Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública es una de las herramientas esenciales para encarar las varias emergencias públicas que existen y que la ley declara: en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Así mencionado resulta dramático, y es que en realidad lo es. Porque el gobierno recibió una herencia muy pesada, que se expresa en todos estos ámbitos.
Por ello se requiere el enfoque solidario orientado a mejorar la distribución del ingreso. El gobierno lo dejó claro: no hay más lugar para el ajuste del gasto. Por eso cabe aplicar una estrategia de tijeras: por un lado, diferir los pagos de los intereses de la deuda pública (tan impagables como su capital en las actuales condiciones). Por el otro, incrementar los ingresos fiscales con un enfoque progresivo y solidario.
En el caso de la deuda, la premisa es clara: “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”. Y esas condiciones se lograrán con una reestructuración de la deuda que extienda los plazos de pago de intereses y capital. Para ello se solicitó al Congreso su aprobación. Algo que no hizo Mauricio Macri cuando endeudó a nuestro país con el FMI.
Tratándose de impuestos, en gran parte se revierte lo desandado en el anterior gobierno, que sólo benefició a los que más tienen. Por ejemplo, la reformulación de las alícuotas sobre bienes personales (uno de los impuestos más progresivos), volviendo a las alícuotas de 2015. Y colocando hasta el doble de la mayor alícuota (1,75 por ciento) para los bienes en el exterior, pero reduciendo tal incremento para los activos financieros repatriados.
Resulta muy importante la colocación de máximos a los derechos de exportación (retenciones). Las alícuotas finales se acordarían entre el Estado y los sectores afectados en el marco de los Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia. Pero en este tema se produjo un gran avance en la ley: “el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”, considerando además la distancia entre los centros de producción y comercialización.
En el caso del Impuesto por una Argentina Inclusiva y Solidaria, se establece una tasa del 30 por ciento para las compras de billetes y divisas para atesoramiento y para el cambio de divisas en las compras con tarjeta de débito y de crédito. Éste es sin duda un gravamen a los sectores de mayores ingresos, y además de fomentar el turismo interno está orientado a disminuir la salida de divisas por estos ítems.
El impuesto a los automóviles, entre otros internos, tiene el objeto de recaudar pero también de fomentar la producción nacional, ya que sólo uno de los once modelos producidos en el país estaría gravado. Cabe mencionar también la amplia moratoria fiscal para las PyMEs. Y los importantes recursos que se derivarán a la atención de la emergencia social y sanitaria, entre ellos la reducción del precio de los medicamentos, la tarjeta alimentaria, la facultad otorgada al Ejecutivo de obligar a la suba de salarios para aquellos a los que no llegan las paritarias, los dos ingresos adicionales de 5000 pesos a los jubilados y el compromiso de Alberto Fernández de establecer “incrementos trimestrales (en las jubilaciones por los próximos 180 días) preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores”, entre otros.
Un paquete inclusivo importante, con una fuerte impronta productiva. Es decir, la solidaridad para mejorar la actividad en medio de las múltiples crisis que nos dejaron y estamos viviendo.
