El Cohete a la Luna | Opinión
Por Carlos Heller
Al cierre de esta nota se esperaba la presentación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley para aprobar el “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional”. Se trata de un nuevo programa de Facilidades Extendidas que reemplaza al plan Stand By acordado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. El proyecto incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el entendimiento. Es la primera vez que un acuerdo con el FMI será debatido en el Congreso de la Nación y con el aporte de diversos actores políticos, económicos y sociales.
Pero hemos llegado a este punto luego de recorrer un largo camino. Hay mucho pasado que es necesario rememorar para poder explicar el presente.
Juntos por el Cambio, tras sus cuatro años de gobierno, dejó al país al borde del precipicio. La deuda que contrajo con el Fondo Monetario Internacional fue de 57 mil millones de dólares (de los cuales el Fondo llegó a desembolsar casi 45 mil millones) con plazos de devolución concentrados en 2022 y 2023. Según esos vencimientos, deberíamos pagar al organismo internacional algo más de 39 mil millones de dólares entre este año y el siguiente.
“El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable”, afirmó el Presidente, Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias 2022.
No es el único que lo dice. El Financial Times, una publicación vinculada al establishment financiero internacional, ha sostenido recientemente: “las raíces de la última crisis son profundas. El gobierno peronista heredó un desastre cuando asumió en 2019. La economía estaba sumida en la recesión y la montaña de deuda externa acumulada por el anterior presidente, Mauricio Macri, era impagable”.
El mismo periódico agrega que el acuerdo al que la Argentina llegó con el FMI necesita “condiciones más estrictas”. Un reconocimiento de que el país logró defender sus intereses en la negociación con el organismo internacional.
Durante la gestión de Macri, además, cerraron 25 mil empresas PyME y, entre otros flagelos, cayeron de modo sostenido el empleo, el salario real y las jubilaciones.
No se puede borrar la historia
El macrismo produjo la crisis y, al mismo tiempo, intenta borrar la historia de esa crisis. Pero no hay presente sin pasado: no se puede explicar cómo llegamos a la actual negociación con el Fondo si no analizamos de dónde venimos. Ellos “abrieron” la economía, le pagaron a los fondos buitre según lo que estos demandaban e iniciaron un sideral proceso de endeudamiento. A los fondos buitre les abonaron 9.300 millones de dólares emitiendo deuda y, junto a esta emisión, iniciaron la apertura del mercado para que los capitales golondrina entraran al país, acumularan ganancias y luego se fueran. Cuando el endeudamiento alcanzó un límite y se acabaron los préstamos, acudieron al FMI y se endeudaron en los casi 45 mil millones de dólares que el organismo de crédito llegó a desembolsar.
Es en este marco que, apenas asumido, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sancionó la Ley 27541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La misma establecía “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”. En total, nueve emergencias. Entre estas, la financiera sostenía que se debían “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, la que deberá ser compatible con la recuperación de la economía productiva y con la mejora de los indicadores sociales básicos”.
Pero eso no fue todo: tras la crisis neoliberal, llegaría la crisis sanitaria, con sus terribles consecuencias económicas, sociales y psicológicas. Nacía la superposición de lo que hemos llamado las dos pandemias, la generada por las políticas económicas del gobierno de Juntos por el Cambio y la producida por la circulación global del virus. En ese escenario hay que analizar al gobierno actual, a sus políticas y, dentro de ellas, a las negociaciones con el FMI.
Por supuesto: no hay mucho para festejar. Ningún acuerdo con el Fondo es bueno. Pero en una situación que no tenía salida, se encontró un sendero por donde transitar. Además, según la información disponible, el entendimiento al que se llegó con el organismo multilateral de crédito no contiene sus históricas recetas ortodoxas.
No hay en el acuerdo referencias a una reforma laboral, ni a privatizaciones, ni a la modificación del sistema previsional, ni otros condicionamientos similares. Lo acordado tampoco parece interferir con el proceso de recuperación económica del país ni con el modelo de crecimiento con inclusión que propone el gobierno del Frente de Todos. Incluso, habría incrementos en la inversión en Infraestructura, en Ciencia y Tecnología y en la protección de los programas sociales.
El gobierno no está negociando un nuevo préstamo del FMI sino que está refinanciando un crédito tomado con anterioridad, que resulta impagable por los montos y por los plazos de devolución.
El entendimiento con el organismo de crédito establece la refinanciación de todos los desembolsos recibidos por el gobierno de Macri, tanto los que se adeudan como los que ya se cancelaron. Para cada uno de esos desembolsos se establece un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia. Es decir: hasta el segundo semestre de 2026 la Argentina no tiene que disponer de un solo dólar para cancelar deuda con el FMI. Ese periodo de gracia es estratégico: es un tiempo que ganamos para transitar un camino de crecimiento con distribución del ingreso e inclusión social que haga sustentable el modelo de país que se les propuso a los argentinos y a las argentinas en la campaña presidencial de 2019.
En el mismo sentido, la meta de déficit fiscal primario establecida en el entendimiento sería del 2,5% en 2022, una baja de medio punto porcentual respecto al resultado de 2021. Esa meta es posible de alcanzar sin afectar el gasto en el marco de una economía en crecimiento, a la que hay que sumar las mejoras a realizar en la administración tributaria incorporando políticas contra la evasión o la elusión impositiva y más modificaciones progresivas en impuestos que gravan las grandes rentas y los grandes patrimonios.
Un reciente informe de la CEPAL afirma que la evasión en América Latina y el Caribe llega a 325 mil millones de dólares, el equivalente al 6,1% del PIB de la región. En el mismo trabajo la entidad sostiene la necesidad de “consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital y correctivos, como los ambientales y relacionados con problemas de salud pública, y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables”.
El ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, en su reciente disertación ante ministros del G20, se refirió al incumplimiento impositivo: “Argentina se mantiene abocada a buscar soluciones a las injusticias históricas de la elusión y evasión tributaria de las grandes corporaciones multinacionales (…) Una solución adecuada a la problemática de la elusión y evasión tributaria permitirá construir una economía global más inclusiva, dinámica y sostenible”.
El déficit y sus cuatro vertientes
Las principales oposiciones políticas, mediáticas y económicas en nuestro país tratan de minimizar el tema de la deuda y aseguran que es el déficit fiscal el problema central del que hay que ocuparse. Pero, ¿qué es el déficit fiscal? Es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Hay cuatro maneras de resolverlo: tomando deuda, emitiendo, aumentando los ingresos o recortando los gastos. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que queremos resolver el problema sin ajuste y que no podemos tomar deuda externa porque no la creemos una alternativa y porque, además, no tendríamos quien nos preste. Nos queda, como principal opción, aumentar los ingresos.
Un equipo del FMI, encabezado por Julie Kozack, Directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina, expresó en un comunicado: “Igualmente importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas. Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario”.
En este contexto, algún sector de la oposición asegura que va a apoyar el acuerdo con el FMI si no se crean nuevos impuestos ni se suben alícuotas de los impuestos existentes. Pero no es posible achicar el déficit sin aumentar los ingresos o sin recortar los gastos. Entonces, cuando no proponen medidas contra la evasión o elusión y se oponen a la progresividad impositiva, ¿qué es lo que están impulsando implícitamente? Recortar los gastos, es decir, ajustar. Lo mismo dicen cuando insisten con que el gobierno “no tiene un plan”. Está claro: lo que en realidad están afirmando es que el gobierno no tiene un plan de ajuste.
Hemos recorrido un largo camino. Ya no estamos ante el abismo. El acuerdo ha abierto un sendero por donde se puede transitar no sin dificultades. Estamos saliendo de las crisis y vamos hacia un modelo de país en crecimiento y con la gente adentro.
