Tiempo Argentino | Lo que se viene
Los tiempos de cambio de la coyuntura histórica avizoran fuertes luchas y movilizaciones sociales que se expresarán en el Parlamento y en las calles.
Juan Carlos Junio
El pasado viernes 2 de enero, el matutino conservador La Nación publicó dos notas en las que se aborda la temática del funcionamiento parlamentario en 2014: "El Congreso aprobó en 2014 una cifra récord de leyes enviadas por el gobierno" (Laura Serra) y otra que lleva el título de "Balance legislativo, el papel de cada bancada" (Gabriel Sued).
En la primera columna se afirma que "se aprobaron 187 normas en total, de las cuales 104 tuvieron origen en el Poder Legislativo y las restantes 83 en el Ejecutivo". Si bien se reconoce que el Congreso aprobó en 2014 una cifra récord de leyes enviadas por el gobierno, y que fue uno de los más prolíficos de los últimos tiempos, luego se critica severamente al Parlamento, sobre todo a la Cámara de Diputados, “por consagrarse este año como una «escribanía exprés» del gobierno”.
Repasando la historia reciente, veremos que en los noventa el menemismo avanzó hacia la subordinación carnal a las políticas de la potencia hegemónica (EE UU), privatización de las empresas públicas construidas con el esfuerzo de generaciones de argentinos, impunidad de los genocidas, ampliando la brecha de desigualdad. Se trató de una política orgánica de promoción de la injusticia y pérdida de la identidad nacional, para lo cual inficionó a los distintos estratos del poder. Cierto es que hubo valiosas resistencias, pero las políticas del Ejecutivo tuvieron el acompañamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial, lo cual permitió consumar un proyecto político oscurantista, con la aquiescencia y la celebración de los medios de comunicación hegemónicos. Ese gobierno que traicionó a su base social y a los valores y la historia que encarnó históricamente el nacionalismo popular también violentó con sus corrupciones toda ética republicana. Sin embargo, sólo se ensayaron tibias críticas a las formas y no hay registros significativos de críticas al Parlamento como una escribanía que convalidaba en forma irrestricta los mandatos del Poder Ejecutivo.
Justamente el tono crítico de la nota en cuestión, coloca el acento en las presuntas cuestiones formales. Advierte la columna que "todas esas normas marcaron la agenda política y económica del país, pero, sin embargo, se aprobaron a toda velocidad, con escaso debate en las comisiones y, por ende, con muy pocas modificaciones en sus articulados". Al respecto, resulta necesario aclarar que muchos de los proyectos, antes de su ingreso a las Cámaras, tuvieron un proceso de creación prolongado, con participación de fuerzas políticas distintas, y consecuentemente con afluentes ideológicos diversos, inclusive antagónicos. Los proyectos de Código Procesal Penal o el Nuevo Código Civil y Comercial son un claro ejemplo de ello. Es paradigmático el caso de este último, en el que una comisión multipartidaria trabajó durante dos años hasta consensuar el anteproyecto, que luego fue descalificado abruptamente por las fuerzas opositoras, despreciando lo sustancial: los nuevos Códigos mejoran la vida cotidiana de nuestra gente ampliando el campo de los derechos sociales y culturales, y harán que la justicia sea mas rápida en la resolución de las causas. Si preocupa la calidad institucional, no debería soslayarse que hay precandidatos a cargos presidenciales, como Massa, que han brillado por su ausencia, tanto en los debates parlamentarios como en las votaciones.
La periodista de La Nación incorpora a su nota la opinión crítica del jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo: "Nunca vi un abandono del deber de representación de los legisladores como en este año. Da vergüenza que no cumplan con el deber mínimo que el pueblo les confirió, dejando todo el peso de la agenda parlamentaria en el Gobierno."
El diputado macrista omite decir que los legisladores oficialistas, además de haber presentado más proyectos que el Poder Ejecutivo Nacional, tienen la convicción de que forman parte de un proyecto político colectivo que lidera la Presidenta de la Nación. Desde ese convencimiento es que acompañan las iniciativas que la máxima autoridad de la institucionalidad democrática marca como rumbo.
El mismo 2 de enero en el mismo diario, Gabriel Sued publicó la columna titulada: "La oposición reunió menos veces que el oficialismo las comisiones que preside en Diputados". Dicha nota admite que las comisiones que más funcionaron fueron las presididas por el oficialismo y que la oposición desaprovechó los espacios institucionales de los que dispuso para hacer oír su voz.
Se ha dicho con razón que éste es el gobierno de los Derechos Humanos. La sanción de la ley que prohíbe indultos, amnistías y conmutación de penas para delitos de lesa humanidad es una reafirmación principista que eleva el rol del Parlamento y la política. Resulta indispensable reconocer que Argentina es un ejemplo en el mundo en materia de justicia y reparación por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la oposición "republicana" representada por los presidenciables Macri y Massa la cuestionan e invalidan en forma abierta o soterrada con la vista puesta en un nuevo Punto Final.
Viejos derechos –como la jubilación– han sido objeto de regulaciones más inclusivas por parte de este Parlamento: la segunda Moratoria Previsional para Autónomos y Monotributistas prevé que el 100% de nuestros mayores tendrán acceso a la jubilación, o sea que este derecho fundamental deja de ser mera retórica, para convertirse en una realidad social efectiva.
Nuevos derechos –fertilización asistida, obligatoriedad de salas de cuatro años para nuestros niños– son otras tantas expresiones de una política pública que reafirma el imperativo de toda democracia verdadera, de legislar para mejorar la vida ciudadana.
Los tiempos de cambio de la actual coyuntura histórica, tanto en nuestra Patria como en el continente, lejos de acomodarse a las pretensiones formalistas y antipolíticas del acervo conservador, avizoran fuertes luchas y movilizaciones sociales que se expresarán en el Parlamento y en las calles. La República de La Nación, con sus instituciones de mármol orientadas a la reproducción de un orden social injusto y para minorías, contrasta y se opone al modelo de democracia, protagónica y participativa que asume el conflicto como parte de una sociedad que se transforma y progresa. -
