Contraeditorial | Opinión
Por Carlos Heller
La supuesta “pesada herencia recibida”, en alusión a la gestión kirchnerista, ha sido el principal argumento del gobierno para justificar los negativos efectos del actual esquema económico. Más aún, se ha convertido en el caballito de batalla de la campaña electoral de Cambiemos para las elecciones de medio término.
Sin embargo, no les resulta fácil a los actuales funcionarios y analistas del establishment sostener el discurso de la pesada herencia. Por eso recurren a frases del tipo: “si nosotros no hubiéramos asumido, el país se hubiera incendiado”, y otras expresiones por el estilo. Sabido es que esta construcción retórica es una falacia, un razonamiento sin sostén.
El mensaje oficial se estructura sobre la apelación al ciudadano común: usted fue mejorando su situación año a año durante el kirchnerismo, pero eso era una ilusión, era insustentable. Ahora, con Cambiemos en el gobierno, sus funcionarios plantean: usted aún no se siente mejor que antes (implícito reconocimiento de que se está peor), aunque le estamos ofreciendo un futuro prometedor.
La ayuda de los medios concentrados, empujando día tras día con esta idea de la “pesada herencia”, es esencial. El “círculo rojo” sabe que se requiere un cambio cultural para sostener el modelo neoliberal, de allí que intentan por todos los medios cambiar la historia, convertir una positiva herencia en una pesada herencia.
Lo cierto es que recibieron un país en buenas condiciones, tanto desde lo económico como desde lo social. Basta leer los diversos informes del gobierno macrista para los inversores externos, cautelosamente ninguneados por los medios corporativos.
En “Tierra de oportunidades” (abril 2016, cuando se buscaba colocar los bonos para pagar a los fondos buitre) el gobierno reconocía las fortalezas de las principales variables. Desde “el primer lugar en el Índice Latinoamericano de Desarrollo Humano, así como también el primer lugar en el Índice de Educación (98% de alfabetismo)”; el segundo PIB per cápita más alto” y “el menor coeficiente de Gini” de la región; hasta la desocupación de “menos del 6%”.
En lo estructural, habla de los “sistemas altamente desarrollados de tramos ferroviarios y rutas”, así como “altos niveles de conectividad” en internet.
También de la muy baja relación deuda/PIB: 13%, versus casi el 60% en el resto de Latinoamérica (se refiere a la deuda del Gobierno Nacional con el sector privado). Desafortunadamente, algunas variables de las aquí expresadas, han empeorado posteriormente, como la desocupación y la relación Deuda/PIB, como veremos más adelante.
Otro informe más reciente, el prospecto del bono a cien años, también deja en evidencia los sólidos indicadores del gobierno anterior. Quizá el dato más importante es el déficit fiscal primario del 2015, que se ubicó en el 1.8% del PIB, muy lejos del 7% que proyectó Alfonso Prat Gay apenas nombrado ministro de Hacienda, utilizando técnicas de “contabilidad creativa”. Un número del que siguieron abusando por muchos meses más, en forma inconcebible, reconocidos economistas del establishment: otra ramificación de la batalla cultural. El 1.8% de déficit es una cifra muy moderada comparada con los estándares internacionales, y con las proyecciones del Gobierno Nacional para el actual año, que se ubican en el 4.2% del PIB, un valor largamente superado por las estimaciones de los analistas.
El prospecto también reconoce un crecimiento del 2.6% del PIB en 2015 (y la caída del 2.3% al año siguiente).
Saliendo de estos dos informes, hay un dato significativo, que es el nivel de cobertura jubilatoria: el 96.6% de los adultos mayores reciben un ingreso jubilatorio.
Tales logros fueron el resultado de las amplias moratorias implementadas en los años anteriores, así como de la ley de actualización de haberes previsionales de 2008, dimensión indubitable de la positiva herencia recibida.
Estos datos no son casuales: son el resultado de un modelo que privilegió el consumo popular y por ende el mercado interno. Tal decisión, mediada por la activa participación del Estado en la redistribución del ingreso. Con un fuerte vínculo con los gobiernos progresistas de Latinoamérica y el resto de los países en desarrollo.
La dura realidad
La comparación entre los datos de la anterior gestión y del actual gobierno, debería ser una gimnasia constante para los analistas.
La tasa de desocupación es hoy mucho más elevada que en 2015, con un 9.2% para el primer trimestre de 2017 (último dato publicado) y un 11.8% para el Gran Buenos Aires.
El gobierno insiste en que la alta desocupación se origina en los altos costos laborales. En toda oportunidad que se presenta, tanto el gobierno, como los representantes de los grandes grupos económicos, proponen al menos tres cambios principales: rebajar los aportes patronales, flexibilizar las condiciones de contratación y despido, y discutir las paritarias por empresa. De lograrse estos objetivos, se obtendrá una fuerte degradación de las condiciones laborales, una gran depreciación del salario sin aumentar la demanda de empleo. Ya lo vivimos en los noventa.
La apertura importadora es un arma de doble filo. Favorece las importaciones y no mejora las exportaciones. En los primeros siete meses de 2017, las exportaciones aumentaron un 1.4%, mientras que las importaciones subieron un 15.4%. Este comportamiento determinó un déficit comercial de U$S 3.428 millones, todo un récord. Las principales perjudicadas de la avalancha importadora serán las pymes -y sus trabajadores-, que no pueden competir con el dumping industrial que proviene del exterior.
En el plano financiero, la total liberación de los flujos de capitales externos, lleva al ya conocido sistema de revalorización financiera: grandes ganancias para los inversores que participan de las operaciones que brindan altos retornos en dólares (la conocida bicicleta financiera). Esto repercute negativamente en la producción, porque desincentiva la inversión productiva y aumenta el costo del crédito productivo.
En este sistema de valorización financiera, la deuda pública, en especial la colocada en divisas, es una herramienta privilegiada. Los datos también lo evidencian: La deuda externa del Gobierno Nacional con el sector privado alcanzó al 21% en 2016 y se estima que crecerá al 23% en 2017.
Estas grandes líneas de acción ya las vivimos en la dictadura cívico militar y en los noventa: y sabemos a dónde nos llevan.
Un tema esencial en el análisis de la gestión de Macri es la cuestión de la supuesta “gradualidad”. Puede decirse que tal “gradualidad” es un mito, dado que ya se aplicaron severas medidas de ajuste, como la devaluación de diciembre de 2015, los tarifazos, el aumento de salarios por debajo de la inflación en 2016, con la consiguiente pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población. Entre otras tantas medidas lesivas, la quita de las pensiones a los discapacitados y a los estudiantes, y la eliminación de gran cantidad de beneficios a los jubilados. Un ajuste que se estima insuficiente, de allí el adjetivo de gradual. Y que se intentará acentuar significativamente luego de las elecciones de medio término de octubre de 2017, tal como lo han venido insinuando los distintos funcionarios del propio gobierno.
El efecto no puede ser mejor descripto que con las palabras del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien sostuvo: Creemos que Macri no está apurándose con las reformas porque está protegiendo a los pobres”. Esta frase indica claramente que las reformas estructurales impulsadas y esperadas generarán un fuerte impacto negativo en la sociedad, en especial sobre la población de menores recursos. Este será el resultado de la profundización del modelo aplicado por el macrismo. La elección de octubre es una excelente oportunidad para ponerle un freno al proyecto de sociedad que encarna Cambiemos. Optando por el rechazo al modelo, y con la mirada puesta en aquellos candidatos y espacios políticos que finalmente respetarán los compromisos asumidos.
