Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El viernes el presidente Mauricio Macri presentó un plan con dos objetivos forzadamente conectados: por un lado, los pagos de juicios a los jubilados y un recálculo de haberes para unos dos millones de jubilados; por otro lado, un blanqueo impositivo, tan criticado en años anteriores por muchos funcionarios actuales.
La información brindada es muy general, y habrá que esperar que se presente el proyecto para poder evaluar mejor los alcances del mismo. No obstante, la propuesta nos lleva a varias reflexiones.
Siempre es importante que se atiendan los reclamos sociales, en especial de los jubilados, así como la creación de una Pensión Universal para el Adulto Mayor. El pago de los juicios entablados por los jubilados y una actualización para aquellos que están en condiciones de iniciar nuevos juicios mejorará la situación económica de unos dos millones de jubilados (del total de unas 6,5 millones de prestaciones que se pagan). En ese aspecto es positivo, pero no podemos dejar de preguntarnos por su costo fiscal a largo plazo, y cómo encararlo. Macri sostuvo: “necesitamos un sistema jubilatorio equitativo y sustentable en el tiempo”. ¿Qué es lo que quiso significar con esta frase? Con un Estado que debe ser el “canchero”, preparando el campo de juego para que compitan los actores privados, es decir, un Estado mínimo, que reniega del gasto público y no está de acuerdo con el elevado nivel de presión tributaria: ¿cómo se va a lograr un sistema previsional sustentable? Los gobiernos de países que son tomados como ejemplo por los referentes de Cambiemos, como en el caso de España, están reduciendo jubilaciones y pensiones e incrementando la edad mínima para jubilarse. Prácticamente toda Europa (ese mundo al que Cambiemos dice haberse integrado) está con las mismas recetas de ajuste del sistema previsional. Cuando Macri habla de sostenibilidad y equidad previsional, ¿estará pensando en abrir las puertas a un sistema de capitalización en un futuro cercano? No puede descartarse.
Queda claro que la única forma de que un sistema previsional sea sustentable es con una gran cantidad de trabajadores registrados y un nivel de crecimiento económico tal que genere altos ingresos fiscales (y un gobierno que desee esos altos niveles de presión tributaria). Una orientación distinta a la del actual gobierno.
También resulta interesante cómo se utiliza esta medida positiva hacia los jubilados para intentar edulcorar una normativa que no posee una visión positiva en el seno de la sociedad: el blanqueo de capitales. Medida que a lo sumo puede incidir sólo marginalmente en el financiamiento de los beneficios previsionales, pero que se la presenta como una de las dos patas que harían posible sostener esos beneficios. Funcionarios han estimado los costos de los pagos de los juicios en $ 250 mil millones, y un costo anual a partir de 2017 de unos $ 75 mil millones. El valor del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) oscila en los $ 750 mil millones. Con el Estado “canchero” que decidieron administrar, podría pensarse que utilizarían los fondos del FGS, en especial deshaciéndose de la participación del Estado en las acciones de las grandes empresas, una opción ideal para rendir pleitesía al círculo rojo que no sólo apoya a Macri sino que comparte su gestión y darle una pátina de “progre”. ¿Para qué se necesitan entonces los fondos del blanqueo?
Otra reflexión posible es que luego de la liberación del mal llamado “cepo”, en el primer trimestre de este año la “fuga” de capitales privados ascendió a U$S 6 mil millones, mucho más de los U$S 2.300 millones que salieron en el primer trimestre de 2015, cuando había regulación de las operaciones cambiarias. Ante este panorama de salida de capitales, atenuada en alguna medida por ingreso de capitales especulativos de corto plazo: ¿cuántos estarán dispuestos a volver definitivamente? Todo un dilema.
Respecto al blanqueo de 2013, Alfonso Prat-Gay comentó: “Esto demuestra que están desesperados y que al único que le pueden pedir prestado es al evasor.” (La Nación 15.05.13). En la misma nota, Gabriela Michetti sentenció: “El país necesita de normalidad, es necesario que las normas sean claras y se cumplan y esto avasalla todas las leyes. Necesitamos que el Gobierno reflexione estas barbaridades que está haciendo”. Para Carlos Melconian se trataba de una medida económica que “premia a los que nunca declararon sus ingresos” (Perfil, 08.05.13). En la misma publicación, Federico Sturzenegger expresó: “en medio del escándalo más grande de la historia por lavado de dinero, avanzar con una medida de blanqueo de dinero parece bastante extraño”.
Quien también cambió radicalmente de opinión es el propio presidente Macri. Respecto al blanqueo de 2013, comentó: “es un viva la pepa para los que estaban fuera de la ley” y “algo violento para aquellos que cumplen”. (LN 15.05.13). El viernes pasado, expresó: “hay miles de millones de dólares de argentinos que están en el exterior que se los llevaron porque no confiaron en el Estado. Necesitamos que nos acompañen, que sean parte de esta nueva etapa. Los invitamos a hacer un sinceramiento fiscal y repatriar estos fondos” (Ámbito 27.05.16). También se refirió a las políticas de la OCDE, ONU y el Banco Mundial, que casualmente son organismos que sostienen que los fondos depositados en el exterior provienen en su gran mayoría de actividades ilícitas.
Habiendo “blanqueado” fondos en el exterior vía declaración jurada, dos días antes de anunciar el verdadero blanqueo y suponiendo que los actuales funcionarios, incluido el presidente, confían ahora en el Estado, ¿traerán los fondos que acaban de declarar que tienen depositados en Bahamas y otros lugares del exterior? ¿Escucharemos alguna vez la noticia de que Macri repatrió esos fondos y los invirtió en pesos en el sistema financiero argentino? Lo dudo.
Los costos los pagan los usuarios
En sintonía con la política contractiva que viene desarrollando el Banco Central, este decidió incrementar los encajes bancarios en junio y julio. Teniendo en cuenta que los encajes actuales se ubican en 11% sobre los depósitos en pesos, la medida significa llevarlos al 15%, es decir, aumentar un 36% los montos de los encajes. El comunicado del BCRA indica que se busca “que el esfuerzo de esta contracción sea compartido por todos los actores del sector financiero y no únicamente por la autoridad monetaria”.
Efectivamente, con estas medidas el BCRA, en vez de absorber pesos a través de las caras lebacs que son de colocación voluntaria (está pagando actualmente el 35,25% anual por las letras a 35 días y llegó a pagar durante dos meses el 38%), absorberá a través de los bancos en forma compulsiva y sin costo para la autoridad monetaria.
El aumento de encajes incrementa los costos de captación de los bancos, dado que deben tener una mayor proporción “encajada” en el BCRA sin rendimiento alguno. Pero, como lo han hecho habitualmente, no modificarán su ecuación de rentabilidad, por lo que el costo lo trasladarán a los tomadores de préstamos, tanto empresas como personas, vía mayores tasas, enfriándose por esta vía aún más a toda la economía.
Si efectivamente el BCRA deseara que el costo fuera compartido por todos los actores del sistema, debería echar mano a las herramientas que le otorga la carta orgánica vigente, regulando las tasas que cobran los bancos por préstamos a sus usuarios como se hizo el pasado año. Pero difícilmente las actuales autoridades intenten afectar la rentabilidad bancaria.
