El bloque de diputados de Nuevo Encuentro Popular y Solidario presentó ayer en el Congreso "una batería de proyectos" de ley que apunta a "reforzar la ética pública" y "dar mayor transparencia a la gestión de gobierno". Entre ellos, la llamada "ley muro", que, al igual que en algunos países europeos, establece para aquellos ciudadanos que ocupen determinados puestos de gobierno y posean un patrimonio personal mayor a diez millones de pesos, depositen su capital en un "fideicomiso ciego" que administrará sus bienes durante su paso por la función pública.
Una forma, afirmaron, de impedir que los funcionarios realicen negocios privados mientras ejercen cargos públicos. "No hacemos un proyecto para una coyuntura determinada ni para una persona en especial. Venimos planteando desde hace años y lo aplicamos con el plan Discrecionalidad Cero en Morón desde el año 2000", respondió el jefe de la bancada y ex intendente de ese municipio del conurbano bonaerense, Martín Sabbatella, uno de los autores de la iniciativa.
La "ley muro", según el proyecto, abarca a las primeras magistraturas de la Nación y la jefatura de Gabinete, los ministros, secretarios de Estado, interventores federales, titular del Banco Central y cargos vinculados de empresas del Estado. De aprobarse la iniciativa, estos funcionarios están obligados a poner sus bienes en un "fideicomiso ciego", a donde transferir temporalmente sus bienes, acciones e inversiones a una entidad financiera independiente y registrada por el BCRA, que deberá administrarlos de manera libre y autónoma sin comunicar al "fiduciante" la evolución de sus fondos ni consultarlo sobre sus preferencias en la administración de los mismos.
El paquete, que incluye un pedido para que se ponga en funcionamiento la Comisión Nacional de Etica Pública y un proyecto de ley para la regulación del Acceso a la Información, lleva las firmas de los cinco miembros del bloque: Sabbatella, Carlos Heller, Vilma Ibarra, Jorge Rivas y Ariel Basteiro.
Ibarra reclamó la puesta en marcha de la Comisión de Etica creada por ley en el año 2000 y que "nunca se conformó". En tanto, la iniciativa de Acceso a la Información Pública obliga a organismos estatales a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera y extiende esa obligación para las empresas privadas con licencia, concesión de un servicio público o que exploten un bien de dominio público.
Por Miguel Jorquera - Página/12 - 19/05/2010
