Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El pasado miércoles por la madrugada se dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de “Aporte Solidario y Extraordinario (y por única vez) para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Una herramienta necesaria para fortalecer el gasto público en una coyuntura muy difícil.
La iniciativa queda bien reflejada a partir de su título, con palabras como “extraordinario”, que da cuenta de la excepcional situación que se atraviesa, o “solidario”, que tiene que ver con la enorme cantidad de personas que se beneficiarán a partir del aporte de un sector muy minoritario -el más rico- de la sociedad.
En cuanto al universo potencial, rondaría unas 10.000 personas, que en nada cambiarán su nivel de vida, ya que se parte de un patrimonio declarado igual o superior a los 200 millones de pesos. Es el 0,8 por ciento de los contribuyentes, que posee el 49,2 por ciento de todos los bienes de los argentinos en el país y en el exterior, y representa el 0,02 por ciento de la población.
Las críticas, por su parte, no se apartaron de los carriles esperables, en sintonía con lo expresado por las centrales empresarias más concentradas. Por caso, se hizo referencia, erróneamente, a que la herramienta es contraria a lo que marca la Constitución Nacional. Ésta no es una preocupación que haya surgido en su momento con el préstamo del FMI, que no pasó el ámbito natural para tratar esos temas, que es el Congreso.
Con la misma doble vara, tampoco se había alzado la voz cuando se redujeron las alícuotas de gravámenes a los sectores de mayor capacidad contributiva, que llevaron a que entre 2015 y 2019 los ingresos tributarios y de la seguridad social de la Nación disminuyeran 3,1 puntos porcentuales del PIB y que junto con otras decisiones configuraron un punto de partida sumamente complejo, que hoy se trata de revertir.
Según la AFIP, el 42 por ciento de los bienes declarados por los contribuyentes potencialmente alcanzados son activos y bienes dolarizados. Y el 92 por ciento de éstos están declarados en el exterior. Difícil que se pueda estar afectando alguna actividad productiva, como se trató de argumentar al señalar que es un “impuesto a la inversión” y que afecta a las PyMEs. Vale repetirlo: es un aporte por única vez y recae en las personas físicas más acaudaladas, no en las empresas.
También se habló de un fuerte impacto sobre los sectores del campo. Primero, debe considerarse que se toman los valores fiscales, que son mucho más bajos que los de mercado. Además, tal como lo expresó la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, “nosotros observamos que aquellas personas humanas que declaran inmuebles rurales y deberán pagar el aporte, sus campos representan en promedio el 2,7 por ciento de su patrimonio”. Y en cuanto a sus activos líquidos, son 25 veces lo que tendrían que pagar.
Con el proyecto se espera recaudar cerca del 1 por ciento del PIB, un valor que puede ser correctamente dimensionado considerando el costo fiscal directo del paquete de ayuda por la pandemia, brindado a hogares y empresas, que ha llegado al 4,9 por ciento del PIB. Ese valor está por encima del promedio de la región (4,1 por ciento), según lo expresó recientemente la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, aunque muy por debajo de los paquetes que han implementado los países desarrollados, en promedio en el 9,3 por ciento del PIB. Significa que hacen falta muchos más recursos de los que se dispone.
Hay muchas críticas de quienes suponen que ya se superó la pandemia y sostienen que el Aporte habría perdido su sentido de oportunidad: sea cual fuere el desenlace en torno a la vacuna, esperemos el más positivo, igualmente habrá que seguir resolviendo los efectos económicos y sociales de la pandemia. Lo paradójico es que estos comentarios suelen provenir de los mismos sectores que criticaban el proyecto de Presupuesto 2021, que acaba de ser aprobado en el Congreso, porque proyectaba sobre la base de un escenario sin pandemia.
La media sanción es un gran avance para aspirar a contar con una herramienta para morigerar los efectos de la pandemia. Más allá de cualquier argumento microeconómico o legal que se pretenda dar, el rechazo no tiene que ver tanto con el valor del Aporte. En realidad, está asociado a la intención de no dejar el más mínimo precedente que sirva para avanzar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
