Minuto Uno | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Tras las elecciones quedó claro que el gobierno no viene a terminar con la inflación ni a reducir el déficit fiscal. Viene a apropiarse de los ingresos de los trabajadores y la clase media a favor de las grandes empresas.
"No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla". La frase fue pronunciada por el presidente Mauricio Macri el pasado 1° de enero. Tres días después, se anunciaba en el Boletín Oficial la autorización para tomar deuda por 30.000 millones de dólares, que se intentará tomar en mayor medida en pesos, y el resto en dólares. Pero el tema fue exprimido para sacarle más jugo aún: se festejó la tasa del 6,95% como "la más baja de la historia". Este artilugio publicitario seguramente lo realizaron confiados en que nadie reparará en nuestra historia. Se trata de una tasa superior a aquella tristemente célebre del primer empréstito de la Baring Brothers, que fue del 6%. Hecha la aclaración histórica, queda señalar lo obvio: la palabra presidencial duró sólo tres días.
Es sabido que el actual Gobierno goza de una protección mediática sin precedentes, que le permite presentar las malas noticias como buenas: aquello de transformar el error en virtud. Quizás el primer caso de puesta en práctica de ese sofisma fue la devaluación y el ajuste de Alfonso Prat-Gay, al que bautizaron amablemente "sinceramiento"; aunque luego se desató una brutal demarcación de precios.
Así se entiende que el anuncio del tarifazo en el transporte haya sido presentado como una reducción de la tarifa. Claro que para eso, la corporación mediática repitió hasta el hartazgo simulaciones con combinaciones estrambóticas para mostrar cómo un incremento de la tarifa de casi 70% puede llevar a que un ciudadano pague menos que antes. Es cierto que el sistema multimodal es una modernización útil, pero fue utilizada como distracción para disfrazar el tarifazo. La gran mayoría de los usuarios no toma tres medios de locomoción (solo el 20% lo hace). Y si hablamos de los porteños, la quimera de los tres tristes transportes se diluye. Lo que más tomamos es subte, y es lo que más aumentó. Está claro que en este caso ni siquiera se puede decir: "todo bien, porque subió pero bajó".
Las grandes protestas callejeras de fin de diciembre, hermanadas con las calles de marzo, contribuyeron a que se corran las brumas y se pueda ver más claramente que el modelo va profundizando su rumbo. Ahora se desnuda que el gobierno no ha venido a terminar con la inflación y a reducir el déficit fiscal como dice. En la realidad, en estos dos años tras ese discurso se justificó el avance hacia sus verdaderos objetivos: la apropiación de ingresos de los trabajadores y las clases medias; a favor de grandes empresarios y millonarios diversos que encarnan, vía baja de salarios, jubilaciones y subsidios. ¿Cómo interpretar sino la conferencia de prensa del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cuando la plana mayor a cargo de economía y finanzas de la Nación anunció que se subiría la meta de inflación? Justo al día siguiente el dólar salió de su letargo. Es decir que en realidad estaban anunciando una devaluación. Y, simultáneamente, hacen todo para que la inflación suba, o sea los precios que pagamos todos los ciudadanos.
Ahora los aumentos de los combustibles tomarán nota del nuevo valor del dólar, y el costo de transporte quedará de nuevo desfasado. A ello se suman los calendarios de tarifazos ya anunciados en los servicios públicos, las prepagas, celulares, y peajes. También es dudoso hasta dónde les interesa realmente bajar el déficit fiscal. Si fuera así, hubieran cerrado todas las canillas del erario público. Sin embargo, lo que hacen es cerrar algunas y abrir otras. Hay una ingeniería presupuestaria, por la cual deciden a qué sector de la sociedad beneficiar y a cuál perjudicar. Se anunció una nueva quita gradual de retenciones a la soja que reclamaba la Sociedad Rural Argentina, pero redujeron casi a la extinción el reintegro de los 300 pesos de IVA a los jubilados que compraban con tarjeta; y elevaron de 200 dólares a 500 dólares el monto de mercancía libre de impuestos que pueden entrar al país los argentinos que vienen del exterior.
Tampoco importa reducir el déficit externo: el año que acaba de terminar marcó el más grande en un siglo, mientras el supuesto aliado, Estados Unidos, ratificó el arancel prohibitivo al biodiésel argentino. ¿Saben por qué lo hacen? Ellos lo dicen: "no permitiremos que nuestra industria salga perjudicada". Mientras aquí nos abrimos cada vez más perjudicando a nuestra industria nacional.
En suma, 2018 será un año en que el gobierno intentará aplicar a rajatabla su plan de desmonte del Estado y transferencia de ingresos. Y claro, seguramente chocará con el rechazo de los ajustados: la gran mayoría de los ciudadanos.
