Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El macrismo se presentó como quien venía a sustituir al conflicto por el diálogo. Pero terminó recurriendo a la represión.
La relación entre el capital y el trabajo o entre los grandes empresarios y los trabajadores es, necesariamente, una relación conflictiva. Hay intereses enfrentados. Hay una disputa por los ingresos. Por eso, allí intervienen los gobiernos para mediar en esa relación. El objetivo de los proyectos neoliberales --y el macrismo no es una excepción-- es dejar a los grandes empresarios y a los trabajadores enfrentados en un ring donde se impone un fuerte desequilibrio de fuerzas en beneficio de los primeros. Para ello, suspenden paritarias, cuestionan como mafiosos a los abogados laboralistas, impulsan reformas laborales y diseñan e imponen medidas económicas que favorecen al polo más fuerte en relación con el más débil.
Las políticas económicas siempre son mecanismos de transferencia de ingresos. Toda medida beneficia a algunos y perjudica a otros. Por eso, todas las decisiones económicas son políticas: lo sabemos mirando a quiénes benefician. O la medida sirve para seguir sacándole a los que menos tienen y transfiriendo a los que más tienen o a la inversa.
Cuando se le sacan las retenciones al sector agropecuario y minero y las paritarias cierran por debajo de la inflación, se está produciendo una transferencia de ingresos en favor de los que más tienen.
En nuestro país, 106 familias concentran casi el 10% de la riqueza privada. Son aquellas que tienen más de 100 millones de dólares en activos líquidos (sin contar propiedades). Por otro lado, hay unas 45.000 familias que cuentan con más de 1 millón de dólares. En paralelo, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la pobreza afecta a uno de cada tres habitantes del territorio nacional, un porcentaje que se agrava en la franja que va de 13 a 17 años. Según Florence Bauer, representante de Unicef en Argentina, “la pobreza alcanza a uno de cada tres adolescentes en el sur” del territorio nacional, “pero afecta a uno de cada dos en el NEA (Noreste argentino), Cuyo y Centro”.
Según la Universidad Católica Argentina hay 600.000 nuevos indigentes en Argentina comparando el III Trimestre de 2016 con la situación registrada en el último trimestre de 2015. Si bien he sostenido que el nivel de estos cálculos resulta elevado, la comparación entre períodos resulta aceptable. Ese aumento hizo que --durante los primeros 9 meses del gobierno de Mauricio Macri-- la población en situación de indigencia alcanzara al 6,9%, pasando de 2,1 millones, a fines de 2015, a 2,7 millones de personas a fines de septiembre de 2016.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las tarifas eléctricas residenciales aumentaron entre el 60% al 150% en lo que va de 2017; el gas se abona en mayo de 2017 un 600% más que en el invierno de 2016. El impuesto sobre Alumbrado, Barrido y Limpieza se incrementó un 40% en el mismo período. En aquellos edificios donde el agua se factura por unidad, el incremento en 2016 fue de 375%. A este porcentaje se sumó en febrero de 2017 un 20% más, sólo para dar algunos ejemplos.
Y eso que estamos, en la actualidad, en medio de un ajuste ralentizando porque hay elecciones próximas, pero ese ajuste se va a acelerar y generalizar después de octubre, sobre todo si el gobierno sale victorioso.
Y cuando hay ajuste, junto a él, suele venir la represión. Una cosa acompaña a la otra. En el orden neoliberal el trabajador es una necesidad y una dificultad. Por un lado, se lo necesita para que produzca pero, por otro lado, no se lo requiere todo el tiempo– entonces, se lo despide o se lo suspende – o se lo demanda más tiempo por el mismo salario --entonces, se extiende la jornada laboral, como en Brasil-- o se le bajan los salarios directos e indirectos y, entonces, no alcanza un nivel de vida aceptable. Cuando hay ajuste se redefine la situación de los trabajadores: son despedidos o suspendidos o sus salarios y condiciones de trabajo se deterioran. Muchos trabajadores lo aceptan o se resignan pero otros se organizan, discuten y confrontan. Es allí cuando el Estado neoliberal se pone del lado de los grandes empresarios y utiliza la represión para desactivar las resistencias: acompaña y da viabilidad a las medidas de los grandes gerentes de empresas para alcanzar la optimización de las ganancias.
El ajuste es estructural en cualquier plan neoliberal: es un instrumento para la producción de confianza en los inversores. Es también un medio para contribuir a que tomen la decisión de invertir: hay que bajar el costo laboral, hay que impulsar la reforma laboral y hay que reducir impuestos para que las ganancias aumenten.
El gobierno de Mauricio Macri es funcional al establishment. Cuando decimos que este es el gobierno de los ricos no es un eufemismo, porque este es el gobierno que ha puesto en los principales lugares del gobierno a los ejecutivos de las principales empresas con el objeto de crear las condiciones legales que favorezcan sus negocios. Cuando hablan de reforma laboral y de bajar el costo laboral, le están diciendo a la gente que le van a bajar el salario, y el salario no es sólo el del bolsillo, porque si imponen, por ejemplo, que la indemnización la tiene que pagar el trabajador con un seguro, también le están bajando el salario. Si le dicen que el sistema de ART lo va a proteger menos, también le están reduciendo sus ingresos.
El macrismo quiere ganar las elecciones en octubre para acelerar este proceso de transferencia de ingresos desde los que menos tienen a los que más tienen. Intenta seducir a inversores aún a costa de profundizar el ajuste a umbrales no tolerables para los trabajadores, los jubilados, las pequeñas y medianas empresas y los consumidores en general. Está decidido a hacerlo. Es el único camino que se propone y es el único camino que conoce. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de convencer a la ciudadanía de que hay otra idea de país. Un país donde la transferencia de ingresos favorezca a los sectores populares.
