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La estabilización del tipo de cambio. Las señales claras en contra del ajuste fiscal y la necesidad de discutir a fondo la matriz productiva.
Por Carlos Heller
Esta semana el dólar se estabilizó en torno al valor de convergencia definido por el Gobierno y con ello se despejaron los nubarrones que tratan de instalar algunos medios y analistas, locales y del exterior, consustanciados con la línea editorial del periódico norteamericano The Wall Street Journal, que llegó a publicar que “una megadevaluación parece inevitable”.
Lejos de cumplirse los pronósticos más sombríos, desde el miércoles pasado el dólar oficial comenzó incluso a mostrar una leve tendencia hacia la baja, y se situó por debajo de los ocho pesos, todo un mérito para las autoridades, que vienen mostrando una actitud activa para contener las presiones de las huestes devaluacionistas.
Entre las medidas implementadas esta semana se destaca la emisión de una norma del BCRA donde se limita al 30% del patrimonio la tenencia de moneda extranjera de los bancos, y al 10% las posiciones de futuros de moneda extranjera, una medida que los obligará a desprenderse, sólo en febrero, de unos mil millones de dólares. Vale decir que el primero de esos límites se encontraba vigente tiempo atrás, aunque se suspendió en 2005, precisamente cuando se atravesaba una situación de importante ingreso de dólares, que presionaba con fuerza a la apreciación del tipo de cambio nominal, erosionando su competitividad.
A su vez, para reducir la demanda de dólares de empresas y particulares, el BCRA viene apuntando a incrementar las tasas de interés de los depósitos bancarios, dinámica que deberá ser monitoreada de cerca para morigerar los impactos del encarecimiento del crédito. De todas formas, la suba de tasas debe ser encuadrada dentro de la respuesta del Gobierno a una situación de incertidumbre cambiaria, por lo que no sería deseable que se extendiese por un período largo. Mientras tanto, la existencia de mecanismos como la Línea de Crédito para la Inversión Productiva, a bajas tasas, constituye una herramienta de relevancia para que muchas Pymes no se vean perjudicadas por el impacto del mayor costo de fondeo bancario.
Por otra parte, el Gobierno también mantuvo intensas reuniones con las principales empresas del complejo agroexportador, cuyos representantes se comprometieron, en un marco de cosecha récord para este año, a vender entre U$S 27 mil millones y U$S 29 mil millones (U$S 2 mil millones en febrero), un monto que contribuirá a reforzar sustancialmente las reservas internacionales.
El consultor Miguel Bein sostuvo que con la liquidación de la próxima cosecha “se estabilizará el stock de divisas” y ello permitirá afrontar “la demanda de insumos imprescindibles para seguir creciendo, sostener el nivel de empleo y crear nuevos puestos de trabajo”. Para el economista, “el Gobierno creó un puente hasta el mes de abril”, fecha en la que comienza la cosecha gruesa.
En otro plano, distintas voces instalaron el debate acerca de la necesidad de implementar algún mecanismo para la regulación del complejo agrícola, como fuera el caso de la Junta Nacional de Granos. Esta institución fue disuelta a principios de los noventa, y entre sus tareas más importantes estaban las de sostener los precios de los productores y garantizar la liquidación de las divisas.
Según Jorge Capitanich, “existen múltiples iniciativas, desde una asociación de comercialización hasta la revitalización de la Junta Nacional de Granos. Pero ésta antes tenía dentro de su estructura desde puertos hasta sistemas de almacenaje propios, que hoy no los tiene”. En ese sentido, el jefe de Gabinete señaló: “Lo que pretendemos es verificar una metodología que nos permita garantizar el flujo de liquidaciones compatible con el balance de divisas”.
Más allá de la cuestión puntual en torno a la retención de la cosecha, el tema remite a una discusión de fondo que bien vale retomar, y que se vincula a los grados de intervención estatal, a la forma más efectiva de llevar a cabo la regulación, y a la necesidad de ir generando las condiciones para avanzar en la idea que el comercio exterior es un bien de interés público y que, por ello, se requieren políticas concretas para regularlo.
El Gobierno también se ha mostrado decidido a profundizar la investigación de supuestas maniobras de empresas que participan del comercio exterior, denunciadas el martes por el jefe de Gabinete, quien sostuvo que el Gobierno Nacional se encuentra “en un proceso de investigación muy exhaustivo respecto a incumplimientos en las principales empresas” -cercanos a los U$S 6.8 mil millones-, entre las que se incluyen mineras, cerealeras, alimenticias, automotrices y petroleras. En particular, se investigan comportamientos de empresas que efectivamente exportaron pero que no acreditaron el ingreso de las divisas dentro de los plazos legales, mientras que también se habrían observado operaciones de importadores que transfirieron dólares al exterior, sin registrarse el ingreso de bienes a través de la Aduana.
LA ALQUIMIA DE LOS PRECIOS. Como hemos venido sosteniendo, una de las batallas más importantes se libra en torno a la evolución de la inflación, habida cuenta de los constantes intentos de los empresarios más concentrados de trasladar la devaluación a precios. Atento a este hecho, el Gobierno continúa con el análisis de las cadenas de valor, tratando de evaluar los impactos en la estructura de costos y de evitar ajustes injustificados de precios. De hecho, en el marco de los Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio Interior ha labrado diariamente entre 10 y 15 actas de infracción a supermercados y distribuidores. El Gobierno también ha ampliado el alcance de los acuerdos hacia nuevos sectores, como es el caso de la construcción, para retrotraer los valores de los bienes a niveles previos a la devaluación. Por su parte, se acordó una suba del 6% de los combustibles para este mes y se conformó una canasta escolar que incluirá 35 artículos, un anuncio complementario al aumento del 200% en la ayuda escolar anual para los hijos de trabajadores que cobran salario familiar.
El incremento de la ayuda escolar, de la misma manera que ocurre con el uso de herramientas como el Plan Progresar, constituye una señal contraria para quienes insisten con los pedidos de un severo ajuste fiscal. Expresa la voluntad del Gobierno Nacional de seguir impulsando la demanda interna y, en línea con el discurso de Cristina, de continuar con la sintonía fina para darle mayor profundidad a las políticas de equidad.
Cabe resaltar que la existencia de acuerdos como el de Precios Cuidados apunta a contener el aumento injustificado de precios, para minimizar el impacto sobre el poder adquisitivo de la población y mejorar las condiciones para las próximas paritarias, al tiempo de salir al cruce de los sectores empresarios que se benefician durante los procesos más acelerados de remarcación de precios.
A su vez, el análisis integral de la cadena de valor, contenido en el espíritu de mecanismos como el de Precios Cuidados, debe ser aprovechado también desde una perspectiva más estructural, como forma de apuntar al nodo central de la cuestión de los precios, cuya formación se encuentra indefectiblemente incidida por la magnitud de la rentabilidad empresaria. Sin lugar a dudas, esto requiere discutir a fondo nuestra matriz distributiva, un tópico que atraviesa todas las economías del planeta y que, como la experiencia universal demuestra, resulta imprescindible redefinir para hacer posible una verdadera mejora en la distribución del ingreso y la riqueza.
