Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto de modificación del Presupuesto para lo que resta del año, enviado por el Poder Ejecutivo, genera distintos reclamos (la mayoría, entendibles) de una amplia cantidad de sectores, como es habitual en cada presentación del Presupuesto, gobierne quien gobierne. Pero la solicitud de ampliación actual, indispensable para abordar en los próximos meses los gastos esenciales que requiere la pandemia del covid-19, como el IFE y el ATP, entre otros, genera debates en algunas situaciones puntuales.
Una de ellas es la autorización solicitada al Congreso para licitar títulos públicos en moneda extranjera por u$s 1.500 millones, a suscribir con otros títulos públicos emitidos en pesos. Sin embargo, quienes plantean que esta dolarización es inaceptable, no tienen en cuenta que el Gobierno ha canjeado mediante licitación, en lo que va de este año, títulos en dólares por títulos en pesos, (es decir, han desdolarizado deuda) por un total de u$s 7.839 millones.
Muchas de las críticas provienen de aquellos que han apoyado activamente al Gobierno anterior, validando la toma de deuda con el FMI, que además de las condicionalidades instaladas, preveía una concentración de pagos por unos u$s 42.000 millones entre 2022 y 2033, montos impensables de poder ser abordados por nuestro país. O que han refrendado un fuerte endeudamiento en dólares, con una elevadísima concentración de vencimientos en 2020, cuyo pago implicaría colocarle a nuestro país “un cartel de remate”.
Ante esta situación, es conveniente mostrar algunos datos.
Desde que asumió este Gobierno, y como resultado de la agenda de normalización del mercado de la deuda pública en pesos, se ha venido trabajando para reducir el importe y la concentración de vencimientos existentes para 2020, accediendo a un mayor financiamiento diferido en el tiempo. En el primer trimestre del año se logró refinanciar el 61% de las deudas en pesos, mientras que durante el segundo trimestre hubo colocaciones en pesos que superaron el 100% de los vencimientos.
Me atrevo a decir, todo un éxito.
La estrategia cuestionada consiste en hacer licitaciones programadas para que titulares de bonos en pesos puedan suscribir instrumentos en moneda extranjera. Es una operación abierta para todos los propietarios de títulos en pesos.
Se busca la posibilidad de crear un mercado en dólares de inversores que hoy tienen colocaciones en pesos. La necesidad de contar con esta herramienta responde a que actualmente existen tenedores de títulos en pesos que han ingresado en el período de la especulación financiera con las Lebac, donde, por ejemplo, en la última colocación que se hizo, se ofrecía una tasa de 73,55% anual (a 73 días) y 67,95% anual (a 303 días). Intereses claramente incompatibles con un proyecto de desarrollo.
Varios de estos fondos, la mayoría del exterior, fueron atraídos por estas elevadísimas tasas, una parte quedó con activos denominados en pesos en el momento que el gobierno anterior decidió “reperfilar” la deuda en moneda nacional. Cuando venzan esos títulos, querrán huir al dólar.
Pero la estrategia, no explicitada, aunque muy clara, es que el país tenga la posibilidad de encontrar una solución a este problema. Que estos bonistas que entraron a hacer operaciones de “carry trade”, que quedaron atrapados en el reperfilamiento, y que actualmente podrían ejercer una presión sobre el mercado de cambios y en la cotización del Contado con Liquidación, puedan alcanzar una solución razonable con el Estado nacional. Se les ofrece que vuelvan a tener un título dolarizado, con vencimiento entre los años 2025 y 2030 y a una baja tasa: una oferta que implica que el Estado no tendrá, por estas operaciones, desembolsos hasta 2025.
De manera que lo que a primera vista parece una contradicción, en realidad debe entenderse como una gestión tendiente a normalizar una anormalidad preexistente, que fue la existencia de esos bonistas que no eran inversores genuinos, sino que venían a obtener ganancias extraordinarias en un contexto de descontrolada especulación financiera.