Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El nuevo ciclo ultraconservador en la Argentina ha comenzado, sustentado en una viscosa mezcla ideológica: el discurso fundacional de Martínez de Hoz, el menemismo de los 90 con su interregno delarruista de fin de siglo, y el neoliberalismo privatizador macrista reciente. El ajuste avanza, cual shock, en primer lugar contra los sectores de ingresos fijos. El objetivo del mentado “ajuste doloroso” es la transferencia de recursos de los humildes y sectores medios a los más ricos. El presidente Milei intenta abrirse paso con el argumento de “la bomba recibida”. Tira cifras de inflación astronómicas para justificar la idea de “la peor herencia económica de la democracia”. Como mantra, el gobierno, sus socios políticos y los medios de comunicación hegemónicos, imponen dos narrativas: “El ajuste es inevitable y legítimo porque la gente lo votó” y “el problema crónico de la Argentina es el déficit fiscal”.
Ambas encuentran sustento en las dificultades de la situación económica nacional, pero presentan deliberadamente una situación previa de zozobra, potenciando artificialmente los datos y el discurso. Sus argumentos van desde asegurar que la inflación sería del 15000%, para luego corregirse “bajándola” al 3600%. La artificiosa vestimenta de fajina de Milei para hablarle a los bahienses azotados por el temporal agrega un dato simbólico en la línea de construcción de una narrativa que presenta una situación de caos y economía de guerra. Ambas están lejos de ser verdad. Si habrá hiperinflación, será porque el gobierno la va generando abiertamente, aunque diga lo contrario. En realidad, no la quieren evitar, sino hacer un dramático ajuste en un cortísimo plazo. Su mejor excusa será el caos de precios, que se desbocaron cuando el gobierno anunció la libertad para remarcar.
El exministro de Finanzas de la gestión de JxC y actual de Economía de LLA, Luis “Toto” Caputo repite el experimento macrista, con la antiquísima “solución” de la ultraderecha ante una crisis. El dogma impone generar más crisis, más pobreza, más hambre (que ahora llaman indigencia) y más deterioro de la clase media. La actual Canciller practicó su propio sinceramiento en el lenguaje: “Los precios bajarán cuando la gente no compre”. Se liberan los precios con la excusa de la “inflación reprimida” junto a una brutal devaluación. En un solo movimiento se licuan los salarios y aumentan las ganancias empresariales, particularmente de los monopolios de la alimentación y del sector agroexportador. El “nuevo ministro”, en realidad, es el responsable de la crisis que dice heredar. Fue artífice determinante en el dañoso proceso de endeudamiento externo que tuvo el país, contraído entre 2016 y 2019. La población ahora se desayuna que “la casta” era ella misma. El ajuste no tocó a ninguna casta, sino al Estado, a los trabajadores formales e informales, a los jubilados, a los profesionales, a los docentes, a diversos estratos de las clases medias, especialmente a las Pymes. Las grandes corporaciones locales y extranjeras son las que nuevamente salen ganando. Para ellos, no hay ajuste. A los ajustados, como siempre en este tipo de modelos neothatcherianos, se les vende la ilusión de un futuro venturoso, pero eso sí: tendrán que atravesar un inmenso y árido desierto.
Mientras tanto, los y las argentinas sufrimos la onda expansiva de la verdadera “bomba”: la de los precios. La libertad de mercado se aplica a rajatabla, y como previmos, los tiburones se están cenando a las sardinas. Las grandes corporaciones desabastecen y remarcan sin control. Nuevamente aplican su variación del principio de Lavoisier: nada se pierde, todo se transfiere.
En su momento, Macri denigraba a las Madres y Abuelas con su patético “el curro de los derechos humanos”. Ahora se suma “el curro de la justicia social”. Esas políticas exigen un nuevo orden. Patricia Bullrich no inventa nada cuando pontifica: “No hay libertad sin orden”, negando la idea de libertad de los fundadores de la Patria, para quienes la Libertad está indisolublemente unida al principio de igualdad. Las oligarquías y dictaduras siempre pretendieron adueñarse del concepto de libertad, mientras se apropiaban de tierras y riquezas, en muchos casos ejerciendo violencia en pos de su propósito.
En este combo, reiteran aquello de “el que las hace, las paga”. Un primitivismo con el que se proponen interpelar a una parte de la población para justificar la represión social contra quienes intenten hacer uso de derechos constitucionales básicos, como el derecho a peticionar, a la libertad de expresión, a sindicalizarse, etc. No hay nada de humanismo, ni de progresismo en esa línea, sino puro autoritarismo, con el propósito de criminalizar la protesta social.
Sin embargo, hay algunos muy felices que paradójicamente son los mismos de siempre. Uno de ellos es Paolo Rocca, CEO de Techint, que ligó el premio mayor: YPF. El dueño de la empresa más grande del país, quien junto a Magnetto de Clarín dirige ideológicamente la UIA, decidió manifestar su apoyo al Presidente: “Las oportunidades son inmensas”, aunque no dijo para quién. Para completarla, reclamó contención social, que no es otra cosa que represión.
Junto al ajuste doloroso despliegan sus artificios culturales con el propósito de que la sociedad se allane a esa política. Desde la oposición de Unión por la Patria se debe retomar la batalla cultural sobre la defensa de los derechos sociales y culturales, y la importancia del Estado, junto a la idea de la solidaridad como factor determinante de la vida en común y de todo propósito del conjunto colectivo que constituye una Nación. El sistema democrático determina el respeto a las mayorías como así también a las minorías. Los 11,5 millones de ciudadanos que votaron a UxP fueron interpelados por una militancia comprometida, conformándose así un valiosísimo capital político que irá imaginando y organizando iniciativas en pos de la lucha por el ideario de solidaridad, justicia social y progreso.
