presupuesto 2021.
Un dato que no se puede dejar de tener en cuenta: la CEPAL calcula en 325 mil millones de dólares la evasión fiscal en América Latina. Una nota publicada en el diario El País, basada en un informe del organismo citado, dice: “El incumplimiento tributario alcanza al 6,1 del PBI en un momento en que los herarios de la región más recursos necesitan para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia”. La conclusión es sencilla: si todos pagaran lo que tienen que pagar, la situación fiscal sería sustancialmente diferente.
En esta perspectiva, el presidente Alberto Fernández se preguntó en el cierre del XXIII encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas: “¿Por qué la pandemia fue capaz de desmoronar imperios económicos?”. Y se respondió: “Olvidaron lo mejor del capitalismo y se aferraron a lo peor, a la lógica financiera. Había un valor ficticio sobre muchas de esas empresas que tenía que ver con la especulación financiera. El capitalismo debe revisar esas cosas”.
Posteriormente, en la reunión del Grupo de Puebla, el Presidente llamó a construir “un continente con más igualdad, con más equilibrio social y que distribuya mejor el ingreso”.
Se trata de un gran desafío, que requerirá profundas modificaciones en el sentido común y una amplia acumulación de fuerzas que permita ese proceso de cambio.
En eso estamos: en que la Argentina no repita viejas historias, sino que construya una historia nueva.
