Nuestras Voces | Opinión
Por Carlos Heller
Al inaugurar las Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación, en marzo de este año, el presidente Mauricio Macri incorporó el concepto de «crecimiento invisible»: “es como cuando empezamos un edificio: en el pozo no se ve lo que estamos haciendo, pero esa base existe”, sostuvo. Un par de meses después, en mayo, el Presidente hizo alusión al “esfuerzo que estamos haciendo” en pos de un “futuro mejor”.
Aunque sólo pasaron algunos meses, en el plano económico los cimbronazos no fueron pocos desde que Macri formulara estas declaraciones. Para comenzar, doce años después de que el ex presidente Néstor Kirchner cancelara la totalidad de la deuda con el FMI, el gobierno macrista acudió al organismo con dos acuerdos “stand by”. El primero por nada menos que 50.700 millones de dólares. Una cifra récord en materia de préstamos obtenidos por Argentina. Tan sólo tres meses después, ante el inminente incumplimiento de las principales metas macroeconómicas convenidas y presiones cambiarias que llevaron a una fuerte depreciación del peso, se decidió renegociar por un monto mayor (56.200 millones de dólares) y una aceleración de los desembolsos. De esta forma, para septiembre de 2019, justo un mes antes de las elecciones, se habrán desembolsado 49.400 millones de dólares, dejando un monto menor, 6.800 millones, a ser liquidados trimestralmente hasta junio de 2021.
Claro que al tiempo que se “mejoraron” las condiciones del préstamo se agudizaron las condicionalidades. La principal: el equilibrio fiscal primario para 2019 y posterior superávit. El problema de esta meta no radica en el fin en sí mismo, sino en que el recorte del gasto público para alcanzarlo implica un empeoramiento radical en la calidad de vida de una gran parte de la población, desmejorando la ya preocupante situación actual de recesión económica.
El Presupuesto 2019 plasma en su articulado la gran mayoría de los “pedidos” del FMI. Sin embargo, en lo que hace a las proyecciones de variación del PIB para 2019 parece no haber coincidencia entre lo planteado en el Presupuesto (-0,5%) y lo informado por el FMI en su último documento (-1,6%). Un dato inquietante a tener en cuenta es que, de registrarse esta última previsión, la recaudación estimada va a ser menor y, por lo tanto, un mayor “esfuerzo” le será requerido a la población para intentar cumplir con el equilibro fiscal primario.
Esta cuestión preocupa, por ejemplo, a la calificadora Standard & Poor’s en su último comunicado sobre la Argentina. La agencia internacional redujo la calificación de la deuda soberana argentina de largo plazo de B a B-. Pero esto pareciera no ser lo más relevante.
Vale la pena analizar los fundamentos que llevaron a Standard & Poor’s a tomar esta decisión. Una de las frases cardinales es la que hace alusión al futuro electoral: “Las percepciones de que el compromiso soberano con el programa de ajuste económico podría titubear después de las elecciones nacionales de 2019 crearían una dinámica de mercado desfavorable”. Aunque más adelante el énfasis es aún mayor, al destacar que espera que “haya continuidad de las políticas tras las elecciones nacionales hacia finales de 2019”. Por si quedan dudas, sostiene que podrían “volver a bajar las calificaciones durante los próximos 12 meses si acontecimientos políticos negativos o la implementación irregular del programa de austeridad daña la confianza de los inversionistas”. Es decir, condiciona la evaluación a que, incluso después de 2019, continúen las políticas de ajuste.
El gobierno de Macri cumple a rajatabla con el ajuste. Un ejemplo es su actitud ante el reciente conflicto gremial en Aerolíneas Argentinas. “Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto (las inundaciones)”, publicó el Presidente en su cuenta de Twitter.
Una expresión que, en primer lugar, se contradice con la realidad. Luego de que el Estado se hiciera cargo de una empresa en bancarrota, Aerolíneas se convirtió en la primera compañía aerocomercial sudamericana en ingresar a la Alianza “Sky Team” en el año 2012. Una incorporación que le permitió sumar varios destinos internacionales y en la que comparte membresía con empresas como Alitalia y Air France. Una situación difícil de imaginar si no se hubiesen hecho inversiones tanto en la flota como en la capacitación de los trabajadores.
Pero, además, esta postura del Presidente va en línea con las vertidas por el FMI en su último informe de octubre. En efecto, allí el organismo dejó en claro que algunos de los riesgos que amenazan la “sostenibilidad de la deuda” tienen que ver con “las empresas del Estado que producen pérdidas y un sistema previsional desfinanciado”. Todas frases que, al igual que las de Macri, intentan reinstalar la idea de la privatización como alternativa para las empresas estatales donde los fondos públicos invertidos serían un gasto ineficiente: una visión fuertemente sesgada, que apunta a una sociedad individualista y que se expresa en frases del tipo: ¿por qué aquellos que no utilizan el servicio ferroviario deberían subsidiar los pasajes de aquellos trabajadores que sí dependen de él?
Nada más lejano a nuestro pensamiento de sociedad solidaria, con gestiones participativas en las que los usuarios y trabajadores tengan acceso al control de la gestión. No deberíamos caer en la simplificación de que la maximización del lucro es la única opción capaz de generar eficiencia.
A propósito de subsidios, es justamente el sistema impositivo una de las principales herramientas que tienen los Estados de las economías capitalistas para intentar morigerar la inevitable inequidad que se desprende de los procesos de concentración de riqueza. En este sentido, la canalización de fondos del Estado a determinados sectores estratégicos, valiéndose de un esquema impositivo progresivo, es fundamental para el logro de una sociedad equitativa.
Pero claro, para la actual administración nacional el objetivo sigue siendo achicar lo más posible las erogaciones fiscales y, entonces, los beneficios derivados de una aerolínea de bandera (conectividad a aquellas regiones a las que las aerolíneas privadas no llegan por la baja rentabilidad, entre otras razones) no cuentan para el gobierno de Macri.
A modo de conclusión, cabe preguntarnos entonces a quiénes beneficia este modelo. Un modelo que cada mes genera una mayor pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores; un modelo que reduce el presupuesto en infraestructura, educación, salud y otras áreas sensibles. Un modelo que llevó a un incremento exponencial de la deuda pública en dólares, que cerraría el año en más de un 80% del PIB. Un modelo que defiende un mayor beneficio para las empresas privadas de servicios públicos a costa de dejar a los más vulnerables sin la posibilidad de utilizarlos.
Resulta fundamental que en vista de las próximas elecciones, se construyan alternativas amplias y plurales, con un programa que nos permita lograr una Argentina donde todos puedan gozar de condiciones de vida dignas y el orden de prioridades vaya de abajo hacia arriba.
