09/08/2012 Tiempo Argentino - Nota
Juan Carlos Junio | Dip. Frente Nuevo Encuentro
La declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana SA (ex Ciccone) avanza en la dirección correcta, ya que, como expresa el proyecto de ley, permite “continuar recuperando para el Estado capacidades que son estrictamente de su competencia indelegable e insustituible”. Al tratarse de la emisión de moneda legal, esa competencia es indiscutible.
Esta decisión se ubica en un clima de época a partir del cual el gobierno ha ido tomando decisiones estructurales sobre temas altamente sensibles, que eran manejados por empresas privadas de manera ineficiente.
En estas empresas la generación de lucro competía con los servicios y productos que debían producir y con los intereses de la sociedad que era destinataria de esa producción. En muchos casos, la voracidad rentística y la despreocupación del capital extranjero que las dirigía, llevó a perjudicar severamente los activos de las compañías. Podemos citar entre los procesos de recuperación más relevantes, cada uno de los cuales ha tenido sus características específicas, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral y la expropiación del 51% del capital de Repsol en YPF. Estas acciones parten de una decisión de recuperación del papel del Estado en la economía, pero también son tributarias de la herencia neoliberal de desregulación y privatización .
Perfeccionando este camino desde las definiciones legales, el Congreso Nacional ha sancionado recientemente leyes que adjudican el interés público tanto a la producción de papel de diario como a la actividad hidrocarburífera.
La empresa Sociedad de Valores Sudamericana viene pasando por varias crisis, actualmente está concursada, y es el único establecimiento, lo reconoce el proyecto de ley de expropiación, con “capacidad técnica suficiente para el proceso de impresión de billetes imprescindible para la circulación monetaria”.
Al expropiarla y pasar sus activos y personal a la Sociedad del Estado Casa de Moneda, se dota a esta institución pública de los medios para asumir plenamente la producción de moneda.
A partir de la existencia de este proyecto de expropiación, la intervención del Estado nacional a la empresa resulta esencial para proteger sus activos, patrimonio y personal durante el tiempo que insuma el trámite de aprobación del proyecto de ley, que cuenta con elevadas posibilidades de ser sancionado. En reconocimiento de esta situación el Poder Ejecutivo ha emitido el Decreto de Necesidad y Urgencia 1338/12 para legalizar la intervención.
La participación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, de sancionarse el proyecto, permitirá establecer con claridad el valor de los bienes sujetos a expropiación y el monto que eventualmente hubiera que pagar, que se compensaría con la deuda que la entidad registra ante la AFIP.
El texto del proyecto también reconoce que existen en el Congreso diferentes iniciativas de expropiación, y que son contestes con el que presenta el Ejecutivo, de la misma forma que, atento a la existencia de actuaciones judiciales en trámite, informa del contenido de las medidas al juzgado correspondiente.
Resta saludar esta decisión del Poder Ejecutivo, que acompañaremos desde nuestro puesto de legisladores nacionales, porque coincide con nuestros ideales de dotar al Estado de una importante participación en las actividades económicas que son definitorias para incrementar la soberanía nacional, tanto desde el punto de vista de la administración del sistema de Seguridad Social, como del transporte aéreo, las actividades hidrocarburíferas o, como el caso que nos ocupa, la producción de moneda. Son todas decisiones que ayudan a profundizar el modelo de desarrollo con distribución del ingreso que venimos promoviendo.
